QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras la multitudinaria manifestación del pasado 13 de octubre en Madrid, el debate sobre cómo hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda está más vivo que nunca. Y el Congreso no escapa a esta preocupación, que para eso representa -o debería representar- tanto a los que tienen casa como a los que no. Pero, en realidad, ¿de qué hablan sus señorías cuando hablan de vivienda?
Pues mucho más de ocupación que de alquiler social, a juzgar por el recuento de iniciativas parlamentarias que hemos realizado usando la herramienta QuéHacenLosDiputados. 198 iniciativas han abordado la ocupación en esta legislatura, tres veces más que las dedicadas al alquiler social -tratado en 54 iniciativas- y más del doble de las 83 sobre acceso a la vivienda.
Esto en un contexto en el que la preocupación por el acceso a la vivienda se sitúa entre los tres problemas que más afectan directamente a la ciudadanía, junto a la economía y la sanidad. Este determina especialmente la vida de los jóvenes, como corroboran estudios desde la OCDE al Consejo de la Juventud. Pero este clamor no parece tener un reflejo paralelo en la Cámara Baja, al menos no en lo que se refiere al control de los precios de los alquileres, una de las demandas más directas de los manifestantes.
Es cierto que no todos los actos parlamentarios tienen el mismo alcance político, y que no es lo mismo un proyecto de ley que una pregunta de control. En este caso, la mayoría de las menciones a la ocupación vienen de preguntas del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno a través de 2 Proposiciones no de Ley y 168 preguntas. Preguntas incesantes, con el mismo contenido repetido provincia por provincia. Un calco la una de la otra, como si hubieran sido redactadas por un bot o una inteligencia artificial.
En segundo lugar en su obsesión por la ocupación -que solo afectó al 0’06% del parque de inmuebles el pasado año- se sitúa Vox, con 11 preguntas. En contraste, el Grupo Popular sólo se ha interesado por el alquiler social en 12 ocasiones, mayoritariamente registrando también preguntas al Gobierno (9).
Las preguntas parlamentarias no tienen peso legislativo, pero sí sirven para marcar la narrativa y la agenda política y mediática; y denotan sin duda el orden de prioridades de los grupos parlamentarios.
Más allá de responder a esas preguntas, tampoco el Gobierno ha sido especialmente activo en la legislación sobre vivienda, bien porque no ha querido, bien porque no ha podido. El hecho es que ha presentado un solo proyecto de ley relacionado directamente con la vivienda, el que buscaba modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que fue retirado por no tener visos de prosperar. Un segundo proyecto, el de la Ley de Familias, que incorpora también medidas para facilitar el acceso a la vivienda, continúa en proceso de enmiendas desde hace siete meses.
Además, sigue el trámite la iniciativa del Gobierno para prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual, que extiende la suspensión de los desahucios a personas vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028 y que proviene de una convalidación de un RDL anterior, el 1/2024. Es decir, en lo que llevamos de legislatura no ha salido adelante ni una sola iniciativa legislativa para abordar un problema que ahoga a buena parte de la ciudadanía.
Del resto del arco parlamentario, algunos grupos lo han intentado con más ahínco que otros. Destaca el Grupo Mixto, liderado por Podemos, con dos proposiciones de ley: la de prevención de la especulación y garantías de la vivienda como bien social y la Proposición de Ley de reducción temporal del diferencial aplicable en las hipotecas a tipo variable de la vivienda habitual en situaciones de vulnerabilidad económica. Ambas siguen en tramitación y con pocos visos de salir adelante. Se han registrado además propuestas para evitar los desahucios, que provienen en su mayoría de los bancos progresistas, fundamentalmente de Sumar, del grupo Mixto y del propio Gobierno, en algunos casos a raíz de suicidios cometidos por el hecho de quedarse sin techo.
En resumen, poca acción para tanta representación. El Congreso de los Diputados debe demostrar su capacidad para alcanzar acuerdos que den respuesta a los principales problemas de la población. O quizás haya llegado el momento de aplicar en España herramientas democráticas innovadoras como las convenciones ciudadanas. Herramientas que, en países de nuestro entorno, están sirviendo a las instituciones de la democracia representativa para desbloquear, a base de recomendaciones ciudadanas, sus dilemas políticos más complejos y enquistados, como el de hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda.
NOTA: El análisis legislativo se ha realizado empleando la herramienta Qué Hacen Los Diputados: el Congreso Fácil, desarrollada por Political Watch.
