A finales de 2020, España estaba emergiendo de la primera ola de la COVID-19, las infraestructuras digitales habían demostrado su valor para hacer frente a situaciones de emergencia extrema. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el 1 de diciembre de 2020 el “Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios», propuesto por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
El plan incorporaba medidas para alcanzar la cobertura universal de fibra óptica e impulsar el despliegue de 5G. Pero no solo aspiraba reforzar nuestras telecomunicaciones. Por primera vez en un plan de este tipo se incluían acciones para atraer inversiones en el ámbito de los centros de proceso datos (CPDs), configurando el eje denominado “España Hub de Datos”.
Desde entonces, ha habido una evolución positiva de la industria de los centros de datos. En primer lugar, el sector ha tomado conciencia como un ente diferenciado en el ecosistema digital, constituyendo una asociación específica: Spain DC. También el conjunto nacional de infraestructuras de datos ha ganado peso en la escena europea.
Apoyo económico al sector
En particular, se estima que durante el periodo 2022-26 Madrid pasará de representar un 4,4% a un 11,2% de la capacidad eléctrica instalada para dar servicio a CPDs en el conjunto de ciudades FLAP+M (Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París + Madrid). Finalmente, la Administración ha explicitado un apoyo económico al sector, con ayudas de más de 160 millones a empresas y centros públicos de investigación para su participación en el proyecto de interés común europeo de servicios en la nube de próxima generación (IPCEI-CIS)
Ha habido una evolución positiva de la industria de los centros de datos en España: el sector ha tomado conciencia como un ente diferenciado en el ecosistema digital y ha ganado peso en la escena europea
El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública se encamina a continuar impulsando el ecosistema de los centros de datos. En las comparecencias ante Congreso y Senado para exponer las líneas generales del departamento, el titular de la cartera ministerial, José Luis Escrivá, ha anunciado un marco regulatorio para un despliegue sostenible de centros de datos en España.
Por ello, es quizás el momento de debatir sobre los costes para la sociedad y sus beneficios, para finalmente adentrarnos en las alternativas de actuación en este tipo de políticas.
Retos medioambientales de los centros de datos
Los principales costes que se atribuyen a una política de promoción del sector de los centros de datos son de carácter medioambiental. Diversos estudios reflejan que las infraestructuras de procesamiento y almacenamiento hacen uso de una cantidad creciente de recursos energéticos e hídricos, pero es necesario prestar atención a la fotografía completa que presentan. Es necesario evaluar si el coste es asumible y si el impacto global en el medioambiente podría ser positivo.
No existe un análisis público para nuestro país de este coste, pero el estudio realizado por ARCEP para el entorno de Francia puede servirnos de referencia. Ciertamente, se refleja un aumento anual de un 15% en el consumo de energía de los CPDs, situándose en 2,1 TWh en 2022, y un incremento del consumo de agua en un 20%, alcanzando los 482.000 m3.
Pero es importante resaltar también que son porcentajes mínimos en el consumo de energía y agua global de la sociedad y economía, respectivamente, 0,44% y 0,02%. Algo similar sucede con su huella de carbono. También registra el informe que en el periodo estudiado el consumo global de energía en Francia decreció un 4%, sin duda achacable, al menos en parte, a la digitalización de sociedad y economía en que intervienen los CPDs.
A pesar de su relativo bajo impacto medioambiental en el global de la sociedad y economía, el apoyo al sector ha de conllevar la imposición de objetivos de sostenibilidad
¿Puede España asumir el coste de apoyar a una industria que introduce un crecimiento creciente de electricidad y agua? Si, si se promueven y planifican las infraestructuras verdes adecuadas. Dentro del consumo de energía, España está comenzando a hacer realidad la promesa de convertirse en la Arabia Saudí de las renovables.
El 2 de noviembre de 2023, España alcanzó su récord de generación renovable con un 73,3%, y también se están registrando máximos en las horas de precio de electricidad a precio cero en el mercado mayorista. Por el lado del uso de recursos hídricos, las plantas desalinizadoras han conseguido producir alrededor de 1.800 hm³ de agua al año, revirtiendo el déficit de 1.300 hm³ causados por el cambio climático.
Beneficios tras promover el despliegue
En el lado de los beneficios de la disponibilidad de una densa infraestructura de datos, conviene comenzar señalando el fortalecimiento de la autonomía digital estratégica. Empecé mencionando el papel que tuvieron las infraestructuras digitales durante los confinamientos derivados de la COVID-19, demostrándose su importancia para la resiliencia y recuperación de un país en situación de emergencia.
Pero la relevancia se ha acrecentado con la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Dejando a un lado su interés de negocio, el CEO de Nvidia, Jen-Hsun Huang, tiene toda la razón al señalar que los estados han de construir sus infraestructuras soberanas de IA, y esas infraestructuras son los centros de datos.
Respecto a la contribución al ecosistema digital, los principales destinos de inversión en CPDs en la UE coinciden con los Estados miembros que encabezan el índice de digitalización de sociedad y economía (estados nórdicos, Irlanda, Países Bajos). También parece existir una contribución relevante de la industria de los centros de datos al desarrollo económico, la asociación sectorial estima que la industria de los CPDs aportan el 3,9% del PIB de España.
Estrategia integral de centros de datos
La expansión de la industria de los centros de datos en España se ha realizado con una tímida contribución de los poderes públicos. Son necesarias más actuaciones para consolidar un sector que parece estar en disposición de contribuir positivamente a la economía y desarrollo del ecosistema digital.
Obviamente, la primera acción de los poderes públicos sería realizar un análisis de impacto similar al realizado por ARCEP en Francia, complementando el aspecto medioambiental con datos sobre su relevancia para la economía y el ecosistema.
He señalado también otra actuación adicional, la planificación y despliegue de las infraestructuras verdes para hacer frente a los recursos hídricos y energéticos necesarios. Los beneficios de dicha planificación no debieran ser solo para el sector, también debería ser herramienta para promover la cohesión territorial, conduciendo inversiones hacia áreas necesitadas de desarrollo económico.
La industria de los centros de datos en España ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años impulsada por la transformación digital
A pesar de su relativo bajo impacto medioambiental en el global de la sociedad y economía, el apoyo al sector ha de conllevar la imposición de objetivos de sostenibilidad. Parece razonable desarrollar una regulación que incluya esquemas de etiquetado y códigos de conducta medioambiental para CPDs, alineándose de modo temprano con las iniciativas previstas por la Comisión Europea en su plan de acción para digitalizar el sector energético.
Finalmente, son necesarias actuaciones de acompañamiento transversales que incentiven una inversión que promueva de modo efectivo la autonomía digital. Es previsible la necesidad de favorecer el desarrollo del capital humano que soporte la demanda y podría ser necesario algún incentivo fiscal.
Pero también han de implementarse y dotarse de recursos humanos los mecanismos de vigilancia pública sectorial que eviten un crecimiento excesivo de la inversión especulativa de carácter inmobiliario y la entrada de capital foráneo que conlleve riesgos geopolíticos y para la soberanía digital.
Conclusiones
La industria de los centros de datos en España ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años impulsada por la transformación digital, siendo previsible que las aplicaciones de la IA incrementen exponencialmente la demanda.
Tras unas políticas públicas primigenias desplegadas en 2020, es necesario abordar una estrategia pública integral para el sector de los centros de datos, abordando los desafíos en términos de sostenibilidad ambiental y maximizando los beneficios económicos y geopolíticos de impulsar su crecimiento en una dimensión ajustada a la realidad nacional.
SOBRE LA FIRMA Emilio García García es funcionario del Estado y y exdirector del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Analista de políticas digitales en medios como Cinco Días y Agenda Pública.