La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, junto con sus homólogos de otras 11 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y de las ciudades de Ceuta y Melilla, han enviado este miércoles una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. En ella reclaman la convocatoria inmediata, en un plazo máximo de dos días hábiles, de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con el fin de analizar el estado de conservación del lobo.
Según ha informado la Xunta mediante una nota de prensa, la finalidad de esta solicitud es sacar adelante los informes sexenales previstos en la directiva europea relativa a la protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, con especial atención al documento que hace referencia a las poblaciones de lobo.
En la carta, los responsables autonómicos recuerdan que el Ejecutivo central tenía la obligación de remitir dichos informes a la Comisión Europea antes del 31 de julio del año pasado. Señalan que se trata de una exigencia comunitaria que afecta al conjunto de especies incluidas en la normativa.
En este sentido, inciden en que el Gobierno central "no ha hecho todavía a pesar de que la directiva obliga a los estados miembros a reportar sexenalmente a las autoridades comunitarias el estado de conservación de las especies incluidas en la normativa y que no se limitan únicamente al lobo, sino que afecta a otras muchas especies".
Las comunidades y ciudades firmantes --Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla-- reclaman que se celebre esta conferencia sectorial extraordinaria. Argumentan que "así lo permite el artículo 12 del reglamento interno de estas reuniones, que establece que pueden celebrarse para tratar asuntos urgentes o inaplazables a petición de, por lo menos, la tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial".
Por último, trasladan que confían en que, en esta ocasión, el Gobierno "no actúe con la misma arbitrariedad de ocasiones anteriores negándose a convocar este encuentro" y atienda la petición planteada por las comunidades y ciudades autónomas firmantes.