QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo ha conformado este jueves la Sala que enjuiciará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Siete magistrados
La Sala estará compuesta por siete magistrados, con mayoría de perfil conservador. Entre ellos figuran Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta —nuevo presidente de la Sala de lo Penal— y Ana Ferrer.
La ponencia de la sentencia recaerá en la magistrada progresista Susana Polo, de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ya que fue la instructora del auto de admisión del caso.
Un juicio inédito y complejo
Se trata de un proceso sin precedentes: nunca antes un fiscal general había sido juzgado en el Supremo. La vista está prevista para noviembre y podría extenderse hasta una semana, aunque su duración dependerá del número de testigos que finalmente se acepten. La sentencia podría conocerse antes de que termine el año.
El caso se centra en la presunta filtración a la Cadena SER del correo que el abogado de González Amador remitió a la Fiscalía en febrero de 2024 para explorar un pacto por delitos fiscales. Según el juez instructor, Ángel Hurtado, esa divulgación vulneró la confidencialidad y dañó el prestigio institucional del Ministerio Fiscal.
Las acusaciones reclaman también investigar posibles delitos de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos, que podrían elevar la pena a seis años de cárcel y doce de inhabilitación.
Testigos clave y pruebas
El tribunal deberá escuchar a figuras políticas y judiciales de primer nivel. Entre los testigos solicitados figuran el propio González Amador, su abogado, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, varios fiscales y periodistas. También se citan nombres como la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, el exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y el dirigente socialista Santos Cerdán.
La instrucción se ha sustentado en declaraciones testificales, un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre comunicaciones en las horas clave y las conversaciones aportadas por dirigentes políticos y periodistas.
La defensa: “No hubo filtración”
Por su parte, García Ortiz mantiene que es inocente y sostiene que la información ya había sido desvelada desde “el aparato institucional de la Comunidad de Madrid”. Su defensa recuerda que unas 600 personas en la Fiscalía tuvieron acceso al correo y que su actuación respondió al “legítimo ejercicio de sus competencias” para proteger la imagen de la institución frente a lo que califica de campaña de desinformación.
