Asaja-Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, COAG Andalucía y UPA Andalucía han reiterado de forma conjunta su exigencia al Gobierno central para que adopte de inmediato medidas extraordinarias ante la situación excepcional que vive el campo andaluz. A su juicio, el encadenamiento de borrascas de este otoño e invierno, la fuerte sobrecarga administrativa de las entidades colaboradoras y la incertidumbre productiva que pesa sobre miles de explotaciones agrícolas y ganaderas obligan a reaccionar sin demora.
En esta línea, las organizaciones consideran imprescindible que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apruebe una ampliación extraordinaria del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el 15 de junio y sin sanciones para agricultores y ganaderos. Argumentan que concurre una situación de fuerza mayor por las lluvias persistentes, los daños en explotaciones e infraestructuras, los retrasos en las siembras y la dificultad para planificar con rigor numerosas declaraciones de cultivo, tal y como han expuesto en un comunicado conjunto.
Las entidades firmantes "no logran entender" la negativa del Ministerio y de su titular, Luis Planas, a aceptar esta demanda, recordando que la Junta de Andalucía ya ha ampliado el plazo dentro de sus competencias, pero que dicha prórroga "resulta insuficiente ante la magnitud de las dificultades que se están produciendo". Por ello, consideran que ahora corresponde al Gobierno central dar un paso adelante ante una solicitud del campo andaluz "plenamente justificada".
Según subrayan, "Y es que a la problemática habitual que conlleva la tramitación de la PAC se suma, además, el solapamiento de la gestión de ayudas extraordinarias estatales y autonómicas por las borrascas, lo que están provocando una carga de trabajo excepcional en cooperativas, organizaciones agrarias, entidades reconocidas y servicios técnicos". En este contexto, alertan de que mantener los plazos actuales "puede traducirse" en errores en la tramitación, expedientes incompletos o incluso en la pérdida de ayudas para agricultores y ganaderos que no alcancen a cerrar su solicitud por motivos ajenos a su voluntad.
Al mismo tiempo, las organizaciones agrarias y las Cooperativas reclaman al Ministerio de Hacienda que publique de una vez los índices de rendimiento neto y la reducción general del método de estimación objetiva (módulos agrarios) del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por distintas circunstancias excepcionales. Recuerdan que la campaña de la renta arrancó el 8 de abril y, un mes después, --a fecha de 8 de mayo-- el departamento aún no ha llevado al BOE la corrección de los índices para cada cultivo y zona, ajustados a la realidad del ejercicio agrario y ganadero de 2025.
De cara a la campaña de la renta de 2027, y a la vista de los daños ocasionados por el tren de borrascas de los últimos meses, las organizaciones piden además rebajas fiscales específicas para las explotaciones afectadas directamente por inundaciones y otras situaciones catastróficas recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, tanto para quienes tributan en el Régimen de Módulos como para los que lo hacen en Estimación Directa. Entre las medidas previstas en dicha norma, reclaman que se autorice con carácter excepcional una reducción de módulos en el IRPF que refleje con fidelidad el ejercicio agrario y ganadero de 2026, condicionado por daños meteorológicos, pérdidas de cosechas, aumento de los costes de producción, problemas de acceso a parcelas, deterioro de infraestructuras y una caída generalizada de la rentabilidad.
Las organizaciones sostienen que la fiscalidad agraria "debe adaptarse a la capacidad económica real de los productores", en especial en las zonas y cultivos más castigados por los temporales y por el encarecimiento de insumos básicos como la energía, el gasóleo, los fertilizantes, los piensos y otros medios de producción. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ASAJA Andalucía, COAG Andalucía y UPA Andalucía insisten en que la coyuntura del campo requiere "sensibilidad, coordinación institucional y respuestas inmediatas".
"Los agricultores y ganaderos no pueden asumir más incertidumbres ni riesgos administrativos en una campaña marcada por circunstancias tan excepcionales", han remarcado. Por ello, urgen al Gobierno de España a actuar "con urgencia" y a poner en marcha las medidas necesarias para proteger la renta de agricultores y ganaderos, garantizar una tramitación correcta de las ayudas y evitar la pérdida de recursos esenciales para sostener la actividad productiva en Andalucía, la principal potencia agrícola y agroalimentaria del país.