QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los hechos que están aconteciendo en los últimos meses (o años) en torno a la gestión de la RFEF deben hacer pensar al legislador y a la sociedad en su conjunto que es más necesario que nunca acometer diversos cambios en los órganos gubernamentales del deporte español.
Es el momento. La ciudadanía y, en particular, los aficionados al deporte asistimos atónitos a la pléyade de acontecimientos que se van superponiendo a medida que pasan los días. Nada tienen que ver con la práctica del deporte en sí, es más, se asemeja al clima político irrespirable en nuestro país.
En este sentido, ni el deporte (ámbito donde los españoles, en la mayoría de las ocasiones, nos hemos unido) se salva de la polarización existente. Una muestra de ello ha sido la reciente comparecencia, bajo una gran expectación, del máximo responsable del Consejo Superior de Deportes (CSD), otrora ministro del ramo que fue coetáneo durante 2 años de Rubiales en la presidencia de la RFEF, entre otras cuestiones.
No fue, precisamente, un adalid de la supervisión en la gestión del fútbol español. Sin embargo, el quinto secretario de Estado para el Deporte de Pedro Sánchez expresó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados la necesidad de regeneración en el deporte español; máxime cuando en el horizonte otea la organización de la próxima Copa Mundial de la FIFA en 2030 junto a Marruecos y Portugal.
Es evidente que el deporte español no pasa por su mejor momento y, como consecuencia de ello, su reputación internacional se ha visto mermada para con las organizaciones internacionales rectoras del deporte.
La ciudadanía y, en particular, los aficionados al deporte asistimos atónitos a la pléyade de acontecimientos que se van superponiendo a medida que pasan los días
Ese es el caso de la FIFA, organismo responsable del fútbol a nivel internacional, que está trabajando de forma fluida con el CSD para tratar las cuestiones relativas a la presidencia de la RFEF, habida cuenta, además, de que fue la propia FIFA la que inhabilitó a Luis Rubiales por la falta de recursos legales del CSD para intervenir en esta dirección.
En cualquier caso, desde la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, se van a tratar, en los próximos tiempos, cuestiones capitales y fundamentales para sentar las bases del futuro del deporte en España. Es, sin duda, una oportunidad.
Es evidente que el deporte español no pasa por su mejor momento y, como consecuencia de ello, su reputación internacional se ha visto mermada
Estatuto del/la deportista
Mediante la creación de una subcomisión parlamentaria se va a hablar, discutir y debatir acerca de uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo de la nueva Ley del Deporte como es el Estatuto del/la deportista.
La aprobación de un Estatuto como el del/la Deportista requiere de un cierto consenso y acuerdo no solo entre los actores políticos que forman parte del poder legislativo, sino también entre deportistas, asociaciones y expertos
Especialmente relevante resulta este Estatuto, a mi juicio, en tres aspectos: el primero de ellos es para dotar al deporte nacional de un mayor grado de igualdad, promoción del deporte femenino y regulación de los aspectos básicos retributivos de las mujeres en el deporte profesional y profesionalizado; por otro lado, los instrumentos y herramientas al servicio de los deportistas para mejorar su reciclaje profesional al término de su carrera deportiva; y, finalmente, debiera de servir para la inclusión definitiva de otros profesionales del deporte (que en la Ley se quedan a medio camino) como el colectivo arbitral, por ejemplo.
No en vano, la aprobación de un Estatuto como el del/la Deportista requiere de un cierto consenso y acuerdo no solo entre los actores políticos que forman parte del poder legislativo, sino también se deben recabar las opiniones y demandas de los propios deportistas, de asociaciones y de expertos en la materia. En particular, será interesante (si finalmente ve la luz dicho Estatuto) las eventuales implicaciones en términos laborales que puedan tener el redactado de sus preceptos.
Código Ético y de Buen Gobierno
Más de lo mismo. El anuncio del CSD de la creación y redacción de un Código Ético y de Buen Gobierno no supone ninguna novedad en el gobierno federativo. Así, pues, el artículo 60 de la Ley del Deporte ya atribuye la obligación de las federaciones deportivas de adoptar un Código de Buen Gobierno. A las pruebas me remito en relación con el resultado que ha tenido, por ahora.
Este código precede a la creación de una comisión para velar por su cumplimiento formada por expertos de reconocido prestigio en la materia. De nuevo, ninguna novedad; pues en el caso de la RFEF la comisión de ética y el departamento de integridad estaban formados por profesionales de reconocido prestigio y excelente trayectoria. El principal problema, aquí, radica en la independencia de estos órganos y en la información que llega a sus manos, amén de las leves consecuencias jurídicas que tienen sus resoluciones.
Por tanto, casi me atrevería a afirmar que el conjunto del deporte español alberga pocas esperanzas, a bote pronto, de que estas herramientas y comisiones vayan a arrojar luz a la gestión deportiva y federativa. Eso sí, son una palanca efectiva para, por desgracia, el desprestigio de los profesionales y juristas de reconocido prestigio valga la redundancia, que las integran.
El anuncio del CSD de la creación y redacción de un Código Ético y de Buen Gobierno no supone ninguna novedad en el gobierno federativo
Sistema electoral federativo
A propósito de la Orden EFD 42/2024 que regula los procesos electorales federativos y de la tramitación del nuevo Real Decreto de Entidades Deportivas, unido al contexto actual, no se atisba mejor panorama para acometer la principal reforma, necesaria y urgente, que necesita el sistema electoral en las federaciones deportivas españolas.
Actualmente, es una asamblea la encargada de la elección de la presidencia de la federación que corresponda. En dicha asamblea están representados los distintos colectivos federados: los propios deportistas, clubes, técnicos y árbitros y jueces deportivos. Como es lógico y sucede en otros ámbitos de la realidad económica o política de nuestro país, las asambleas con compromisarios/representantes suelen estar controladas por quien ostenta el poder, es decir, son altamente corporativistas.
Esto sucede también en el conjunto de federaciones deportivas españolas. Singularmente, lo estamos observando en la RFEF donde los máximos responsables de las federaciones territoriales cuentan con el control (casi absoluto) de la asamblea de representantes, de los avales y, en definitiva, de todo el proceso electoral.
La solución que, por supuesto no terminaría de un plumazo con el asunto, pero ayudaría a dotar de mayor transparencia el proceso, y que se viene reclamando desde distintos ámbitos del deporte, es la de democratizar en su totalidad el proceso de elecciones a la presidencia de las federaciones, esto es, un federado, un voto.
De este modo se depositaría el poder en la soberanía de los federados, donde un aval o un voto de cualquier deportista, club, entrenador o árbitro valdría lo mismo, y vaciaría de poder la asamblea corporativista de cualquier federación. Acometer un cambio así sería abrir la Caja de Pandora.
La solución que se viene reclamando desde distintos ámbitos del deporte es la de democratizar en su totalidad el proceso de elecciones a la presidencia de las federaciones
Desarrollo de la nueva Ley del Deporte
Ciertamente, la nueva Ley del Deporte que sustituía a la de 1990, podría afirmarse que no ha cumplido con las expectativas (que ya de por sí eran pocas) después de 32 años de vigencia de la norma que le precedía. Ha recibido, además, muchas críticas de expertos juristas deportivos por su falta de pulcritud en cuanto a la técnica legislativa, así como la amplitud y falta de precisión en muchos aspectos que están dando lugar a resoluciones judiciales novedosas y controvertidas. Tampoco, en vista de los acontecimientos que se están produciendo, ha servido para mejorar la gestión o el buen gobierno deportivo.
De igual manera, el desarrollo reglamentario se está produciendo a cuentagotas, debido también a la inestabilidad política y legislativa de las instituciones.
Las novedades de las normas que perfeccionan y amplían la propia Ley del Deporte se quedan, en aspectos clave, en cambios superficiales o cosméticos. Tal es así, que, en numerosos foros y debates de Derecho Deportivo, se concluye que la Ley del Deporte va a ser sustituida por otra antes de que se complete su desarrollo legislativo.
En consecuencia, y respondiendo a la pregunta que plantea este apartado, por el momento, sin duda, estamos desaprovechando la oportunidad que brinda el desarrollo legislativo de una regulación novedosa como es la Ley del Deporte. ¿Conseguiremos, entre todos, cambiar esta dinámica? Lo veremos; el panorama no puede ser más halagüeño y desalentador a la vez.
SOBRE LA FIRMA Guillén Pajuelo es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y coordinador Académico del Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
