Más de una decena de comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han enviado una misiva a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que reivindican el “rigor técnico” de su actuación sobre el lobo y reprochan al Gobierno central su “actitud arbitraria” en esta cuestión.
En la carta, firmada por Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León, se acusa al Ejecutivo de “pretender declarar el estado de conservación de esta especie como desfavorable cuando los datos científicos indican que es favorable”.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y sus homólogos explican a la responsable comunitaria que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió un procedimiento adicional no contemplado en la normativa que, según denuncian, “pretende convencer a la opinión pública de que las comunidades no fueron capaces de aportar con rigor todos los datos y la información necesarios”.
Según ha destacado la Xunta en un comunicado, en la documentación de ese proceso “se incluyen expresiones como valoraciones unilaterales y carentes de validación científica alguna que sugieren que la información recopilada por las comunidades no es fiable”.
Las comunidades subrayan que “resulta contradictorio que este nuevo trámite solo se considere preciso para la documentación del lobo, y no se ponga en cuestión, en ningún momento, el trabajo realizado para otras especies, que se hizo con el mismo procedimiento, con los mismos participantes y con los mismos criterios”.
Asimismo, reprochan que el Gobierno central “tampoco respetó en el caso del lobo el procedimiento de comunicación y diálogo para la validación formal de los archivos remitidos”, mientras que “sí hubo solicitudes de revisión por parte del Ministerio de cuestiones formales en los informes de otras especies, que fueron solucionadas en tiempo y forma”.
En relación con los criterios de análisis, las comunidades denuncian que el Ejecutivo invoca supuestas directrices de las autoridades comunitarias que “o bien son falsas o bien siembran dudas sobre una supuesta inconsistencia de los datos autonómicos”.
También cuestionan “interpretaciones subjetivas” que el Ministerio realiza de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de la Unión Europea (TJUE).
Por último, los representantes autonómicos piden aclaraciones a la comisaria europea sobre unas recientes manifestaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que aseguraba que ya había entregado “él mismo” los datos del lobo a la Comisión Europea, una información que, según las comunidades, no les ha sido comunicada.