El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado este viernes que seguirá “muy de cerca y con mucho interés” el proceso de declaración de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Tonelerías de Montilla-Moriles por parte de la Unión Europea (UE). A su juicio, esta futura figura de calidad “contribuirá no sólo al impulso industrial y vitivinícola de la comarca, sino también al enoturismo y al conocimiento de un oficio tradicional estrechamente ligado a la cultura del vino”.
Durante su estancia en la localidad cordobesa, Planas ha recorrido una de las empresas artesanales que lideran la solicitud de la IGP, subrayando que la tonelería es un oficio histórico asociado a la elaboración de vino en una de las Denominaciones de Origen más antiguas del país, Montilla-Moriles, donde hoy conviven los métodos tradicionales con procesos cada vez más tecnificados.
En la actualidad operan en la zona ocho tonelerías que generan empleo directo para 200 personas y alcanzan una producción anual cercana a los 40 millones de euros. La firma visitada por el ministro, Tonelerías José Luis Rodríguez, dispone de capacidad para fabricar 5.000 barriles al año, desde pequeñas capacidades de un litro hasta depósitos de 500 litros. Además de toneles nuevos y envinados, se dedican al tratamiento y recuperación de barricas usadas que han contenido oloroso, Pedro Ximénez o brandy.
Este tejido empresarial vive un momento de expansión con clara proyección exterior. A la demanda de las bodegas y productores locales se suma el creciente interés de destilerías internacionales por envejecer “whiskys premium” y otros destilados en barricas previamente envinadas con vinos de Montilla-Moriles, lo que refuerza el valor añadido de estas tonelerías.
La reciente reforma del reglamento comunitario sobre Indicaciones Geográficas, en vigor desde diciembre, ha abierto la puerta a que las IGP puedan extenderse también a productos artesanales e industriales, y no sólo a alimentos. Aprovechando este nuevo marco, las empresas toneleras de Montilla, junto con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y el apoyo del Ayuntamiento de Montilla, impulsan el reconocimiento de la IGP, un expediente de ámbito autonómico cuya tramitación inicial corresponde a la Junta de Andalucía antes de su envío a la UE.
Desarrollo rural y fondos de la PAC
Tras la visita a la tonelería, Planas se ha reunido con el alcalde de Montilla y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, y con otros responsables de la entidad para analizar el futuro de los fondos de desarrollo rural en el marco de la próxima Política Agraria Común (PAC) post27. El ministro ha reiterado “la necesidad de que, cuanto menos, se mantenga la consignación del actual período 2023-2027 y de que los programas de desarrollo rural tengan una consideración específica en los reglamentos”.
La REDR, que agrupa alrededor de 200 asociaciones de ámbito local, participa en la gestión del programa Leader. La PAC reserva a este instrumento un mínimo obligatorio del 5% de los fondos de desarrollo rural, porcentaje que en España se eleva actualmente al 10%.
Entre 2014 y 2025, el programa Leader ha contado con 1.200 millones de euros de aportación pública, lo que ha permitido movilizar una inversión global de 3.000 millones de euros. Con estos recursos se han puesto en marcha más de 35.000 proyectos canalizados a través de los grupos de acción local, que han facilitado la creación de unos 72.000 empleos en el medio rural.
Avances en las ayudas por borrascas
En cuanto a las ayudas habilitadas por las borrascas que afectaron de forma especial a Andalucía y Extremadura a comienzos de año, y que fueron aprobadas hace ya unos meses, Planas ha señalado que “se ha ido avanzando no sólo en las listas de potenciales beneficiarios, sino ya comenzando los primeros pagos”.
Como ejemplo, ha detallado que, en una primera relación en Montilla de perceptores que han aceptado las compensaciones del Gobierno de España por los daños sufridos, “hay 639 agricultores y ganaderos y la cantidad que se va a abonar es de 6,4 millones de euros”.
Asimismo, ha añadido que “en los seguros agrarios se ha eliminado la franquicia y aumentado la cofinanciación hasta el máximo límite legal, que es el 70%, y también se han efectuado ya los primeros pagos”, al tiempo que ha resaltado que “son 19 caminos rurales por un importe aproximado de 600.000 euros los que se van a acometer en las próximas semanas y meses a través de Tragsa, para acondicionarlos al quedar dañados por las últimas lluvias”.