El Diario de Sesiones del 23 de febrero de 1981 concluye de forma abrupta en los siguientes términos: «Sonando ráfagas de metralleta, queda interrumpida la sesión». El Pleno tenía previsto investir a Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno pero la entrada del teniente coronel Antonio Tejero lo impidió.
Se cumplen 43 años del intento del golpe de Estado, todavía muy presente en el hemiciclo por el rastro que dejaron las balas, pero también en el debate parlamentario. El motivo más recurrente: la desclasificación de todo el material documental sobre el 23F.
Una tarde y una madrugada
En la última década se han registrado seis Proposiciones no de Ley (PNL) sobre esta cuestión. El Grupo Izquierda Plural (GIP), integrado entre otros por Izquierda Unida, tomó la iniciativa en 2012 presentando dos PNL de idéntico contenido en la Comisión Constitucional y en el Pleno. Ambas caducaron antes de formar parte de algún orden del día.
En el escrito a la Mesa se instaba al gobierno de Mariano Rajoy a la desclasificación de todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas, en poder del Estado, que tuvieron lugar durante la tarde y madrugada del 23 y la mañana del 24 de febrero de 1981.
La Izquierda Plural incluía en esta desclasificación las comunicaciones entre los ocupantes del Congreso y el exterior del edificio, y entre el Palacio de la Zarzuela y el exterior, así como las mantenidas por los servicios de inteligencia en ese período. También se animaba al ejecutivo a solicitar oficialmente al gobierno de Estados Unidos una copia de toda la documentación que obrase en su poder en relación con el golpe de Estado.
El registro de las iniciativas se produjo tras la publicación por parte del Gobierno federal alemán de las «Actas de Política Exterior de la República Federal de Alemania de 1981». Documento que incluía la comunicación del que entonces fuera embajador en España a sus superiores sobre «las palabras que el Rey Juan Carlos dedicó a los militares sublevados en una reunión privada en el Palacio de la Zarzuela el 26 de marzo de 1981″.
Los partidos de izquierda calificaron de ilógico «que, mientras otros Estados desclasifican documentos que obran en su poder en relación con al golpe de Estado del 23-F, el Estado español mantenga secretos y clasificados los suyos«.
En 2014 el mismo grupo presentó otra PNL con un contenido muy similar de nuevo en la Comisión Constitucional. Además del citado documento alemán, la iniciativa estuvo motivada por las informaciones aparecidas «con motivo de la próxima publicación de un libro de la periodista y escritora Pilar Urbano, titulado La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar» y que ponían en cuestión el papel del entonces Jefe de Estado.
Esta PNL acabó caducando con la disolución de la X Legislatura (2011-2016) y la solicitud de creación de una Comisión de investigación sobre el golpe de Estado del 23-F registrada por el mismo Grupo en 2014 tuvo el mismo destino.
Por una reforma de ley
Durante los siguientes años el testigo fue recogido por el Partido Nacionalista Vasco. Su estrategia para la desclasificación de todo el material documental sobre el 23-F pasaba por reformar la ley de Secretos Oficiales de 1968. Su propuesta fijaba en 35 años (de forma excepcional y motivada) el máximo de tiempo que una materia podía ser calificada como secreta.
Además, añadía una disposición transitoria por la que todas las materias clasificadas que a la fecha de entrada en vigor de la ley hubieran ya cumplido los plazos de vigencia mencionados quedarían desclasificadas. Precisamente en el 2016 se cumplían 35 años del intento de golpe de Estado.
Un matiz que mencionó en abril de ese año el portavoz del Grupo Catalán, Jordi Xuclà i Costa, durante el debate de la toma en consideración de la primera proposición de ley (PL) del PNV para modificar la ley de Secretos Oficiales. Xuclà i Costa habló de la necesidad de «no solo enseñar a las visitas los mismos restos del golpe de Estado sino que vayamos a la profundidad, a la verdad histórica».
Aunque la PL logró superar ese primer trámite parlamentario, acabó decayendo con motivo de la repetición electoral del 26 de junio que puso fin a la fallida XI Legislatura (2016-2016).
En otro de los intentos del PNV por reformar la ley de Secretos Oficiales en junio de 2020 fue EH Bildu quien durante la toma en consideración de la nueva PL (de idéntico contenido que las anteriores) hizo mención explicita al 23-F. «Habría que hablar, claro que sí, del 23-F; habría que hablar de los elefantes blanco (…) hablemos del recuerdo permanente de los tiros en la cúpula de esta Cámara y veamos qué había detrás», afirmó el portavoz abertzale Oskar Matute.
La iniciativa caducó con la disolución de la XIV Legislatura (2019-2023).
Un paso más
El Grupo Republicano Catalán, el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Euskal Herria Bildu registraron de forma conjunta en marzo de 2021 dos PNL para instar al gobierno de Pedro Sánchez a la desclasificación de la información del golpe de Estado del 23-F. La presentada en la Comisión Constitucional caducó antes de llegar al orden del día, pero la del Pleno fue aprobada con modificaciones (191 síes, 152 noes y 1 abstención). Votaron a favor de esta iniciativa los diputados de Unidas Podemos, PSOE, ERC, EH Bildu, Teruel Existe, PRC, Compromís, BNG, Más País, Junts y PdeCat. En contra, PP, VOX, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.
A pesar de su carácter no vinculante, la aprobación de la PNL tuvo cierto simbolismo al ser la primera vez que la mayoría de la cámara se mostraba a favor hacer públicos los documentos del Golpe de Estado.
Durante el debate, la diputada de ERC Carolina Telechea i Lozano aseguró en nombre de su grupo que no era «una iniciativa para conseguir un titular». «El falso relato edulcorado construido alrededor de los hechos del 23 de febrero de 1981 solo se aguanta por la Ley de Secretos Oficiales del Estado, una ley preconstitucional y totalmente opaca», añadió a la par que preguntaba desde la tribuna al resto de bancadas qué ocultarían los documentos clasificados «que sea tan importante como para necesitar ocultarlos». «Que cada cual saque sus eméritas conclusiones», sentenció.
Por su parte, el Partido Popular a través de su portavoz Juan Antonio Callejas defendió su voto en contra alegando que el tema no era «una prioridad en estos momentos para la ciudadanía que nos está viendo. No es el 23 de febrero de 1981 lo que les importa, sino el 23 de junio próximo, el 23 de julio o el 23 de agosto, pero de 2021, el aquí y el ahora». Callejas también insistió en que su Grupo «está y estará a favor de la transparencia y del conocimiento pero también está comprometido con la responsabilidad».
Sin luz y taquígrafos 40 años después
En los primeros compases de la actual legislatura se han vuelto producir movimientos en este sentido. En septiembre de 2023 el PNV registró de nuevo su PL de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, que de ser aprobada (aunque por ahora no ha superado ni la fase de toma en consideración) implicaría la desclasificación de todo el material sobre lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 al haber permanecido protegidos más de 35 añosa atendiendo a la reforma propuesta del apartado dos del artículo 4 de la norma.
Por otro lado, los Grupos de ERC, EH Bildu y el Mixto presentaron en octubre del año pasado una PNL sosteniendo que «existe una versión oficial de lo ocurrido, que en estos años se ha difundido, tanto por la mayoría de los medios de comunicación como por gran parte de los partidos sujetos al pacto constitucional de 1978. Ante estas nuevas informaciones y pasados más de 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado Español y que aporte luz y taquígrafos a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el Golpe de Estado del 23-F». La PNL está a la espera de llegar a Pleno.