El sprint final para una pasarela al RETA justa y ordenada

El debate parlamentario en torno a las mutualidades alternativas afronta la recta final. Y aunque la proposición de ley aprobada en el Pleno del Congreso mejora respecto a versiones anteriores del texto, todavía hay aspectos que deben seguir ajustándose durante su tramitación actual en el Senado para que la pasarela al RETA funcione con todas las garantías. Entre ellos, destaca la necesidad de definir con claridad cómo debe articularse la salida de los fondos susceptibles de transferirse al RETA, una cuestión clave para proteger tanto a quienes quieran acogerse a la pasarela como a quienes decidan mantenerse en el sistema de alternatividad.

Desde Mutualidad hemos defendido durante todo este proceso una posición clara: la regulación debe reconocer los derechos de los mutualistas, preservar la seguridad del ahorro acumulado y mantener un marco viable para la previsión social alternativa. Se trata de permitir que quien quiera incorporarse al RETA pueda hacerlo con garantías y que quien prefiera continuar en el modelo mutualista pueda seguir contando con una opción sólida de previsión social sin verse perjudicado por decisiones ajenas a su control.

El texto aprobado en el Congreso ya reconoce algo esencial; que cada profesional pueda decidir, con información suficiente, qué opción encaja mejor con su situación. Tal y como está planteado, la alternatividad seguirá vigente y se prevé una evaluación técnica en 2030, una vez consolidada la equiparación de cuotas y el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Es decir, los profesionales de la abogacía y de otros ámbitos podrán seguir eligiendo libremente qué modelo se ajusta mejor a la planificación de su futuro.

También nos parece una buena noticia y un acto de justicia que el texto aprobado reconozca un complemento a mínimos para los mutualistas que accedan a la jubilación en condiciones equivalentes a las del resto de pensionistas, una reivindicación que únicamente desde el sector hemos defendido desde el inicio del proceso. Si el objetivo de la reforma es ordenar la relación entre las mutualidades alternativas y el sistema público, los derechos asociados al RETA deben reconocerse con criterios homogéneos.

La clarificación fiscal del traspaso del ahorro acumulado en Mutualidad a la Seguridad Social supone otro avance importante, ya que se amplía la exención de tributación a cualquier operación económica derivada de esa transferencia. Esto permite que la decisión de los mutualistas no se vea condicionada por una carga impositiva añadida.

Igualmente es relevante que el texto haya contemplado que la Administración facilite a las mutualidades la información tributaria necesaria sobre los rendimientos de los mutualistas para el cálculo de sus cuotas tras el establecimiento de las aportaciones por tramos, con el fin de evitar que se traslade esta carga a los propios mutualistas.

Aun así, conviene mantener la prudencia porque la ley todavía no ha terminado su recorrido parlamentario y el reglamento será decisivo para concretar cómo funcionará la pasarela en la práctica. En este sentido, la tramitación en el Senado está brindando la oportunidad de avanzar en uno de los aspectos técnicos más relevantes del proceso: la forma en la que debe realizarse el traspaso de los fondos acumulados por quienes decidan acogerse a la pasarela, que debería vincularse al momento en que se produzca el hecho que da derecho a la prestación, ya sea jubilación, incapacidad, fallecimiento u otra contingencia prevista.

La importancia de esta cuestión no afecta a la solvencia de las mutualidades, que no se verá alterada puesto que la transferencia de los fondos lleva aparejada la de las obligaciones futuras correspondientes. El verdadero desafío consiste en articular ese proceso de forma ordenada, acompasando el traspaso de los recursos con el horizonte temporal de las inversiones que los respaldan, de manera que se evite un traslado de recursos que obligue a deshacer inversiones antes de su vencimiento.

Las aportaciones de los mutualistas se invierten con una lógica de largo plazo

Esta precisión es importante porque las aportaciones de los mutualistas se invierten con una lógica de largo plazo; si se fuerza una liquidación anticipada de esas inversiones, podrían verse afectados los rendimientos generados a partir de sus aportaciones. Si eso ocurriera, la libre decisión adoptada por algunos mutualistas de acceder al RETA estaría perjudicando a quienes, también libremente, prefiriesen permanecer en el sistema que les ha aportado seguridad y rentabilidad durante años.

Por eso resulta especialmente relevante que el debate en el Senado se haya centrado, en buena medida, en la salida ordenada de los fondos. Distintas enmiendas han planteado fórmulas para vincular la transferencia al momento en que se produzca el hecho causante de la prestación o para garantizar que el proceso se realice con orden y seguridad jurídica. Sin embargo, el texto que irá al Pleno del Senado el próximo 9 de julio todavía no incorpora esta cuestión con la claridad que requiere una reforma de este alcance.

No obstante, todos estos ajustes normativos no alteran el funcionamiento de las mutualidades, cuya actividad no se limita a ofrecer una alternativa al RETA para determinados profesionales. Estas entidades gestionan además productos de ahorro complementario y previsión social voluntaria, que han adquirido un peso creciente en los últimos años. En el caso de Mutualidad, la entidad con mayor volumen de patrimonio bajo gestión, estos productos representan ya más del 70% de las nuevas primas.

Además, al operar bajo un sistema de capitalización individual, los derechos económicos de cada mutualista están respaldados por el ahorro acumulado durante su vida profesional y por la rentabilidad generada por las inversiones. Es un modelo pensado para gestionar ahorro previsional a largo plazo, con una correspondencia directa entre los compromisos asumidos y los recursos destinados a cubrirlos.

La fase del Senado permite ahora cerrar la norma con mayor precisión y, aunque la tramitación urgente puede acortar los plazos, no debería reducir la exigencia técnica de una reforma que afecta al ahorro previsional de miles de profesionales. Las enmiendas presentadas han situado la salida ordenada de los fondos en el centro del debate y el reto ahora es que esa preocupación se traduzca de forma clara en la norma definitiva para aportar certidumbre y seguridad a todos los mutualistas.