La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que el Consistorio reclamará al Gobierno de España el reintegro de los gastos asumidos por la ciudad a raíz de la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha tras la publicación del real decreto el pasado 16 de abril.
“Vamos a analizar, calcular y elevar un expediente al Gobierno central para que abone el dinero destinado por el Ayuntamiento de Zaragoza a la regularización, que ha sido un caos en toda España”, ha señalado Orós. “Porque, además, ya estamos cansados de la práctica de Sánchez del yo invito y tu pagas”, ha apostillado.
La edil ha explicado que esta reclamación se fundamenta en un real decreto “impuesto, sin transparencia, ni memoria económica, ni información que ha provocado tensión y caos, no solo para los ayuntamientos, sino para los propios interesados y ha sido trampa porque el gobierno de España no ha querido ser transparente”, ha lamentado Marian Orós.
“Si Moncloa hubiera querido tener otro resultado hubiera planteado todo de otra forma, pero no se si ha sido por incapacidad o por mala fe o por los dos motivos a la vez”, ha ironizado.
Tasa y falta de memoria económica
En una rueda de prensa, Orós ha recordado que el 28 de febrero envió una carta al delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, para recabar información sobre el proceso. Según ha relatado, la respuesta fue que “no era competencia del Ayuntamiento y que no iba a tener ninguna implicación”, algo que contrasta, ha indicado, con las colas de personas que después se han formado ante el Ayuntamiento para solicitar información.
“Ante una regularización extraordinaria el real decreto tendría que tener una memoria económica y una dotación extraordinaria, pero no ha sido así y, además, se les cobra más de 38 euros por hacer el proceso”, ha criticado Orós, quien ha estimado que, si finalmente se regularizan 500.000 personas, el Ejecutivo central podría ingresar unos 20 millones de euros y, si la cifra alcanzara el millón, la recaudación subiría a 40 millones de euros.
Ha subrayado que el Ayuntamiento tiene “muy claro que queremos ser los más transparentes, además de no colapsar los servicios sociales” y, por ello, la tramitación del informe de vulnerabilidad necesario para la regularización se ha concentrado en la Casa de las Culturas, siguiendo un modelo similar al del Ayuntamiento de Bilbao, ha señalado.
Orós ha aportado también que, tras la entrada en vigor del real decreto el 16 de abril, al día siguiente, 17 de abril, el secretario de Estado “rectifica lo que recogía el decreto y dice sobre el modelo de vulnerabilidad, cada entidad lo hagamos como nos dé la gana”. “Ojito a los criterios, a la sensatez y a la seguridad jurídica que eso propone”, ha advertido.
Volumen de solicitudes y gestión municipal
En los tres primeros días de aplicación, en la Casa de las Culturas se ha atendido a más de 800 personas para ofrecer información. Se ha reforzado la línea 900, que canaliza todas las citas, y se han adaptado los sistemas informáticos, además de modificar el modelo de informe de vulnerabilidad para que “diera alguna certeza jurídica y alguna seguridad jurídica”.
Desde el 27 de abril se presta servicio tanto en horario de mañana como de tarde. Hasta el 7 de mayo se han registrado 2.243 solicitudes de empadronamiento y, en nueve días, se han tramitado 3.392 peticiones de informe de vulnerabilidad, se han asignado 3.164 citas y se han emitido 959 informes de vulnerabilidad.
La responsable municipal ha precisado que, a finales de mes, si se detecta que el dispositivo se queda corto, se reforzará, aunque ha aclarado que están a la espera de dos decisiones clave: por un lado, conocer si el Gobierno de España prorrogará el plazo de la regularización y, por otro, la resolución que adopte el Tribunal Supremo sobre este procedimiento.
Orós ha indicado que, por el momento, es “precipitado hacer una valoración económica” del impacto para las arcas municipales y ha apuntado que, una vez que se conozca el pronunciamiento del TS, “se dará a conocer porque será más ajustada”.
Asimismo, ha cuestionado que, si el real decreto vincula la irregularidad administrativa con la vulnerabilidad, “para qué se necesita un informe de vulnerabilidad, no hacía falta emplear a los servicios sociales” y ha añadido “qué gana el Gobierno de España con este informe que ha provocado el caos”.