¿Está Europa preparada para la inteligencia artificial general?

Francisco Pérez Bes, adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos y experto en Derecho Digital: "Lo que hasta hace poco pertenecía al terreno de la especulación tecnológica empieza así a incorporarse al discurso institucional"

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Francisco Pérez Bes es adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos

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En una reciente respuesta parlamentaria, la Comisión Europea ha reconocido como plausible que, en el horizonte de la próxima década, la inteligencia artificial pueda evolucionar hacia sistemas con capacidades más generales, potencialmente equiparables en determinados ámbitos al razonamiento humano. Lo que hasta hace poco pertenecía al terreno de la especulación tecnológica empieza así a incorporarse al discurso institucional.

El reconocimiento no es menor. Supone aceptar que el debate sobre la inteligencia artificial ya no se limita a la eficiencia productiva o a la automatización de tareas concretas, sino que puede afectar a la propia estructura cognitiva del trabajo en nuestras economías avanzadas.

Si esa trayectoria tecnológica se confirmara, la IA dejaría de ser una herramienta transversal para convertirse en un factor estructural de reorganización económica, institucional y social.

Del impacto laboral a la estructura de renta

El elemento más significativo de la respuesta de la Comisión no es tanto tecnológico como laboral. Bruselas afirma estar monitorizando el impacto de la IA en el mercado de trabajo para anticipar necesidades formativas, detectar disrupciones y diseñar políticas inclusivas. Para ello, prevé desarrollar indicadores específicos desde el AI Observatory, en coordinación con el European Skills Intelligence Observatory.

Este enfoque es coherente con la tradición europea: observar, medir y acompañar las transiciones.

Sin embargo, si la automatización avanzara desde tareas rutinarias hacia actividades cognitivas cualificadas —jurídicas, financieras, técnicas o creativas— el debate ya no trataría sólo de la sustitución de funciones, sino que se centraría en la posible concentración de productividad y renta en torno al capital tecnológico.

Este enfoque es coherente con la tradición europea: observar, medir y acompañar las transiciones

Así pues, la cuestión estratégica no es cuántos empleos se transforman, sino quién captura la productividad generada por sistemas de alta capacidad cognitiva.

Inversión y soberanía

En el plano presupuestario, el próximo Marco Financiero Plurianual identifica el liderazgo digital y la soberanía tecnológica como prioridades estratégicas, otorgándoles una asignación de 54.800 millones de euros, cifra que multiplica los actuales programas combinados en materia digital.

La constatación es clara: en un entorno de competencia sistémica con Estados Unidos y China, Europa no puede limitarse a regular tecnologías desarrolladas por terceros. Necesita infraestructuras, talento, capacidad computacional y ecosistemas propios que ofrezcan una verdadera soberanía digital

No obstante, la ecuación es compleja. El Fondo Social Europeo seguirá invirtiendo en capacitación en inteligencia artificial para mitigar impactos laborales, pero la formación, por sí sola, no garantiza la creación de nuevas oportunidades si la base industrial y tecnológica continúa dependiendo del exterior.

Sin una estrategia industrial robusta, el riesgo es que Europa desarrolle sofisticación regulatoria mientras el núcleo del valor tecnológico se consolida en otras jurisdicciones.

Gobernanza normativa

Europa ha demostrado liderazgo en gobernanza digital. El recientemente aprobado Reglamento de Inteligencia Artificial establece un marco pionero basado en niveles de riesgo. Asimismo, el Reglamento de Gobernanza de Datos y el Reglamento de Datos configuran una arquitectura regulatoria ambiciosa en materia de datos.

Sin embargo, regular riesgos tecnológicos no equivale a diseñar un nuevo contrato social adaptado a una economía de automatización avanzada.

El Reglamento de Inteligencia Artificial aborda seguridad, transparencia y supervisión. No resuelve, en cambio, interrogantes estructurales como:

  • ¿Cómo se redistribuye la productividad cuando el capital tecnológico sustituye funciones cognitivas de alto valor?
  • ¿Qué mecanismos fiscales pueden compensar la concentración derivada de modelos altamente escalables?
  • ¿Está el Estado del bienestar europeo preparado para absorber transiciones laborales rápidas y asimétricas?

La gobernanza técnica es imprescindible. Pero el desafío que plantea una eventual inteligencia artificial general es político y macroeconómico.

De la monitorización a la anticipación estructural

La estrategia actual de la Comisión es coherente dentro del marco competencial europeo. No obstante, si la aceleración tecnológica fuera más intensa de lo previsto, la mera monitorización podría resultar insuficiente.

A diferencia de revoluciones industriales anteriores, centradas en la mecanización física, la automatización cognitiva incide directamente en profesiones cualificadas que sostienen amplias capas de clase media. La transformación podría no ser gradual ni homogénea, sino rápida y concentrada en determinados sectores.

En este sentido, la anticipación real no consiste únicamente en generar indicadores, sino en explorar escenarios estructurales y preparar respuestas fiscales, educativas, industriales y redistributivas a su altura.

Poder, cohesión y ventana temporal

El debate sobre la inteligencia artificial general no es un ejercicio futurista. Es una discusión sobre poder económico, soberanía tecnológica y cohesión social en la Europa de la próxima década.

Europa dispone de capacidad normativa, instrumentos presupuestarios y experiencia institucional. La pregunta estratégica es si esos instrumentos se están articulando con la ambición necesaria para una transformación potencialmente estructural.

Porque si la próxima frontera tecnológica se aproxima más rápido de lo previsto, la cuestión no será si Europa estaba informada, sino si estaba verdaderamente preparada.

sobre la firma:

Francisco Pérez Bes es adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos. Además, fue socio en el área de Derecho Digital de Ecix Group y es ex Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).