Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de adenda al Plan de Recuperación. Se trata del primer paso para que España canalice 94.603 millones de euros en fondos Next Generation EU hasta 2026. En los próximos días el documento será enviado a la Comisión Europea, que rechazó ampliar los plazos, para evaluarlo.
El Ejecutivo comunitario dispondrá, desde entonces, de dos meses para dar su visto bueno al texto confeccionado por Moncloa, aunque puede prorrogar y dilatar el plazo. En caso de que no lo acepten, será devuelto al Gobierno español para corregir los aspectos que la Comisión Europea considere necesarios para avalarlo. Una vez aceptado, el texto será enviado al Consejo de la UE, que dispondrá de un mes para deliberar y decidir la aprobación definitiva al proyecto.
El Gobierno de España tenía de plazo hasta el 31 de agosto para entregar la adenda. No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que no se ha apurado “por responsabilidad», ya que, con las elecciones generales en el horizonte próximo, el 23 de julio, la adenda se hubiera retrasado y, en consecuencia, el despliegue de los fondos europeos se hubiera visto afectado.
Las novedades de la adenda
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) prevé que España recibirá en esta segunda fase más de 84.000 millones de euros en préstamos, un grueso al que se sumarán otros 7.700 millones en transferencias a fondo perdido y 2.600 en el marco del programa RePowerEU.
Entre las novedades de la adenda, destaca el Fondo de Resiliencia Autonómica. Las Comunidades Autónomas dispondrán de 20.000 millones de euros para financiar proyectos de inversión sostenible. Las inversiones habrán de hacerse en vivienda social y asequible, regeneración urbana, transporte sostenible, competitividad industrial y de pymes, I+D+i, turismo sostenible, economía de los cuidados, gestión de aguas y residuos y transición energética.
Por otro lado, las empresas dispondrán de 22.500 millones de euros de financiación a través de los diferentes fondos que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En concreto, el ICO pondrá en marcha dos líneas: la ICO-Verde y la ICO Empresas y Emprendedores. La primera, estará dotada con 15.500 millones para favorecer la transición verde mediante inversiones en generación de energía renovable, eficiencia energética, economía circular o renovación de buques. La segunda, canalizará 7.000 millones para inversiones en el tejido empresarial. En este último caso, se incluye una sublínea de 1.000 millones para turismo.
Al fondo autonómico y de líneas ICO, habría que sumar un conglomerado de fondos. La adenda establece 4.000 millones para escalar startups tecnológicas; otros 4.000 para la promoción de vivienda social en alquiles; 3.000 para el mecanismo RED; 2.530 para el Ingreso Mínimo Vital; 2.250 en incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de hogares; 2.200 destinados a instrumentos de ciberresiliencia y seguridad; 2.000 al fondo de Coinversión (FOCO); 1.500 millones para producciones audiovisuales españolas; 1.035 para reforzar la solvencia de las empresas afectadas por el Covid-19; 913 millones de apoyo a pymes; y 400 para un fondo dedicado a las inversiones que buscan un impacto social/medioambiental con un retorno financiero de igual capital al invertido.
El total de todas estas novedades asciende a los 66.328 millones de euros. Los otros 28.275 restantes hasta sumar los 94.603 que esboza la adenda, son para reforzar los 12 fondos del Perte, que ya recibieron transferencias en la primera fase. Estos 28.275 millones se distribuyen entre transferencias adicionales, préstamos y RePowerEU.