A excepción de los meses transcurridos entre la moción de censura por la que Pedro Sánchez llegó al Gobierno (junio de 2018) y la convocatoria electoral del año siguiente (en abril), nunca antes desde la restauración democrática el principal partido de la oposición había dispuesto de mayoría absoluta en el Senado. En medio de este escenario inédito de mayorías, la escalada de tensión entre el PSOE y el PP trasciende de los intercambios broncos en los plenos y salpica a las instituciones.
Con la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica (PLO) de Amnistía como telón de fondo, las acusaciones cruzadas de inconstitucionalidad han derivado ya en tres enfrentamientos entre poderes del Estado, todos ellos con la Cámara Alta como una de las protagonistas. Con apenas medio año de legislatura transcurrida, en estos momentos hay abiertos conflictos institucionales entre el Ejecutivo y el Senado, el Senado y el Congreso, y un recurso de inconstitucionalidad de senadores socialistas contra la última reforma del Reglamento del Senado a instancias del Grupo Popular.
Choque Gobierno-Senado: desacuerdo con los vetos gubernamentales
El control de la Mesa y del Pleno ha permitido al Grupo del PP en el Senado poner en marcha una agenda legislativa alternativa a la de los partidos del Gobierno, con siete proposiciones de leyes (PL) enviadas ya al Congreso y todas ellas paralizadas allí, en el trámite de enmiendas.
Como en la Cámara Baja, antes de que una proposición de ley pueda llevarse al Pleno del Senado para decidir sobre su tramitación (debate de toma en consideración), el Ejecutivo puede manifestar si está de acuerdo o no con la misma. La Constitución, en su artículo 134.6, le reserva la potestad de vetar «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos» previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
Así lo ha hecho de momento con al menos tres de las PL registradas por el PP en la Cámara Alta: una para reducir el IVA a los servicios de peluquería, barbería y estética; otra para la derogación de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y una tercera para asimilar la valoración de dependencia con el grado mínimo de discapacidad. En todas ellas, el Gobierno manifestó su disconformidad al entender que si se aprobaran supondrían un aumento del gasto o una merma en los ingresos del Estado.
Camino al Tribunal Constitucional
Pese al veto gubernamental, la Mesa del Senado, a petición del PP, ha ignorado en las tres ocasiones el criterio del Gobierno y acordado en diferentes reuniones admitir a trámite las PL, de forma que pudieran debatirse y seguir su camino en las Cortes. Mientras que la iniciativa de dependencia y la de rebaja del IVA se encuentran ya en el Congreso, el Grupo Popular todavía no ha llevado al Pleno la de los impuestos de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, contra esta última el Ejecutivo movió ficha planteando un conflicto de atribuciones con el Senado.
El conflicto institucional de atribuciones es un procedimiento al que pueden recurrir ciertos órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado o el CGPJ) cuando consideran que otro de ellos está invadiendo sus competencias constitucionales o atribuciones legales. De esta forma, el Consejo de Ministros acordaba, el pasado 19 de diciembre, requerir al Senado que revocara su decisión y pusiera fin a la tramitación legislativa de la PL para suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Los populares entienden que la disconformidad del Gobierno a que se tramiten estas PL «no cabe», por referirse las proposiciones de ley a futuros ejercicios presupuestarios y no a los Presupuestos Generales del Estado en vigor. Así, la Mesa del Senado, con el voto a favor de los miembros del PP y la oposición de los del PSOE, acordó reafirmarse en sus posiciones y rechazar el requerimiento del Gobierno. Hace un mes, el 20 de febrero, el Consejo de Ministros planteó el conflicto de atribuciones contra el Senado ante el Tribunal Constitucional, a la espera de comunicación a las partes para presentar alegaciones, como informan desde la Cámara a Alta a este medio.
PSOE vs Senado: desencuentro por el Reglamento del Senado
Desde que el PSOE decidiera tramitar su propuesta de amnistía para Cataluña mediante la figura de la proposición de ley y no como proyecto de ley (reservada para el Gobierno), el PP comenzó a activar resortes con su mayoría en el Senado. El fin, dotarse de documentación y mecanismos con los que hacer frente al texto de la PLO de amnistía una vez llegara a la Cámara Alta tras su aprobación en el Congreso.
Al margen de los informes requeridos al CGPJ, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa o a la Secretaría General del Senado, el Grupo Popular llevó a cabo una reforma exprés del Reglamento de la institución para que la Mesa tuviera autonomía para decidir acerca de la tramitación o no por la vía de urgencia de las proposiciones de ley que lleguen del Congreso, con independencia de cómo se haya tramitado en la Cámara Baja. De esta forma, el órgano rector del Senado puede ampliar hasta dos meses el plazo de trabajo frente a los veinte días a los que obliga la vía de urgencia.
El cambio de reglamentación salió adelante, en noviembre, con los votos del PP y las cuatro señorías de Vox y Unión del Pueblo Navarro. Frente a ellos, el resto de formaciones, con especial beligerancia por parte de los socialistas, que decidieron acudir al Tribunal Constitucional. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista pide anular la reforma del Reglamento, por entender que vulnera el artículo 90.3 de la Constitución, el que fija los tiempos de los que dispone el Senado para vetar o enmendar las iniciativas legislativas que llegan del Congreso.
El PSOE en el Senado ha pedido a la Mesa echar «a la basura» el informe de los letrados sobre la amnistía por «parcial» y por su «poco rigor jurídico»
A juicio del PSOE, la Constitución restringe al Gobierno o el Congreso de los Diputados como únicas instituciones capaces de declarar la vía de tramitación de las propuestas de leyes iniciadas en el Congreso, por lo que la atribución que la reforma del Reglamento amplía a la Mesa del Senado no tendría cabida en la Carta Magna. El recurso fue admitido a trámite por el Pleno del Constitucional el pasado 16 de enero, sin novedades hasta la fecha como confirman desde el Grupo Socialista en el Senado.
Conflicto institucional Congreso-Senado, sin precedentes
El tercer desencuentro entre PP y PSOE con órganos constitucionales de por medio arrancaba esta semana. Con la llegada de la PLO de amnistía al Senado y su calificación por parte de la Mesa veía la luz el informe que el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, había encargado semanas antes a la Secretaría General. El documento, muy crítico tanto con el texto de amnistía (en lo relativo a su encaje constitucional) como con la forma en la que se ha tramitado hasta el momento, abría la puerta en su apartado final a distintas actuaciones que podrían llevarse desde la Cámara Alta ante «un texto con posibles vicios de inconstitucionalidad, materiales y formales».
El miércoles, 20 de marzo, el Grupo Popular registró un escrito por el que piden al Senado que plantee un conflicto institucional con el Congreso. Los populares, apoyándose en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, consideran que la PLO de amnistía «en realidad supone una reforma constitucional«, lo que requeriría de un proceso legislativo distinto de la proposición de ley orgánica. Esa tramitación, la de ley orgánica, «ha impedido que el Senado tuviera la posibilidad de actuar según el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución Española (CE)», el que establece el proceso de reforma de la Carta Magna, valora el PP.
Desde el PSOE en la Cámara Alta rechazan la interpretación del principal partido de la oposición, cuyo argumentos sobre la inconstitucionalidad tachan de «absurdos», como los ha calificado el portavoz socialista en la comisión conjunta Constitucional y de Justicia, José María Oleaga, en su sesión de constitución. El parlamentario por Vizcaya ha cargado también contra el informe de la Secretaría General, pidiendo a la Mesa que sea echado «a la basura» por «parcial» y por su «poco rigor jurídico». Su posición anticipa la respuesta que dará la Mesa del Congreso al conflicto de atribuciones planteado desde el Senado, que con toda probabilidad termine por dirimirse de nuevo en el Tribunal Constitucional.