QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El texto inicia ahora su tramitación en el Congreso.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lo ha definido como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, y que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.
La iniciativa pretende extender y reforzar los derechos a la inclusión, a la autonomía y a la accesibilidad universal conforme al art. 49 de la CE y a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha enfatizado que la reforma implica una ampliación del catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad. También ha puesto el foco en como subsana “dos recortes importantes” de la década anterior.
Por un lado, de aprobarse, el proyecto eliminaría el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Por otro, el nuevo texto suprimiría el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.
Catálogo y servicios
El proyecto aboga por ampliar los cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa. Además, prevé facilitar productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, mediante préstamo o cesión temporal.
Una de las principales novedades respecto a los primeros borradores es la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Otra incorporación con respecto al anteproyecto es el aval para que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.
De lograr los apoyos parlamentarios necesarios, la reforma daría lugar al reconocimiento de la asistencia personal como un servicio más del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Además, con la nueva redacción del texto se dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema. Con esta decisión, el ministerio espera contribuir a la inserción laboral de las personas con discapacidad.
En lo que respecta a la teleasistencia, se eleva a rango de ley su carácter complementario, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos.
Más derechos
En cuanto a la ampliación de derechos a la que se ha referido el ministro, en materia de dependencia, por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho
a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
El proyecto de ley también consagra la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se prevé la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones…
En lo referente al ámbito privado, el proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios.
