QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Otro octubre trascendental para Junts per Catalunya. La primera semana de octubre de 2022, la formación apostaba por salir del Gobierno de coalición de la Generalitat de Cataluña presidido por ERC, una decisión refrendada por sus militantes. Ahora, la formación presidida por Carles Puigdemont debate qué hacer con su relación con el PSOE: si mantenerla en los términos actuales y apretar en sus reivindicaciones, darla por amortizada y romper con Pedro Sánchez o un escenario intermedio para forzar el cumplimiento de los acuerdos.
El expresidente de la Generalitat catalana ha convocado a la Ejecutiva de Junts, en Perpignan (Francia), para evaluar la situación y tomar una decisión, este lunes, 27 de octubre. Los independentistas denuncian incumplimientos tanto del acuerdo de investidura firmado en 2023, como de otros pactos alcanzados para sacar adelante normas en la Cámara Baja. Políticas en seguridad ciudadana, migración, el retorno de empresas a Cataluña o competencias sobre funcionarios locales son los ámbitos en los que Junts está tratando de introducir cambios legales. Demócrata analiza los pasos dados hasta el momento, en qué punto de tramitación se encuentran y cuáles son las perspectivas.
La cuestión migratoria, en el centro del debate
Con la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias y la aplicación de la Ley de amnistía para el propio Puigdemont en manos de los Estados miembro de la UE y de los tribunales, respectivamente, el listado de reivindicaciones de la formación catalana incluye una agenda legislativa propia a la que el PSOE ha comprometido su apoyo en el Congreso. Desde el inicio de la legislatura, el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya ha registrado tres proposiciones de ley, todas ellas de carácter orgánico por afectar a derechos fundamentales. Una de ellas fracasó en el trámite de toma en consideración y las otras dos permanecen bloqueadas en comisión desde hace meses.
La delegación de competencias sobre inmigración junto a los «recursos necesarios», para que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña sean quienes «determinen una política propia, adecuada a las necesidades y la realidad de nuestro país» fue una de las contraprestaciones arrancadas al Gobierno al comienzo de la legislatura, como anunció el grupo parlamentario el 10 de enero de 2024. Ese día, la ausencia de sus diputados en las votaciones permitió la convalidación del Real Decreto-ley con medidas contra la crisis de precios por la invasión de Ucrania y de otro RDL ómnibus con algunas medidas para el desbloqueo de 10.000 millones de fondos europeos.
Para formalizar la cesión de competencias migratorias, tanto Junts como PSOE registraron en la Cámara Baja la proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración. La toma en consideración del texto se debatió hace un mes, en el pleno del 23 de septiembre. Fue rechazada, además de por PP y Vox, con los votos de Podemos, UPN, la diputada de Compromís Àgueda Micó y el de la Chunta, Jorge Pueyo, este último en las filas del Grupo Sumar.
Los de Puigdemont no cejan en su reclamación de efectuar la delegación de las políticas migratorias y emplazan al PSOE a recabar el apoyo necesario, con Podemos como principal obstáculo. Los morados llegaron a tildar la proposición de ley de «racista» y xenófoba». Con la inmigración como telón de fondo, las otras dos proposiciones de Junts en el Congreso plantean enmendar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a «ocupación ilegal de inmuebles» y de multirreincidencia .
Ocupación y multirreincidencia bloqueadas y la sombra de Alliança Catalana
La inseguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia en Cataluña son los motivos esgrimidos para el registro de otra proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, en marzo de 2024. La propuesta señala «la insuficiente respuesta penal» ante los «hurtos multirreincidentes» y propone el aumento de las penas por determinados hurtos y que la reincidencia sea motivo de agravante, entre otras medidas.
Tomada en consideración en septiembre del año pasado, la iniciativa cerró el plazo de enmiendas en febrero de este 2025. Desde entonces, permanece paralizada a la espera de que se constituya su ponencia. El PSOE apoyó la tramitación, no así Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG. ERC, por su parte, se abstuvo.
La agilización de desocupaciones y de lanzamientos de inmuebles ocupados ilegalmente es el objetivo de la tercera proposición de ley llevada al Congreso por Junts. La toma en consideración de la PLO de medidas urgentes frente a la ocupación se debatió en marzo de este año. De nuevo fue apoyada por los socialistas y contó con la oposición de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Tras 19 ampliaciones del plazo, a día de hoy sigue en periodo de enmiendas.
Vistos los apoyos y rechazos a ambas iniciativas, la aprobación de las dos leyes requiere del trabajo conjunto en ponencia y comisión de al menos el PP en colaboración con Junts y el PSOE. Además, un hipotético éxito de esos trabajos supondría para los socialistas abrir una brecha con su socio de coalición en el Gobierno y con el grueso de los socios parlamentarios en materias muy sensibles para el conjunto de la izquierda política.
En el caso de la PL sobre multirreincidencia, Sumar la tacha de «populismo punitivo» y tiene registradas enmiendas para la supresión de todos los preceptos. El PSOE por su parte pide la desaparición de uno de los siete artículos y de las tres disposiciones adicionales del texto.
Tanto en la propuesta de las desocupaciones como en la de multirreincidencia subyacen las reivindicaciones de alcaldes de la formación independentista, algunos de los cuales llegaron a señalar de forma conjunta y en público, a finales de 2023, a colectivos de inmigrantes en relación con altercados o una subida de la delincuencia. Meses después se producía la irrupción de Alliança Catalana en el Parlamento de Cataluña. La formación independentista, con un marcado discurso antiinmigración, ha ido ganando presencia en el debate político catalán y los sondeos electorales ya recogen una gran subida en su intención de voto, con Junts como la fuerza más afectada por su ascenso.
Que las empresas vuelvan a Cataluña
Al margen de la delegación de competencias en migración, el acuerdo de convalidación de dos reales decretos-ley con el PSOE de enero de 2024 incluía entre otras medidas:
- La reforma de la Ley de Sociedades de Capital para favorecer el regreso de empresas a Cataluña.
- El reconocimiento de «los derechos históricos» de Cataluña en materia de régimen local.
A la hora de concretar las propuestas y formalizarlas por vía legislativa, la formación catalana optó por plasmar el mecanismo que facilite el retorno de empresas a Cataluña en uno de los reales decretos-ley convalidados. Así, registraron una enmienda Real Decreto-ley 6/2023, el ómnibus, tramitado como proyecto de ley. La enmienda modifica la Ley de Sociedades de Capital para editar tres artículos (9,10 y 262) y añadir una nueva disposición adicional.
Entre los cambios, que el domicilio de una sociedad esté en la misma comunidad en la que se encuentre el centro «de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación» y que en caso de discordancia se considere infracción grave, con su correspondiente sanción. También piden que los acuerdos de cambio de domicilio puedan ser iniciados por la junta de accionista de una mercantil y no por el consejo de administración, así como que cualquier socio o accionista pueda instar a cambiar el domicilio de una sociedad en caso de discordancia.
Junts plantea resolver así un compromiso que los socialistas también habían adquirido como parte del acuerdo para investir presidente a Pedro Sánchez, por el que estos aceptaban promover y facilitar el regreso a la comunidad catalana de la sede social de empresas.
El plazo de enmiendas se cerró en marzo de 2024 y desde entonces la el proyecto de ley se encuentra a la espera de que se constituya una eventual ponencia. Dada la complejidad del texto original, un RDL de 180 páginas, y el volumen de enmiendas presentadas al mismo(570), es muy improbable que se avance en su tramitación.
Competencias sobre funcionarios nacionales habilitados
Más persistentes han sido desde el partido presidido por Puigdemont a la hora de intentar hacer efectivo lo que denominan «el reconocimiento de los derechos históricos» en materia de régimen local. Se refieren así a la cesión de ciertas atribuciones en materia del personal funcionario de entidades locales con habilitación nacional. Dicho de otra forma, lo que se persigue en este ámbito es el ejercicio de competencias para regular el régimen jurídico de secretarios, interventores y tesoreros de las corporaciones locales, así como la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de estos trabajadores.
En un primer momento apostaron por llevarlo a cabo en en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, con una enmienda transaccional acordada con el PSOE. Mediante «una disposición adicional específica para Cataluña en la Ley de Bases de Régimen Local«, los independentistas anunciaban que atribuirá a la Generalitat las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos, la aprobación de la oferta pública de empleo, procesos de selección, nombramiento, procesos de provisión y la gestión administrativa integral de estos funcionarios».
Pero el tiempo pasa y con la ponencia de la Ley de Función Pública abierta desde primavera y sin perspectiva de que se cierren los trabajos en el corto plazo, desde Junts activaron una segunda vía en otra ley, el proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la conocida como Ley de lobbies. Así, hace un mes, introducían una serie de enmiendas «intrusas» (ajenas al objeto original de la ley) en la propuesta de regulación de lobbies, entre ellas la misma pactada con el PSOE en el proyecto de Función Pública para el control de atribuciones sobre interventores, secretarios y tesoreros de ayuntamientos y diputaciones.
Sin ponencia constituida aún, se espera que los trabajos de la Ley de lobbies se inicien en breves. Esta es una de las leyes que en el Gobierno ven factible sacar adelante antes de que termine 2025. El acuerdo con el PP no se descarta, aunque la presencia de enmiendas como la de Junts puede tensar las negociaciones con los populares y dificultar el entendimiento.
