QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
España está en riesgo de perder gran parte de la mayor oportunidad económica que ha tenido en décadas, o lo que es lo mismo: 163.800 millones de euros de los fondos europeos. Eso es lo que defiende una moción consecuencia de interpelación que el Partido Popular aprobará durante el pleno de la próxima semana, según ha podido saber Demócrata.
Cuatro años después de la puesta en marcha de las ayudas europeas, el país solo habría dado salida a un tercio de los recursos disponibles. “Dos de cada tres euros siguen sin llegar a quienes más los necesitan: pymes, universidades, ayuntamientos, familias y sectores estratégicos”, versa el texto popular que llega cuando queda apenas un año para que se alcance el plazo máximo para desplegar las partidas.
Repensar la digitalización
Los de Feijóo sostienen que se trata de “un problema estructural”, ya que aseguran que en lo que va de 2025 “varios ministerios no han ejecutado ni el 10% de sus fondos”. En el caso de Vivienda, este dato se reduciría hasta el 6,6%.
Por estas razones, la Cámara Alta instará al Ejecutivo a reducir la tramitación burocrática y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la ejecución de los fondos Next Generation EU. Además, pedirán convocar con urgencia la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación para impulsar la coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central.
Así, los senadores populares proponen reprogramar los fondos aún no comprometidos hacia proyectos estratégicos relacionados con la industria, la defensa, la energía, la inteligencia artificial o la digitalización. Esto iría acompañado de una revisión de los PERTE para “dotarlos de mayor agilidad, claridad normativa y control de resultados”.
Del mismo modo, el texto plantea la posibilidad de contar con la participación de la inversión privada, a través de esquemas de cofinanciación, para multiplicar el impacto económico y reducir la dependencia del gasto público.
Reformas en el plan
Según datos del Ministerio de Economía, a fecha de agosto de este año, España tendría pendiente de asignar más de la mitad del total de los fondos europeos. Esto se traduce en que se habrían desplegado convocatorias por 82.343 millones y se habrían asignado 79.854 millones a proyectos.
En Génova tachan de “fracaso” la gestión de los fondos, porque creen que el Gobierno no será capaz de ejecutar la totalidad en el plazo estimado. “Ese Gobierno que recibió entre aplausos a un Sánchez triunfante que venía de negociar que España fuera el segundo receptor de las partidas, ahora es incapaz de ejecutarlo”, critica la eurodiputada popular Isabel Benjumea, que acusa al Ejecutivo de “privar a los españoles de una inyección de miles de millones de euros de la solidaridad europea”.
Fue en verano cuando el país recibió la mayor transferencia hasta la fecha entre las capitales miembros del fondo de recuperación: más de 23.000 millones de euros. Eso sí, quedaron pendientes 1.000 millones por la incapacidad del Gobierno de aprobar en el Congreso la subida de impuestos al diésel y la digitalización de la Administración.
Esta misma semana, los ministros de Economía de los Veintisiete se reunirán en Bruselas con el objetivo de alcanzar un acuerdo político sobre la eliminación del umbral de exención de derechos de aduana para las mercancías que entran en la UE. Fue después de una reunión informal de estas características cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció su voluntad de presentar este mes de noviembre una reforma del Plan de Recuperación para encarar la última fase de los fondos.
El objetivo sería apostar por el modelo de subvenciones, más allá de los créditos. En esta ocasión, la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, acudirá al encuentro en sustitución del ministro, que acompaña a los Reyes en su viaje de Estado a China.
En octubre, se extendió dentro del grupo popular europeo la idea de que el Gobierno está negociando con el organismo una adenda al Plan de Recuperación para simplificar el número de objetivos. Fuentes populares defienden que también se han dado irregularidades en las solicitudes de pago. “El cuarto tramo fue presentado con seis meses de retraso y aprobado con un año de retraso tras varias solicitudes de aplazamiento por parte del Gobierno”, afean.
Ahora Cuerpo ha confirmado que el Gobierno está colaborando estrechamente con la Comisión Europea para completar la implementación de los fondos. Se prevé añadirles una adenda que será presentada “en próximas fechas”. “Estamos trabajando de la mano de la Comisión para seguir avanzando en hacer el mayor y el mejor uso, es decir, mayor eficacia y mayor eficiencia en el uso de los fondos de aquí al año que viene”, indicó el ministro en el Senado.
El titular de economía ha explicado ya que las adendas propuestas no modificarán ni la ambición ni los fondos del plan, sino que facilitarán la verificación de los hitos y objetivos establecidos. Antes del verano, la Comisión Europea ya había sugerido a los estados miembros adoptar este tipo de revisiones para asegurar la implementación total del plan antes de 2026.
Con todo, Benjumea ha solicitado conocer si “es realista creer que en once meses podrá presentar esas cuatro solicitudes de pago y cumplir con todos los compromisos pactados”.
Fuentes del Partido Socialista en Bruselas, consultadas por Demócrata, sostienen que los Next Generation, dependientes de la Comisión, no estarían en riesgo por la falta de Presupuestos Generales para 2025, ya que “aunque no haya presupuestos, se van recibiendo a medida que vayan mostrando sus avances”.
Esas mismas fuentes subrayan que la prórroga presupuestaria no tiene impacto en el recibimiento de dichas partidas. “El Gobierno los tiene garantizados”, concluyen. Tal y como apuntan desde Ferraz, algunas inversiones continuarán sus procesos porque la Unión ya ha transferido dichos recursos.
¿A dónde van?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha advertido de que no existen pruebas del impacto transformador que el Gobierno esperaba. En la misma línea, el Tribunal de Cuentas Europeo ya ha denunciado la falta de transparencia, la excesiva burocracia y la incapacidad para medir los resultados.
En el PP afean que desde agosto de 2021 “el Gobierno no publica datos mensuales completos y comparables sobre la ejecución real”. “La plataforma ELISA, que el Ministerio de Economía cita como referencia, no refleja el gasto real, sino convocatorias y adjudicaciones que aún no se han materializado”, sentencia el documento que debatirá el Senado.
“No falta dinero, falta gestión. Y esa falta de gestión pone en peligro inversiones clave en innovación, industria, vivienda, digitalización y empleo”, concluye el texto que lleva la firma de la portavoz popular Alicia García, y al que ha tenido acceso Demócrata.
