QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Juzgado de Instrucción N.º2 de Tarragona ha destapado un presunto caso de corrupción en el seno del Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Cristóbal Montoro. La primera trama a la que apunta el sumario señala a empresas gasísticas interesadas en beneficios fiscales contrataban al despacho fundado por el ministro de Hacienda para lograr modificaciones de textos normativos. El despacho Equipo Económico tenía también capacidad para cerrar reuniones entre las empresas y Montoro a cambio de contraprestaciones económicas, según otra de las líneas de investigación.
Las actividades que ahora se están investigando reabren el debate sobre la necesidad de regular el lobby en España. Como distintas fuentes reconocen a Demócrata, “presionar en una ley no es delito, cobrar a cambio de los cambios sí”.
Para analizar en qué punto está la ley de lobbies y las posibilidades regulatorias para esquivar casos como el del ministro de Hacienda, Demócrata conversa con Rafa Rubio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, donde también coordina el Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia (i+dem). Ha sido miembro de la Comisión de Venecia, subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2017-2018), Presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y miembro del Foro de Gobierno Abierto de España.
¿Hubo algo que pudiera haber evitado el “caso Montoro”?
Aún no conocemos realmente todo lo que ha sucedido. Hay cosas inevitables, otras tienen pinta claramente de haber sido ilegales. Por ello, no debemos ver todo en un conjunto. En ese caso, acabaremos mezclando muchas cosas. Lo principal del caso es el abuso en la situación de poder del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que vemos es el acceso privilegiado de una empresa a un ministro y a su gabinete. La situación es consecuencia de que ese ministro era el dueño de la empresa implicada. Se podría haber evitado con una mejor ley de incompatibilidades.
Todo apunta a que quizá no se podría haber evitado del todo. Se podría haber detectado mucho antes. Habrían saltado las alertas tempranas con una buena regulación del lobby.
Según el juez llegaron a producirse reuniones directas entre Equipo Económico y el propio Montoro. ¿Cómo de factible sería que las agendas de los representantes fuesen públicas?
No es solo factible, sino que debería ser obligatorio. En el Congreso de los Diputados se ha establecido una reforma reglamentaria por la cual es obligatorio que los diputados hagan públicas sus agendas y el índice de cumplimiento es absolutamente ridículo. A pesar de ser una norma obligatoria, ni siquiera se está cumpliendo.
En muchos países ya es obligatorio. No solo hacer pública la agenda, sino incluso llegar a hacer público el contenido de esas reuniones que se celebran. A la hora de la verdad, todas ellas en principio tienen relación directa con la gestión de lo público. Es un elemento esencial de transparencia y buen gobierno que esa información esté a disposición de los ciudadanos.
¿A qué achaca esa falta de cumplimiento?
Hay una falta de voluntad evidente por parte de los propios diputados. Quizás no tienen el personal que existe en otros poderes legislativos que podrían facilitar estas actividades. Sin embargo, la obligación es perfectamente asequible incluso sin tener una o dos personas trabajando en tu equipo.
La falta de voluntad puede tener que ver con que probablemente se perciba como algo inútil, o como algo incluso peligroso. La Cámara no está teniendo capacidad para sancionar esos incumplimientos. No hay nada más perjudicial para las normas que se establezcan y luego no se cumplan. Se acaba generando una cultura de, “Oye, si no se cumple, no pasa nada”. Lanza un mensaje a la sociedad que es devastador. No deja de tener un efecto espejo.
En el “caso Montoro” hemos visto como las puertas giratorias funcionaron desde el despacho del exministro hasta el Gobierno de España.
Hoy en día, hay propuestas en esa línea de acabar con las puertas giratorias en el proyecto de ley de lobbies. Medidas razonables que impedirían el paso directo de la administración a la empresa privada en sectores similares en los que se han desempeñado puestos de responsabilidad.
Sin embargo, en España lo que no tenemos muy previsto es la otra vuelta de la puerta giratoria. Es el paso del sector privado a la administración. Se está viendo que también es un problema. En otros países se le está dando respuesta ambos fenómenos.
Hay un tema de fondo que es hasta qué punto debemos tener un límite a la hora de poner barreras. Al dificultar tanto el acceso a lo público, podemos acabar desincentivando que los mejores se dediquen a la vida pública. Yo creo que esto es compatible con sacar adelante algunas medidas como impedir que personas que han tenido una responsabilidad específica en el sector privado – que en este caso concreto tenían propiedad sobre la empresa que va a seguir desempeñando su labor- puedan dar ese salto.
¿En qué punto se encuentra el Proyecto de Ley de Lobbies que aprobó el Consejo de Ministros?
En España la regulación del lobby ha avanzado a golpe de escándalo. Es casi una norma que cada vez que se produce un escándalo que afecta al lobby, tanto a nivel español como europeo, se resucite el debate sobre la regulación de los grupos de presión.
El origen de la regulación a base de golpes en España lo tenemos en el año 91 con el escándalo del caso Guerra. A partir de ese momento, si uno sigue la historia de los intentos de regulación del lobby, casi todos venían de la mano del escándalo.
Es probable que este nuevo escándalo reavive el debate, pero no garantiza que vaya a a ser aprobado. Tenemos bastantes antecedentes en legislaturas anteriores de que de repente el tema se convierte en prioritario y decae.
No deja de ser una anomalía la situación española en los últimos 25 años , cuando Estados Unidos comienza a regular el lobby moderno. En el año 2001, la OCDE lo convirtió en una prioridad de sus políticas públicas como una garantía de transparencia y buen gobierno. Han sido infinitos los países que se han sumado a esta regulación.
¿Cómo se explica esto?
En España los argumentos para no regular los lobbies son varios. Por un lado, están los de aquellos que se oponen a la propia existencia de estas empresas. Afirman que regularlos supone una suerte de legitimación. Creen que es mejor no dar respuestas regulatorias para que el lobby no esté en la vida pública.
Por otro lado, existe otro argumento que es compatible con que las asociaciones de lobby llevan mucho tiempo promoviendo esta regulación, pero nunca se ha conseguido.
Es cierto que no ha habido legislatura en la que no hayan hecho llegar sus propuestas regulatorias a los poderes públicos, pero la verdad es que no han sido muy exitosos como lobistas.
Hay un tercer elemento que quizá es más evidente en las dos últimas legislaturas. Se trata del enfrentamiento entre partidos. Especialmente entre los dos partidos mayoritarios. Esto ha hecho que no sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema que en principio podría ser transversal y ajeno al debate político o ideológico.
¿Cómo de factible sería un acuerdo entre el PP y el PSOE en este asunto?
Desde un punto de vista abstracto no debería ser difícil. Las últimas propuestas de regulación de unos y de otros han sido bastante similares, independientemente de quién llevara la iniciativa. En el contenido no habría dificultades insalvables para que se llegara a un acuerdo.
Lo que existe es una falta de confianza. Unos motivos políticos que están por encima del tema en concreto. A día de hoy, hace que sea imposible que los dos grandes partidos lleguen a pactos hasta en los temas en los que están de acuerdo. Hay un enfrentamiento tan radical que hace que haya una oposición sistemática a las propuestas del otro.
¿Con el proyecto de ley de lobbies se evitarían casos como el de Santos Cerdán o ahora el de Montoro?
No se evitaría del todo. Serviría para detectarlos mucho antes y evitar su permanencia continuada en el tiempo. Hay casos en los que el problema ha erradicado en que se ha convertido en una estructura permanente. Esto se evitaría teniendo leyes. Las alarmas saltarían mucho antes. Sería más fácil tomar medidas.
La regulación es evidente que haría más pequeño el problema.
¿Qué carencias observa en el actual proyecto de ley?
La carencia clara es la ausencia de independencia en el órgano de control. Hay una decisión, que tal y cómo están las cosas, es muy cuestionable. Entregar a una subdirección general el manejo del registro de lobbies y todo lo que tiene que ver con las consecuencias de incumplimiento. Es decir, la posibilidad de establecer sanciones.
En un momento donde hay una sensación fundada de colonización de ciertas instituciones por parte del gobierno, entregar esta responsabilidad que va a afectar directamente a los miembros del Ejecutivo a una entidad cuya independencia no está garantizada es un error. Sería posible establecer esas funciones, que por su método de elección y funcionamiento deberían tener una mayor independencia, al Consejo de Transparencia. No genera mucha confianza que el órgano rector sea un órgano directamente vinculado a la administración.
Otra de las críticas es que el proyecto de ley se centra en la transparencia y se olvida de la igualdad. A día de hoy, el lobby en España puede generar problemas de corrupción. Pero creo que el verdadero problema es que hoy sigue siendo mucho más eficaz contando con contactos que hacerlo desde la sociedad o desde una causa específica.
El proyecto de ley es una oportunidad perdida para materializar un principio que se detalla en la exposición de motivos, el intento de que el lobby sea realmente una herramienta abierta a todos. Que el lobby no se convierta en algo propio solo de una pequeña elite.
¿Qué percepción tiene la ciudadanía sobre este sector?
Hay que matizar una cuestión. El lobby no es un problema de corrupción, pero hay que asumir que en ocasiones el se ha empleado para la corrupción. Existen situaciones en las que se utiliza de manera ilegítima. Esto genera un problema de imagen. Sin embargo, solo se resuelve asumiendo la verdad.
Tenemos que asumir que a veces el lobby se realiza de manera ilegítima. No vale decir: “no, es que eso no es lobby”. Estaríamos viciando un debate que creo que es necesario.
Por ello, la percepción es negativa, independientemente del caso Montoro. Hemos tardado varios días en hablar del lobby en este caso. En el que afecta a Santos Cerdán, casi no se ha hablado. Los medios han empezado a mencionarlo conforme se ha empezado a estudiar el sumario. Parte de esa percepción se explica en la búsqueda permanente se sinónimos que no gocen de esa connotación negativa. Se utiliza la palabra lobby exclusivamente de manera peyorativa.
