Greenpeace ha exigido al Gobierno que limite el tamaño de las explotaciones avícolas y cierre las granjas intensivas cercanas a zonas pobladas ante el aumento de brotes de gripe aviar. La organización ecologista alerta de que las macrogranjas se han convertido en un “caldo de cultivo perfecto” para la propagación de enfermedades entre aves domésticas y silvestres, con potencial riesgo para la salud humana.
La petición coincide con el anuncio del ministro de Agricultura, Luis Planas, de prohibir temporalmente la cría de aves al aire libre en España debido al incremento del riesgo sanitario.
La gripe aviar se cobra más de 2,5 millones de aves en España
Desde el 1 de julio, Europa ha registrado 139 focos de gripe aviar en explotaciones comerciales de aves, 14 de ellos en España, donde el virus ha obligado al sacrificio de 2.586.751 animales, según datos de Greenpeace. Además, 68 focos se han detectado en aves silvestres en nuestro país, afectando espacios naturales como Doñana, Gallocanta y las Tablas de Daimiel.
La ONG reclama reducir la densidad de animales en granjas siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), así como prohibir la ganadería industrial situada a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.
Hacia un plan estratégico de ganadería sostenible
Greenpeace ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que actualiza las normas básicas de ordenación ganadera, solicitando incluir límites al tamaño de las explotaciones de aves de corral y cerdos, y cerrar la vía legal que permite eludir la autorización ambiental integrada mediante proyectos fragmentados.
Además, propone un Plan Estratégico de Ganadería para España que determine la carga ganadera máxima por territorio, fomente una transición justa y apueste por modelos extensivos y ecológicos que reduzcan los riesgos zoonóticos y mejoren la sostenibilidad ambiental.
LAa «supermacrogranja» de San Clemente, en el punto de mira
Como ejemplo del modelo que rechazan, la organización denuncia el proyecto del Grupo Avícola Rujamar S.L. en San Clemente (Cuenca), que prevé una explotación industrial con 1.080.000 gallinas ponedoras, lo que la convertiría en “la más grande y contaminante del país”.
“El Gobierno tiene la oportunidad de impedir que se sigan planteando proyectos de súper macrogranjas como la de San Clemente, y lo debe hacer”, advirtió Luís Ferreirim, responsable de ganadería de Greenpeace.
La ONG exige una moratoria inmediata a la ganadería intensiva y una reducción del 50% de la cabaña ganadera industrial para 2030, con el fin de evitar futuras crisis sanitarias y avanzar hacia un modelo alimentario sostenible.











