QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ayer, el Senado aprobaba el dictamen que, una vez alcanzado acuerdo también en el Congreso, dará continuidad al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El valor de este gran acuerdo reside en la idea que lo sustenta: la violencia machista debe ser un asunto de Estado, es decir, debe apelar a todas las fuerzas políticas, a todas las administraciones públicas y también a la sociedad civil.
Por eso, el PSOE pergeñó esta herramienta parlamentaria que se aprobó en diciembre de 2017, con amplia mayoría del parlamento. El Pacto tiene por objetivo incidir en todos los ámbitos de la comunidad y estructura sus medidas en once ejes de trabajo financiados con más de 177 millones de euros desde que gobierna Pedro Sánchez.
La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema político que limita libertades, daña infancias y, en último término, cercena vidas
Aquel acuerdo se cerró por un plazo de cuatro años, lo cual supone que, a final de ese lapso de tiempo, debía ser actualizado y, en caso de ser necesario, renovado. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema político que limita libertades, daña infancias y, en último término, cercena vidas, por eso, en noviembre del año pasado, todos los grupos políticos excepto Vox nos comprometimos a renovarlo.
El trabajo de fiscalizar y dirigir el rumbo del pacto le corresponde a la Comisión Especial de Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género, creadas a tal efecto tanto en el Congreso como en el Senado. En ambas comisiones han comparecido expertos, organizaciones, administraciones y responsables políticos de la ejecución del Pacto. Fruto de este trabajo, las cámaras sacarán conclusiones que darán luz verde a la renovación.
Pues bien, el Senado ya ha culminado la labor. Después de un debate profuso y calmado en la comisión, el Pleno del Senado ha aprobado el dictamen suscrito por todas las fuerzas políticas excepto Vox. Una vez que el Congreso alcance también el acuerdo, ambos dictámenes se elevarán al Gobierno para su puesta en marcha y, así, dar por renovado este pacto.
El Pacto de Estado contra la violencia de género es un ejemplo de la fuerza democrática del parlamento. Solo allí podría alcanzarse un compromiso cuya fuerza reside en el acuerdo, en el consenso, de todas las fuerzas políticas. Evidentemente, el marco que plantea es extraordinariamente valioso porque todos los grupos han decidido emprender un rumbo común en la lucha contra la violencia machista, un rumbo que tiene que ver con entender que esta violencia es un problema que nos atañe como país y que por tanto debemos erradicar unidos. La relevancia también tiene que ver con lo extraordinario de estos pactos: el terrorismo o las pensiones son alguno de los escasos ejemplos que comparten naturaleza con este.
El Congreso y el Senado cuenta con grandes parlamentarios que, alejados de la confrontación, están dedicados a pensar un país mejor
Normalmente el Parlamento ocupa noticias y espacio en prensa por lo que se denomina “bronca”. Por desgracia, suele darse poco foco mediático a este tipo de acuerdos, trabajados desde la calma, la rigurosidad y con largas horas de dedicación como herramienta de trabajo. Sería una gran noticia para la democracia que esta forma de hacer fuera más reconocida y valorada: por suerte, el Congreso y el Senado cuenta con grandes parlamentarios que, alejados de la confrontación, están dedicados pensar un país mejor.
SOBRE LA FIRMA Andrea Fernández es Secretaria de Igualdad del PSOE y diputada en el Congreso por León.
