El uso de la tecnología y el acceso a internet por parte de los menores en España es algo generalizado. Según el proyecto Infancia Digital, impulsado por UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática y Red.es, el acceso al móvil y el uso de redes sociales están plenamente integrados en la vida cotidiana, con un incremento progresivo con la edad. El 84,2% de chicos y chicas tiene móvil propio y la edad media de acceso se sitúa en los 10,8 años, en un contexto marcado por una mayor vulnerabilidad emocional propia de la adolescencia.
Las cifras reflejan con claridad esta utilización intensiva: casi el 20% de los menores pasa más de cinco horas en redes sociales durante el fin de semana y el 14,2% presenta malestar emocional. Además, uno de cada cuatro estudiantes puede estar sufriendo acoso escolar. Todo ello evidencia cómo la construcción de identidades digitales y la exposición constante influyen en el equilibrio entre lo online y lo offline.
En la misma línea el informe de Red.es sobre el Uso de las tecnologías por menores en España, confirma la extensión del fenómeno: el 96% utiliza internet y el 95,8% emplea ordenador o tablet. A pesar del amplio consenso social sobre la necesidad de protección —el 94% apoya medidas como la verificación de edad o el control parental—, el 23,2% de las familias no aplica ningún tipo de protección.
Riesgos: salud, convivencia y exposición temprana
El uso temprano, intensivo y sin acompañamiento de la tecnología tiene repercusiones en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel fisiológico como de salud mental. La adolescencia, ya de por sí una etapa de vulnerabilidad, se ve condicionada por el tiempo de exposición y por el tipo de contenidos consumidos.
También en Infancia Digital, dejan claro que la convivencia también se ve afectada. El uso de la tecnología impacta en las relaciones familiares y escolares, con capacidad para amplificar conductas. Aunque algunas prácticas de riesgo descienden, persisten otras como la violencia digital en la pareja.
El acceso a contenidos inapropiados es otro de los principales focos de preocupación. La búsqueda y consumo de contenidos sexuales forma parte del proceso de exploración adolescente, pero el acceso temprano, a menudo involuntario y sin educación, implica riesgos que pueden afectar al bienestar.
En paralelo, los videojuegos constituyen una fuente de ocio, socialización y desarrollo de habilidades, aunque su impacto depende de la frecuencia, los contenidos y el acompañamiento.
El informe de Red.es subraya que la ciudadanía identifica riesgos como relaciones peligrosas, sextorsión o grooming. Sin embargo, la falta de medidas de protección en una parte relevante de los hogares pone de manifiesto la necesidad de reforzar el acompañamiento familiar.
Legislación: España y Europa ante el reto digital
Como ya publicamos en Demócrata, el Gobierno ha impulsado el Proyecto de ley de Protección de menores en entornos digitales, que plantea medidas como el control parental en dispositivos y la obligación de informar sobre los riesgos en el etiquetado de productos tecnológicos. La norma también contempla reforzar el Código Penal en aspectos como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o la suplantación de identidad.
Uno de los puntos más relevantes es el debate sobre la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, junto con la regulación del uso de dispositivos en el ámbito educativo. Sin embargo, la tramitación parlamentaria presenta incertidumbres, al tratarse de una ley orgánica que requiere mayoría absoluta.
En el ámbito europeo, la Comisión Europea trabaja en una aplicación de verificación de edad que permitirá a los usuarios demostrar su edad al acceder a plataformas online. El sistema, basado en la “prueba de conocimiento cero”, busca garantizar la privacidad y evitar la exposición de datos personales.
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Ley de Servicios Digitales
La Ley de Servicios Digitales (DSA), aprobada por el Parlamento Europeo hace cuatro años, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales en el entorno digital y obligar a las plataformas a rendir cuentas por los contenidos publicados en sus plataformas. Al tratarse de un reglamento, su aplicación es directa y sus obligaciones están plenamente vigentes desde febrero de 2024.
Sin embargo, en España persiste un problema clave: aún no se han otorgado todas las competencias necesarias al organismo encargado de supervisar su cumplimiento. Ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), designada por el Gobierno como coordinador de los mercados digitales, pero que necesita una habilitación legal para poder requerir información a las plataformas, iniciar investigaciones, realizar inspecciones o imponer sanciones.
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Esta habilitación ha sido reclamada de forma reiterada por el propio supervisor, pero ha encallado en el Congreso en varias ocasiones. La última, cuando la Cámara Baja rechazó la admisión a trámite de una proposición de ley impulsada por el PSOE para acelerar la reforma. Estas modificaciones ya están incluidas en otro proyecto legislativo en tramitación, aunque sin visos de aprobarse a corto plazo.
El intento de una reforma exprés tampoco prosperó. La iniciativa quedó sin apoyos suficientes tras el rechazo de varios grupos parlamentarios, mientras que el PP condicionó su respaldo a cuestiones ajenas a la norma, como la renovación de la Presidencia de la CNMC.
El resultado es que, pese a que la normativa europea está plenamente en vigor, España sigue sin dotar al supervisor de las herramientas necesarias para aplicarla con eficacia.
Pacto de Estado: una responsabilidad compartida
Ante este escenario, desde el sector tecnológico se plantea la necesidad de una respuesta conjunta. DigitalES se adhirió a la petición de un Pacto de Estado para proteger a los menores en Internet y redes sociales, junto a entidades como Save The Children, la Fundación ANAR o UNICEF.
La patronal reconoce que menores y adolescentes pueden acceder a contenidos dirigidos a adultos, lo que supone un riesgo para su desarrollo personal y emocional. Asimismo, subraya que el reto es doble: educar en el uso adecuado de la tecnología y aplicar medidas de protección eficaces.
Este enfoque se basa en la corresponsabilidad entre familias, sistema educativo, administraciones públicas e industria. DigitalES defiende que cada actor debe establecer mecanismos de control acordes a su papel en la cadena de valor y que las plataformas digitales deben adoptar medidas para proteger los derechos de los menores.
El objetivo es garantizar que puedan beneficiarse de las ventajas de la era tecnológica, minimizando riesgos como la difusión de contenidos inapropiados, el acoso escolar u otros comportamientos perjudiciales. La propuesta apuesta por un internet más seguro y responsable, sustentado en la cooperación entre todos los actores implicados, e incorporando mecanismos reales de verificación de edad y control parental, clasificación y retirada inmediata de contenido ilícitos, y dotación de recursos a familias y educadores para reducir brechas digitales y que puedan ejercer un acompañamiento efectivo.