Los riesgos de la revisión de la Directiva Europea de Renovables

Era un debate público esperado, al menos para quien sigue las políticas de transición ecológica y percibe cómo el descontento en algunos territorios se iba acrecentando. Que el necesario despliegue renovable está generando polémica es pura actualidad y, aunque a veces parezca que Bruselas está muy lejos, el debate sobre la aceptación pública de los nuevos desarrollos energéticos está también incrustado en las negociaciones de la Directiva de Renovables (RED), que se está revisando a fondo en estos momentos.

Una votación clave en el Parlamento Europeo

El pasado 14 de diciembre, se votaba la posición del Parlamento Europeo en cuanto a la aceleración y simplificación de los permisos administrativos para el despliegue de renovables. Los proyectos de instalación de energías limpias pueden demorarse hasta 10 años en la UE para su materialización y ese es, sin duda, uno de los cuellos de botella de una UE que necesita avanzar en su autonomía energética. La guerra de Ucrania obliga a pisar el acelerador.

La aceleración del despliegue de energías renovables debe hacerse con los territorios afectados y sus poblaciones a bordo. Precisamente por ello, antes de la mencionada votación, como ponente socialista, enviaba una petición al resto de eurodiputados para concitar su apoyo a una enmienda, compartida con Los Verdes, al articulado de la Directiva para que se mejore la información y la participación ciudadana en el desarrollo renovable.

Salió adelante, pero sin duda habla por sí mismo que del espectro de partidos españoles representados en el Parlamento Europeo, sólo el PP Ciudadanos [1] se opusieran a la misma. Algo similar sucedió en una enmienda propuesta por el PP europeo y apoyada por el PP español y Ciudadanos —que fue rechazada—, cuyo objetivo era eliminar la exclusión de los espacios de la Red Natura 2000 de la relajación de criterios ambientales en el proceso administrativo de concesión de permisos.

Pero vayamos al origen de la revisión de esta Directiva. La aprobación de la Ley del Clima, con su objetivo de neutralidad climática para 2050, dio el pistoletazo de salida para cambios legislativos de gran calado con el conocido como paquete “Fit For 55” (Objetivo 55) para alinear las políticas europeas con uno de los hitos fundamentales de la mencionada Ley: reducir en 2030 al menos un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a los niveles de 1990.

«Lo que se preveía una modificación suave se ha convertido en una amplia y profunda reforma que no está exenta de riesgos para los intereses de países como España»

Desde que la reforma de la Directiva se presentó como parte del inmenso paquete Fit For 55 en julio de 2021, esta ha vuelto a ser enmendada por parte de la Comisión en repetidas ocasiones, como consecuencia de la crisis energética, haciendo que las negociaciones sean cada vez más complicadas y con evidentes riesgos. Lo que se preveía una modificación suave para alinear las metas de renovables con los compromisos climáticos, se ha convertido en una amplia y profunda reforma que no está exenta de riesgos para los intereses de países como España.

Además del ya mencionado debate de la aceptación pública de la instalación de las renovables, durante las negociaciones parlamentarias, los grupos de la derecha (EPP y ECR) trataron de introducir en la RED fuentes de energía y tecnologías que no son renovables, como por ejemplo el Hidrógeno producido con gas fósil utilizando tecnologías de captura de CO2 (también llamado Hidrógeno azul)[PTP2] . En este punto, desde el Grupo de Socialistas y Demócratas, a los que represento en las negociaciones, conseguimos parar esta inclusión en la posición del Parlamento, al igual que en el Consejo.

No obstante, a medida que las negociaciones se han ido prologando, los defensores de incluir en la RED las tecnologías bajas en carbono han vuelto a la carga. En este caso a caballo de la energía nuclear y con Francia como capitana de una escuadra de ocho países que buscan un sitio al Hidrógeno producido con electricidad no renovable como la nuclear.

«Todavía existe un grave riesgo de que tecnologías no renovables se pongan en pie de igualdad con las que en realidad sí lo son»

Por lo tanto, todavía existe un grave riesgo de que tecnologías no renovables se pongan en pie de igualdad con las que en realidad sí lo son, lo cual podría provocar que los instrumentos regulatorios que tenemos para la promoción de energías renovables se vuelvan ineficaces y creen desconfianza en la sociedad y en los inversores. Se desviaría la atención de aquellas fuentes de energía que ahora mismo son las más eficientes y además se provocaría una fuga de inversiones de renovables hacia otras fuentes de energía que no lo son. Para nuestro país, con un gran potencial de desarrollo de energías renovables y con una industria que apuesta por éstas y por vectores como el Hidrógeno Verde sería un problema que podría dañar nuestras inversiones y esfuerzos.

Prueba de este riesgo se puede percibir en el acto delegado con el que, con más de un año de retraso, la Comisión acaba de adoptar los criterios para establecer lo que se considera como hidrógeno renovable. En el mismo, aparece una flexibilidad de última hora para Estados miembros con un mix eléctrico bajo en carbono, lo que favorece a países con elevado porcentaje de nuclear en su mix, como Francia.

Por tanto, podemos ver que una regulación tan importante para combatir la crisis climática, asegurar la seguridad energética y la competitividad, cuando se revisa y negocia con el propósito de actualizarla y mejorarla, puede transitar por momentos de involución, donde en vez de promocionar una integración más adecuada de fuentes renovables, pueda crearse confusión, poner a parte de la sociedad en su contra, o promocionar lo contrario. Existen estos riesgos, pero tengo la certeza de que esta reforma se aprovechará para fomentar solo las energías renovables sostenibles, teniendo en cuenta los territorios y la sociedad donde se implantan, y con esta perspectiva trabajamos a la espera de un próximo acuerdo entre las tres instituciones negociadoras.