QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de Valencia ha expresado su rechazo «frontal» al «reparto forzoso de menores no acompañados planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez» y ha reiterado que los menores «no son moneda de cambio».
Este posicionamiento se dio a conocer el miércoles por fuentes de Servicios Sociales, en el marco de la Conferencia Sectorial organizada por el Gobierno, donde se criticó que la convocatoria «vulnera las propias normas de funcionamiento, ya que el orden del día fue rechazado por mayoría en la Comisión previa».
La Conselleria describió el reparto propuesto por el Gobierno central como «un traje a medida para contentar a sus socios» y señaló que «Cataluña y País Vasco no reciben ni un menor, mientras a la Comunitat Valenciana le imponen 571 nuevos ingresos». Se criticó que el reparto «está diseñado solo para sostener los apoyos parlamentarios del PSOE, sin consenso, sin criterios claros y sin respeto al principio de igualdad territorial».
Además, se enfatizó que «los menores no son moneda de cambio» y se destacó que «no pueden ser utilizados como escudo político ni como coartada para tapar la corrupción del PSOE ni para sostener a Sánchez en la Moncloa». Se subrayó que la Comunitat Valenciana «ya acoge y protege a los menores migrantes con rigor y humanidad, pero no aceptamos ser parte de un mercadeo político ni convertirnos en cómplices de un modelo insostenible e injusto».
Servicios Sociales criticó que el Gobierno de España carece de política migratoria efectiva y sugirió que «pretende trasladar a las comunidades el coste de su desidia», mientras resaltó que Valencia ha «aumentado un 66% las plazas de atención y atendido en 2024 a más de 900 menores, con una sobreocupación del 160%». Además, se quejaron de que «ahora nos quieren imponer más carga sin medios, sin recursos y sin planificación».
Se denunció que el sistema valenciano «está al límite y la llegada forzada de más menores sin recursos nos aboca a un colapso. El coste real por menor es de 218 euros/día. El Estado solo propone tres meses, sin indicar las edades ni el tiempo que estará: no solo traslada la responsabilidad a las comunidades, sino también la cobertura económica. En el caso de la Comunitat, mayor aportación para una de las autonomías peor financiadas y a la que el Gobierno tiene asfixiada financieramente. Nos obligan a abrir macrocentros, rompiendo nuestro modelo de atención personalizada y los programas de emancipación», según las mismas fuentes.
Adicionalmente, se exigió al Gobierno que «garantice la determinación efectiva de la edad antes de cualquier traslado», ya que «no puede admitirse un sistema que incentive el fraude ni que traslade a las CCAA la inseguridad jurídica de este proceso». También se advirtió que el anuncio del reparto «es un potente efecto llamada» y «agrava la crisis migratoria».
La Generalitat demandó al Gobierno que «cumpla con su responsabilidad» y maneje directamente las situaciones de emergencia migratoria, aporte «recursos reales, no anuncios vacíos» y «no descargue el problema sobre las CCAA sin capacidad real de respuesta».
Finalmente, la Generalitat Valenciana ha recurrido el Real Decreto-Ley 2/2025 ante el Tribunal Constitucional por «invadir competencias autonómicas exclusivas en materia de protección de menores».
«La Comunitat Valenciana sí es solidaria, sí protege y sí atiende a los menores migrantes, pero no aceptará un modelo ineficaz, injusto y desequilibrado que pone en riesgo el sistema y la dignidad de los menores», concluyeron las fuentes.
