QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras casi dos años desde su presentación, la aprobación de la primera directiva europea para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica está hoy más lejos que nunca. El Consejo de la Unión Europea mantiene una posición retrograda, caracterizada por una falta clara de compromiso y voluntad política para sacar adelante esta importante iniciativa. Y el reloj corre en nuestra contra porque se necesita un acuerdo político para finales de enero.
Tras casi dos años desde su presentación, la aprobación de la primera directiva europea para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica está hoy más lejos que nunca
Es sorprendente porque, el 8 de marzo de 2022, cuando la Comisión Europea presentó la propuesta de la primera directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, existía un consenso generalizado de que, aunque demasiado tarde, la Unión Europea cumplía con una deuda pendiente inexplicable legislar la lucha contra la violencia de género.
Estamos hablando de una legislación que cambiará la vida de al menos 250 millones de mujeres y niñas europeas – alrededor de la mitad de la población europea – asegurando estándares comunes de protección, prevención y criminalización de diferentes formas de violencia de género. Y es que, a día de hoy, la Unión Europea no cuenta con un marco común en esta materia, aun sabiendo que al menos 50 mujeres a la semana son asesinadas víctimas de la violencia machista criminal.
Estamos hablando de una legislación que cambiará la vida de al menos 250 millones de mujeres y niñas europeas – alrededor de la mitad de la población europea –
Se daba cumplimiento también, al compromiso asumido en la toma de posesión de Von der Leyen ante el Parlamento Europeo de legislar en este ámbito, para lo que se comprometió a incluir la violencia de género como eurodelito en el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, junto al terrorismo, la trata de seres humanos, la corrupción o el tráfico de armas o drogas. Requisito para dotarnos de una base jurídica sólida a la hora de legislar y poder así criminalizar diferentes formas de violencia de género a nivel europeo.
Una iniciativa esencial, que ha sido incumplida, ya que requiere la unanimidad del Consejo para cualquier modificación de los Tratados y lamentablemente, existe una resistencia y negativa de un número muy importante de Estados miembros a iniciar este procedimiento.
Violencia de género como eurocrimen
Sin embargo, la Comisión entendió que esta negativa del Consejo a incluir la violencia de género como eurocrimen no debía impedirnos legislar a nivel europeo y que existía base jurídica suficiente para criminalizar en esta directiva, al menos algunas formas de violencia de género donde existían claras lagunas entre países con una interpretación amplia de los eurodelitos existentes en la actual redacción del artículo 83.
La propuesta de la Comisión se sustentó sobre la base jurídica de los eurodelitos de la explotación sexual de mujeres y niñas y de la delincuencia informática, y con ello dio un salto cualitativo en la creación de estándares mínimos comunes, proponiendo la criminalización de seis delitos: la violación, la mutilación genital femenina, la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, el ciberacecho, el ciberacoso, y la incitación a la violencia o al odio por medios cibernético.
La propuesta de la Comisión se sustentó sobre la base jurídica de los eurodelitos de la explotación sexual de mujeres y niñas y de la delincuencia informática
Esta directiva podrá ser la primera legislación que aborde las formas online de violencia de género, ya que el Convenio de Estambul no toca este ámbito cada vez más común de la violencia contra las mujeres y niñas.
El Parlamento Europeo acogió de manera positiva la propuesta de la Comisión, apoyando la criminalización de estas formas de violencia contra las mujeres, y añadiendo, además: la agresión sexual, la mutilación genital de personas intersexuales, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y los delitos relacionados con el acoso sexual en el trabajo.
En su posición, mejoró también algunos elementos de la propuesta en materia de prevención y protección de las víctimas, proponiendo, entre otras medidas: la creación de tribunales y fiscales especializados en violencia de género, el acceso a asistencia jurídica gratuita, la utilización del control telemático para las medidas de alejamiento, el acceso al aborto legal y seguro para víctimas de violencia sexual, y el apoyo a las asociaciones de mujeres que trabajan con víctimas de violencia de género.
Por su parte, el Consejo en su posición diluyó algunas de las disposiciones relacionadas con: la mutilación genital femenina, las seis formas de ciberviolencia de género presentadas por la Comisión y se negó a discutir en primera instancia el crimen de la violación. Añadieron además que muchas de las disposiciones de protección y prevención presentadas tendrían que ser en línea con sus legislaciones nacionales, limitando de manera clara el valor añadido de una norma a escala europea.
Una vez aprobadas las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo, iniciamos negociaciones de trílogos entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea el pasado mes de julio. Sabíamos que no serían fáciles, pero lo que no imaginábamos es que serían tan complicadas.
Desde el inicio de las negociaciones se manifestó una falta de voluntad política de los Estados miembros de avanzar en la puesta en marcha de disposiciones clave para proteger a las mujeres
Desde el inicio de estas, se manifestó una falta de voluntad política de los Estados miembros de avanzar en la puesta en marcha de disposiciones clave para proteger a las mujeres, prevenir la violencia de género y que exigen cambios en sus legislaciones nacionales.
El Consejo no quiere fomentar la formación de jueces, la gratuidad de la asistencia jurídica para las víctimas de violencia de género o la utilización del monitoreo electrónico – cuando sabemos que son buenas prácticas como hemos visto en España-, tampoco quieren mejorar el artículo sobre recolección de datos, cuando ha quedado patente que es uno de los principales obstáculos para tener una visión real y de conjunto de la violencia de género a escala de la Unión Europea, o poner más el foco en la necesidad de una educación sexual y afectiva desde una edad temprana.
En materia de asistencia y protección, no quieren garantizar sin ninguna condicionalidad, que se consideren como víctimas a los hijos de mujeres que han sufrido violencia de género, y su falta de compromiso para asegurar la disponibilidad de refugios para mujeres víctimas y sus hijos, y mejorar la protección y seguridad jurídica de los huérfanos de violencia de género, es lamentable.
Tras meses de negociaciones, las posiciones del Parlamento Europeo y Consejo siguen muy alejadas en estos puntos, pero sin duda el punto de mayor fricción y que el Parlamento Europeo considera una línea roja, es la negativa de algunos Estados miembros de incluir el delito de la violación, basado en la falta de consentimiento, en esta directiva.
El punto de mayor fricción y que el Parlamento Europeo considera una línea roja es la negativa de algunos Estados miembros de incluir el delito de la violación
La deficiencia de la base jurídica es el argumento en el que un grupo de países – Bulgaria, Republica Checa, Estonia, Alemania, Francia, Hungría, Malta, Holanda, y Eslovaquia – se están escudando para justificar no apoyar su inclusión. Hay también cinco países indecisos – Irlanda, Letonia, Polonia (aunque la primera Ministra de Igualdad que tendrá el país gracias al gobierno de Donald Tusk ya ha dicho que apoyarán su inclusión), Portugal, Rumanía – y uno que no forma parte de la directiva -, Dinamarca.
Sin embargo, por otra parte, hay doce Estados Miembros – Austria, Bélgica, Grecia, España, Croacia, Chipre, Italia, Lituania, Luxemburgo, Suecia, Eslovenia, y Finlandia – que ya han apoyado de manera pública la incorporación de la violación en la directiva.
Esto demuestra que nos encontramos ante una decisión política, a la hora de interpretar la base legal. Además, la misma base legal de esta directiva se utilizó para criminalizar actividades sexuales no consentidas con niños, y en esa negociación no hubo ninguna oposición.
¿Pueden el presidente Macron y el canciller Scholz esconderse en argumentos jurídicos y alinearse con gobiernos tan reaccionarios contra los derechos de las mujeres como el de Orbán, y países que no han ratificado el Convenio de Estambul, como Eslovaquia o República Checa? La realidad es que no modificar su posición mostraría su total desconexión de la realidad, cuando en la Unión Europea, una de cada veinte mujeres es víctima de violación.
Comprensión en la lucha contra la violencia de género
Es incomprensible además, que se nieguen a aceptar el crimen de violación con la misma definición que la del Convenio de Estambul, como se ha llegado a ofrecer durante las negociaciones. Sería entendible para países que no han ratificado este instrumento jurídico internacional pero inexplicable por parte de países que sí lo han hecho y tienen un compromiso en la lucha contra la violencia de género.
La frustración de todas las negociadoras del Parlamento Europeo es total. Y sí, digo negociadoras porque las responsables de este dossier en todos los grupos políticos somos mujeres.
Mujeres que hemos mostrado una gran cohesión, que quedó patente una vez más durante el pasado pleno de diciembre, cuando dimos una rueda de prensa mostrando la unión de todo el arco parlamentario, desde el Partido Popular Europeo hasta el grupo de la Izquierda – quedando solo fuera la extrema derecha – y manifestando nuestra decepción con el avance de las negociaciones.
Todas esperábamos más de la presidencia española del Consejo de la UE y de su capacidad de negociación en un ámbito donde España es referencia a nivel europeo
Fuimos contundentes y duras ante la posición de Francia y Alemania, alineados en su postura sobre las agresiones sexuales con los países que no han ratificado el Convenio de Estambul, y también mostramos nuestra decepción con el liderazgo político de la Presidencia Española en estos meses.
Sí, todas esperábamos más de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y de su capacidad de negociación en un ámbito donde España es referencia a nivel europeo. Los Ministerios de Justicia e Igualdad han estado representados de manera intermitente al nivel más bajo en las negociaciones políticas, dando la sensación de una falta de priorización de este expediente.
No llegar a un acuerdo durante la presidencia, es una clara derrota política. Las posibilidades de llegar a un acuerdo bajo la próxima presidencia belga son muy escasas.
Desde el Parlamento Europeo, nos seguiremos negando a tolerar cualquier violación de la autonomía y la dignidad de las mujeres. Nuestra posición es clara: los Estados miembros deben saber que una directiva sin violación, sin cambios sustanciales en las legislaciones nacionales, es inaceptable.
Después de exigir durante tantos años una norma europea sobre violencia de género, no estamos dispuestas a aceptar una directiva vacía de contenido. Sería una traición a las mujeres y sobre todo a las víctimas. Y nosotras no vamos a participar en ella.
SOBRE LA FIRMA Soraya Rodríguez Ramos es responsable de la directiva de Renew Europe y eurodiputada por Ciudadanos en el Parlamento Europeo.
