El grupo parlamentario de Vox en Baleares ha registrado este miércoles una proposición no de ley (PNL) con la que pretende recabar el apoyo del Parlament para que se inste al Govern a implantar un criterio de 'prioridad nacional' sustentado principalmente en el arraigo, sin hacer referencia en ningún momento a la nacionalidad.
La propuesta, que se debatirá en la Comisión de Asuntos Sociales, atribuye a las personas migrantes, entre otros factores, que los servicios públicos estén "al borde de la quiebra".
Ante esta situación, el texto rubricado por la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, sostiene que es necesario "defender que los recursos públicos vayan prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles" y plantea revisar los mecanismos de protección social mediante la aplicación del criterio de 'prioridad nacional'.
De este modo, según la iniciativa, "cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación más favorable que los españoles".
Definición de la prioridad nacional basada en el arraigo
El documento recoge a continuación cuatro peticiones con las que Vox en Baleares concreta qué entiende por 'prioridad nacional', tras varias semanas de polémica y cruces de declaraciones entre los grupos de la Cámara.
La semana pasada, en una rueda de prensa, Cañadas había explicado que su concepción de 'prioridad nacional' pasaba por ordenar el acceso a los servicios públicos "en función de la nacionalidad y no del arraigo".
"La figura del arraigo la puso el PP y Vox no está de cuerdo.El foco lo ponemos en la nacionalidad, porque cualquier persona que pide el arraigo luego puede tener la nacionalidad. Estamos provocando un efecto llamada brutal, paso a paso. La nacionalidad española se ha dado como si fuesen churros", señaló.
La diputada defendió además que condicionar el acceso a los servicios públicos a la nacionalidad no vulneraría la Constitución, al entender que esta se dirige a los españoles y no a la población extranjera.
Sin embargo, la PNL registrada este miércoles evita en todo momento aludir a la nacionalidad —el término no aparece en ninguna de sus cuatro páginas— y centra su planteamiento en la figura del arraigo.
Así, el primer punto de la iniciativa propone instar al Govern a "promover que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspire en el principio de prioridad nacional, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
El modelo que Vox quiere implantar contempla, según el propio texto, la fijación de un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio"; la conexión del acceso a las ayudas "a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema"; y la restricción de las prestaciones y servicios sociales para quienes estén en situación administrativa irregular a "supuestos de urgencia vital".
Vivienda protegida, alquiler social y cambios normativos
La PNL también solicita aplicar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, exigiendo de nuevo "un arraigo real, duradero y verificable" que se concrete en entre cinco y diez años de empadronamiento.
Entre los criterios que Vox reclama valorar para optar a una vivienda pública figuran la "vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa"; la preferencia para menores de 36 años, familias numerosas o personas con discapacidad; la exclusión de quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de inmuebles en los últimos cinco años; y la supresión de criterios que, a su juicio, "favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos".
En último término, Vox pretende que el Ejecutivo autonómico impulse la derogación o modificación de "toda norma autonómica que dificulte la consecución efectiva de la 'prioridad nacional' en los términos descritos"; y que el Gobierno central revise la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para garantizar "la consecución efectiva de la 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda protegida y alquiler social a fin de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
"Mientras haya ciudadanos de aquí que no pueden pagar el alquiler, que no encuentran una VPO, que ven cómo sus hijos tienen que irse de las islas, resulta inaceptable que los recursos públicos no vayan primero a ellos. No es exclusión: es justicia", ha sentenciado Cañadas.