QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En su crítica por la política de nombramientos del Gobierno de coalición, el PP quiere que el Congreso inicie un grupo de estudio para evaluar posibles mejoras legislativas en el sistema de elección de altos cargos.
Los ‘populares’ han solicitado en la Cámara la creación de una subcomisión dentro de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática con el fin de estudiar “la despolitización del sector público y el refuerzo de la autonomía e independencia de los organismos reguladores y las autoridades independientes”.
En su escrito de solicitud defienden la necesidad de contar con normas y criterios para asegurar que los nombramientos en el sector público “se guíen por el mérito, la neutralidad y la experiencia, de modo que conduzcan a la excelencia, la profesionalidad y la eficiencia”.
Pese a que no nombran en ningún momento al PSOE, la iniciativa es utilizada por los ‘populares’ como una enmienda a la totalidad a la política de nombramientos del Gobierno presidido por Pedro Sánchez: critican que en ellos “es posible rastrear los vínculos e intereses de partido que se anteponen a los criterios de mérito y capacidad”.
En este caso citan el nombramiento de la Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, o la también exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, una elección anulada después por el Tribunal Supremo.
Estas situaciones, sostiene el PP, agravan una tendencia que ven consolidada en cómo los cambios de Gobierno implican el relevo de un gran número de puestos de trabajo en el sector público.
Sin citar quiénes ni asumir ninguna responsabilidad al respecto, el PP atribuye a “algunos partidos” estas “malas prácticas” de “politización de los nombramientos públicos” y “colonización institucional” y lamenta cómo contribuye al descrédito de las instituciones y a su creciente rechazo, por lo que pide una reflexión al respecto.
El Congreso ya analizó los sistemas de nombramiento
Precisamente, la Comisión para la auditoría de la calidad democrática desarrolló durante la pasada legislatura unos trabajos para mejorar el funcionamiento y reforzar la independencia de los órganos reguladores y las autoridades independientes.
Los trabajos concluyeron en abril de 2022, con la aprobación en Comisión de unas recomendaciones sobre el funcionamiento de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
Las conclusiones salieron adelante con el voto de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu y Más País, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y PNV votaron en contra.
Continuidad, pero reforzando mayorías
Los trabajos abordaron justamente el sistema de elección de los máximos responsables de estas autoridades. En un primer momento, el PSOE planteó unificar este sistema de elección para que todos los responsables surgieran de una convocatoria pública convocada por el Gobierno.
La propuesta no llegó a salir adelante y acabó desapareciendo del borrador, abogando finalmente la Cámara por mantener el sistema vigente para cada una de estas entidades. Sí que apostó la Comisión por exigir “méritos concretos” en la elección y que los nombramientos no estén “basados en criterios partidistas”.
También reforzar el papel del Congreso en el proceso de elección, planteando un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos en la que se exija “mayoría cualificada” y el voto afirmativo de más de un grupo. Ninguna de estas recomendaciones se han desarrollado hasta ahora.
La propuesta de los ‘populares’ es que la subcomisión realice un estudio y un análisis de los nombramientos en el sector público, los organismos reguladores y las autoridades independientes y realice propuestas de mejora legislativas y «para mejorar las disfuncionalidades que se han puesto de manifiesto».
Para ello, plantea una fase de comparecencias de autoridades responsables y expertos en la materia, así como funcionarios públicos e «interlocutores sociales». El plazo propuesto para ello es de seis meses, o al finalizar el período de sesiones siguiente al de su constitución, prorrogable a decisión del Pleno.
