La organización agraria URA ha reclamado este sábado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, depuren responsabilidades políticas por lo que define como un “intento de golpe de estado” en la IGP Ternera Asturiana, después de conocerse la sentencia del TSJA sobre el proceso electoral del consejo regulador.
URA afirma que el Ejecutivo autonómico actuó “con total premeditación y alevosía”, pese a haber sido advertido de la presunta ilegalidad de sus decisiones, y responsabiliza a la Consejería de haberse inmiscuido para frenar el desarrollo “normal y democrático” de las elecciones en la entidad.
La organización subraya que el procedimiento judicial se sustenta en la defensa de derechos fundamentales frente a actuaciones de las administraciones públicas, lo que, a su entender, pone de relieve la gravedad de los hechos examinados por el tribunal.
De acuerdo con URA, la resolución judicial señala que la Junta Electoral pidió de forma expresa a la Consejería que se abstuviera de dictar resoluciones destinadas a designar una comisión gestora en el consejo regulador, una advertencia que, según la organización, no fue atendida.
Además, sostiene que el tribunal considera que la actuación de la Administración vulneró el derecho de asociación, reconocido en la Constitución, al impedir la celebración de unos comicios democráticos y apartar a los representantes del órgano soberano del consejo regulador “sin razón justificativa”.
“Los mismos que permanecen en silencio mientras su compañera de filas Adriana Lastra hostiga a los ganaderos por manifestarse en defensa de su medio de vida, son quienes consumaron un abuso contra los derechos fundamentales de los miembros de la IGP, dando cumplida cuenta del estado de abuso autoritario al que tienen sometido al medio rural asturiano quienes decían representarlo, y quienes lo gobiernan, como siempre, juntos de la mano”, denuncian.
En consecuencia, URA ha solicitado el cese inmediato del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, e insta al presidente del Principado, Adrián Barbón, a asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido.
La organización ha reclamado igualmente explicaciones al resto de entidades que, según indica, intervinieron en el proceso, entre ellas UCA, COAG, Asaja y Aseava, al considerar que su participación fue imprescindible para ejecutar las decisiones finalmente adoptadas.