Baleares y Canarias han solicitado a la Unión Europea que establezca un tratamiento diferenciado en las ayudas de minimis dirigido específicamente a los territorios insulares.
Esta demanda se ha formalizado a través de una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, firmada por el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el consejero canario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.
Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la propuesta se plantea en el contexto del proceso de revisión del reglamento comunitario que fija las condiciones de este tipo de ayudas.
En la misiva, ambos ejecutivos autonómicos argumentan que la insularidad implica desventajas estructurales permanentes que afectan a la competitividad y a la propia viabilidad del sector primario, tanto agrícola como pesquero.
Entre los elementos que citan figuran la fragmentación territorial, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, los sobrecostes logísticos y el reducido tamaño de los mercados insulares.
En consecuencia, Canarias y Baleares sostienen que el actual régimen de ayudas de minimis no recoge de forma adecuada la realidad de las islas ni permite a las administraciones intervenir con la intensidad necesaria para atender las necesidades del sector.
Por este motivo, reclaman que los territorios insulares sean reconocidos de manera explícita como una categoría propia dentro del marco europeo de ayudas de Estado.
Esta actuación conjunta da continuidad al acuerdo hecho público el pasado mes de marzo por ambos gobiernos autonómicos, en el que ya expresaron su intención de exigir a la Unión Europea un tratamiento específico en las ayudas de minimis por su condición insular.
La propuesta común contempla, entre otras cuestiones, elevar los límites máximos de las ayudas de minimis para las islas, flexibilizar las restricciones vinculadas al transporte de insumos y materias primas esenciales y ajustar el régimen a las particularidades de la industria agroalimentaria insular, en especial de las empresas que trabajan principalmente con producto primario local.
Los dos gobiernos también plantean que este enfoque diferenciado se haga extensivo al sector pesquero, dado que en Canarias y Baleares la pesca se basa mayoritariamente en una flota artesanal y de pequeña escala, muy vinculada al territorio y sometida a importantes sobrecostes estructurales.
Asimismo, ambas administraciones sostienen que adaptar el régimen de minimis a las especificidades de la insularidad no supone una ventaja competitiva injustificada, sino un instrumento imprescindible para asegurar la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad del modelo agroalimentario europeo.
Por último, las dos comunidades reiteran su alineamiento con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo rural, y muestran su confianza en que su propuesta sea considerada en el actual proceso de revisión de la normativa.