Una de las características del nuevo Reglamento europeo de Inteligencia Artificial es la de que, a diferencia de otras normas como pueda ser -por ejemplo- el Reglamento General de Protección de Datos, no impone la obligación de designar una figura específica con competencias en esta materia.
Con respecto a esto, en estos últimos tiempos, las empresas españolas (tanto públicas como privadas) han ido construyendo un sistema de cumplimiento soportado sobre algunas figuras que han aglutinado una serie de funciones -estratégicas algunas, convenientes otras- alineándolo con el sistema de gobernanza corporativo, en el cual, además del Delegado de Protección de Datos exigido por el citado RGPD, encontramos otras figuras.
Algunas de ellas son: el Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), el Chief Information Officer (CIO), el Chief Data Officer (CDO), el Chief Technology Officer (CTO) o el Chief Information Security Officer (CISO). Determinadas empresas, incluso, han designado un Chief Happiness Officer como encargado de velar por el bienestar de sus plantillas.
Una nueva figura de coordinación
Entre tanto Chief Officer surge una nueva necesidad para cualquier organización, centrada ahora en la implementación y gestión de la inteligencia artificial: la figura del Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO). Este nuevo escenario hace prever la necesidad de poder contar con un cargo que aglutine, entre sus competencias, las de asesorar internamente en la implementación de soluciones basadas en IA o en el desarrollo de proyectos que incorporen tal tecnología.
El nuevo escenario hace prever la necesidad de contar con una figura que asesore internamente en la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial
Si giramos la mirada hacia nuestros vecinos norteamericanos, podremos observar cómo esta figura ya viene existiendo desde hace algún tiempo, especialmente en el sector público, como un perfil que, además de acreditar conocimientos técnicos sobre inteligencia artificial, se le encomienda (en ocasiones por imperativo legal, como en el caso de la regulación de Vermont publicada en 2022) la labor de supervisar el desarrollo de políticas públicas y de ser un interlocutor válido con otras entidades gubernamentales con respecto a esta materia.
