Publicidad del miedo: ¿el fin de los anuncios de alarmas antiokupas tal y como los conocemos?

Una melodía acostumbra a ser la banda sonora del periodo estival. Y no, no es la canción del verano, sino las alarmas de hogar. Las empresas intensifican sus campañas en esta época para incitar a contratar sus servicios para proteger al máximo las viviendas mientras se está de vacaciones ante posibles okupaciones. Pero este 2025 podría ser su último verano.

El Consejo de Ministros del pasado 1 de julio aprobó en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy.

El propósito de la norma es reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente con medidas que fomenten el consumo consciente y responsable y la promoción de la reparación de bienes, así como asegurar una información clara y fiable sobre las características medioambientales de los bienes y servicios que consumimos.

Uno de sus pilares, además de atajar el greenwashing o ecopostuero, es la regulación de la publicidad del miedo. Esta tipología basa su efectividad en presentar escenarios extremos o de baja probabilidad para generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad que impulse a la ciudadanía a comprar productos o contratar servicios determinados con el finde protegerse.

Uno de los ejemplos más claros de esta publicidad del miedo es el de las alarmas antiokupas. Los anuncios, en ocasiones, se acompañan de testimonios o cifras sobre el aumento de okupaciones en periodo estival para incitar a comprar o contratar dispositivos como cámaras, sensores de movimiento con generador de humo, bombillas inteligentes para simular presencia e incluso cerraduras anti-inhibición.

¿Por qué peligra?

De prosperar la iniciativa, toda la publicidad se verá afectada ya que se exigirá que ofrezcan una información objetiva. Es decir, que cualquier afirmación o argumento esté respaldado en la estadística real para que las personas puedan hacer una evaluación real del riesgo.

Se exigirá que la publicidad esté respaldada en datos objetivos y estadísticos.

Ocurrirá lo mismo con el greenwashing, un término que define la práctica que busca obtener una ventaja competitiva desleal comercializando un producto o servicio como respetuoso con el medioambiente cuando, en realidad, la información no es cierta o no es clara.

Algunos anuncios, salpimentados con programas de televisión, titulares de prensa y discursos políticos, alimentan la idea de que la okupación es una problemática de gran alcance. Un caldo de cultivo que lleva a la ciudadanía a pensar que cualquiera puede perder su hogar en cuestión de minutos. Sin embargo, los datos no lo respaldan.

España amasa un parque de unos 27 millones de viviendas, según estimaciones del Ministerio de Vivienda. Los datos de Interior apuntan a que, el año pasado, se registraron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles. El impacto de las mismas sobre el parque total sería de 0,06% (y asumiendo que todas las denuncias fueran condenatorias).

Del total de denuncias, según el CGPJ, solo un 7% fueron ocupaciones ilegales de casas habitadas o segundas residencias, esto es, unas 2.309. El resto, en inmuebles vacíos. En consecuencia, si el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible aterrizara en el BOE, los anuncios que fomentasen una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad, como es el caso, no se ajustarían a la legalidad vigente.

La norma aún tiene un largo recorrido por delante. El Consejo de Ministros ha de aprobarla en segunda vuelta para remitirla a las Cortes Generales y ser tramitada en Congreso y Senado. El departamento de Bustinduy está decidido a poner coto a la publicidad del miedo. La pregunta es si se terminará de concretar en el próximo curso que arranca en septiembre.