Catorce comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han remitido una misiva a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall. En ella reivindican el "rigor técnico" con el que gestionan la población de lobo y critican la "actitud arbitraria" del Gobierno central en este ámbito.
En dicha carta, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Illes Balears, Madrid y Castilla y León reprochan al Ejecutivo que "pretender declarar el estado de conservación de esta especie como desfavorable cuando los datos científicos indican que es favorable".
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el resto de responsables autonómicos explican a la comisaria que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió un trámite no previsto en la normativa que, según denuncian, "pretende convencer a la opinión pública de que las comunidades no fueron capaces de aportar con rigor todos los datos y la información necesarios".
La Xunta subraya en un comunicado que, en la documentación de ese procedimiento, "se incluyen expresiones como valoraciones unilaterales y carentes de validación científica alguna que sugieren que la información recopilada por las comunidades no es fiable".
Para los gobiernos autonómicos, "resulta contradictorio que este nuevo trámite solo se considere preciso para la documentación del lobo, y no se ponga en cuestión, en ningún momento, el trabajo realizado para otras especies, que se hizo con el mismo procedimiento, con los mismos participantes y con los mismos criterios".
Además, sostienen que el Ejecutivo central "tampoco respetó en el caso del lobo el procedimiento de comunicación y diálogo para la validación formal de los archivos remitidos". En cambio, "sí hubo solicitudes de revisión por parte del Ministerio de cuestiones formales en los informes de otras especies, que fueron solucionadas en tiempo y forma".
En relación con los criterios utilizados en el análisis, las comunidades critican que el Gobierno se ampara en presuntas directrices de las autoridades comunitarias que, según apuntan, "o bien son falsas o bien siembran dudas sobre una supuesta inconsistencia de los datos autonómicos".
Igualmente aluden a "interpretaciones subjetivas" que el Ministerio realiza de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de la Unión Europea (TJUE), lo que, a su juicio, distorsiona el debate técnico y jurídico sobre el estatus de conservación del lobo.
Por último, los responsables autonómicos piden aclaraciones a la comisaria europea sobre unas recientes manifestaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que señalaba que ya había entregado "él mismo" los datos del lobo a la Comisión Europea, una información que, según remarcan las comunidades, no les fue comunicada ni compartida.