QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la enmienda de totalidad registrada por Vox al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, permitiendo así el avance de una iniciativa que se ha erigido como prioridad para el Gobierno y que, entre otras cosas, prohibirá que los menores de 16 años puedan registrarse en redes sociales. La bancada de Santiago Abascal se ha quedado sola (33), mientras que el PP se ha abstenido (137) y el resto de grupos se han opuesto (178).
El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha lamentado que Vox desoiga la voz de los expertos y aboguen por “dejar a nuestros menores desprotegidos”. “Existe un problema en la relación de nuestros menores con los medios tecnológicos. Hay riesgos. Este es un proyecto sólido y pionero”, ha argumentado en defensa de la iniciativa.
La diputada de Vox Blanca Armario, por el contrario, ha afirmado que la propuesta tiene “tufo a control político de internet”. En sintonía, el diputado del Partido Popular Juan Luis Pedreño, ha acusado al Ejecutivo de únicamente plantear propuestas para proteger a los menores en entornos digitales como cortina de humo para evitar hablar de las presuntas tramas de corrupción que le salpican.
PNV y ERC han manifestado su voluntad de profundizar en los contenidos durante la fase de enmiendas y han reclamado poder hacer “política” en temas tan sensibles e importantes.
El propósito de la norma es garantizar los derechos de los jóvenes en el ámbito digital, especialmente en lo que respecta al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.
Para ello, el Ministerio de Justicia propone, entre otras cosas, prohibir a menores de 16 años registrarse en redes sociales, tal y como figura en la Disposición final sexta del proyecto de ley, que modifica la Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
¿Cómo evitar que los menores de 16 años accedan a las redes sociales? La ley introduce una suerte de pin parental, de manera que solo los mayores de 16 años podrán dar el consentimiento para que cualquier red social pueda tratar sus datos personales. Únicamente los padres o los titulares de la patria potestad o tutela pueden dar el visto bueno.
Otra de las novedades es la prohibición de las cajas botín (loot boxes) de videojuegos para menores de edad. Los loot boxes son mecanismos aleatorios de recompensa similares a juegos de azar, lo que puede suponer un riesgo para las personas vulnerables, con especial atención a los jóvenes a quienes van dirigidas y que son los principales consumidores de estos productos y servicios.
Se modificaría también el Código Penal para sancionar la vulneración de derechos que puedan producirse en este entorno, como por ejemplo, la difusión de imágenes generadas por Inteligencia Artificial, imponiendo obligaciones a grandes operadores e influencers.
De hecho, para garantizar la protección de los menores en entornos digitales, las autoridades competentes podrán solicitar mediante autorización judicial la interrupción de servicios o retirada de contenidos que atenten contra la protección de la juventud y la infancia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá instar al cese de actividad de plataformas de intercambio de vídeos o a un servicio de comunicación audiovisual a petición con contenido para adultos que no incluya sistemas eficaces de verificación de edad.
De prosperar, la ley modificaría el marco legal para tipificar como delitos los deepfakes pornográficos y regularía el alejamiento online. También introduciría el denominado grooming (engaño online a menores) como circunstancia agravante en diferentes delitos contra la libertad sexual de menores y se reforzaría la tipificación de la difusión de material pornográfico a los niños y niñas.
Deepfakes
Los deepfakes son vídeos hiperrealistas que simulan la realidad tanto a nivel visual como auditivo de tal manera que consiguen generar falsas imágenes y/o voces de personas. Según la compañía de investigación Sensity AI, entre el 90% y el 95% de ellos están relacionados con la pornografía, afectando fundamentalmente a mujeres, lo que a su vez, aumenta el riesgo a casos de acoso y otras formas de violencia de género.
El proyecto también promueve la formación de alumnos y profesores para un uso seguro y responsable de las tecnologías digitales y para la detección de riesgos; y se invita a los centros educativos a regular el uso de dispositivos móviles y digitales en las aulas y durante el horario escolar.
Se establecen medidas en el ámbito sanitario para prevenir problemas de salud derivados del uso inadecuado de las tecnologías, como problemas de salud mental, adicciones sin sustancia y trastornos del sueño.
El proyecto reivindica que el fin último no es limitar o prohibir según qué entornos digitales, de hecho, se reconocen los derechos de los menores de edad a este tipo de ecosistemas. El propósito es protegerles eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo y poner coto a riesgos asociados.
