QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La invasión de Ucrania, hace ya casi quince meses, causó –entre muchas otras terribles consecuencias— una brusca sacudida en el mapa energético de la Unión Europea. Los precios enloquecieron y los países tuvieron que hacer lo imposible para garantizar el suministro, con resultados dispares en cuanto a la disminución de la dependencia del gas y del petróleo rusos.
Justamente alarmada por la situación, la Comisión Europea preparó una reforma del mercado eléctrico que se ha dado ya a conocer. El mercado no está bien diseñado –una obviedad— y hay que hacer las cosas de otra manera.
Digamos, como reflexión de partida, que la propuesta de reforma va en la buena dirección. Bruselas mantiene el sistema marginalista –en el que se paga a todos los componentes energéticos el precio marginal de casar la oferta con la demanda, con independencia de lo que ofrezca cada uno de ellos— que ha ayudado a la expansión de las renovables, al tiempo que trata de resolver las consecuencias negativas que se dan en crisis como la de los últimos meses. También hay medidas para evitar las grandes subidas y bajadas de precios, para que haya más seguridad al consumidor y al distribuidor y para que los bajos costes de las renovables se reflejen en las facturas.
Bruselas mantiene el sistema marginalista que ha ayudado a la expansión de las renovables
¿Cómo lo hace? Con contratos a largo plazo y precios estables que incentiven las inversiones y mejoren la competitividad de la industria; con herramientas como los PPAs (Power Purchase Agreements, contratos bilaterales entre generadores y consumidores) en los que se pactan precios para un periodo y una energía determinada y se reducen los riesgos financieros; serán importantes para las empresas muy dependientes del consumo eléctrico. Y con CfDs (Contracts for Difference, subastas que fijan precios con techo y suelo entre productor y Estado), que servirán para rebajar la factura del consumidor cuando los precios del mercado superen el techo. Los productores podrán además reservar energía para venderla en PPAs.
Habrá más opciones de contrato para los consumidores, con mayor transparencia –lo cual no es difícil, porque el listón está muy bajo— y capacidad de elección para usar la energía cuando sea más barata. Se podrán compartir fuentes renovables sin tener que crear, como ahora, comunidades energéticas. Y habrá suministradores de último recurso para proteger a consumidores vulnerables y ampliar la regulación a hogares y pymes en caso de crisis agudas. Por otra parte, la idea –positiva— de pagar seguros hoy para evitar costes mayores en el futuro o quiebras de suministradores puede llevar a precios ligeramente superiores.
Vamos ahora a subrayar –siempre teniendo en cuenta que este es un asunto de elevada complejidad– los puntos de la reforma que nos preocupan, pensando en España.
Es bueno reducir la volatilidad con precios a largo plazo, pero no a costa de cargarse la competitividad. La planificación excesiva del Estado en la decisión de energía dificulta la flexibilidad que la libertad de mercado facilita para adaptarnos a las necesidades y los avances del momento. Sería inquietante que el Gobierno abusara de los CfDs para planificar toda la generación y distribución; ya ha habido señales negativas en este sentido.
Los CfDs no deben copar totalmente el mercado, ni ser obligatorios. La triste ironía de que Alemania esté ahora mismo generando una enorme cantidad de energía con carbón debería servirnos de lección. Por cierto, los CfDs deben estar diseñados para evitar que el productor se vea recompensado cuando genere en horarios de exceso de producción.
Nos inquieta, pensando en esta reforma, que se dé la espalda en España a la única fuente de energía limpia que ahora mismo garantiza la seguridad, que es la nuclear. De hecho, lo que tendría que logra el Gobierno es que fuera posible aplicar los CfDs para alargar la vida útil de las centrales nucleares y evitar su cierre, porque aportan el 20% de la energía eléctrica. Y tiene que ser prioritario para el Gobierno que las interconexiones con los vecinos europeos sean clave, para evitar nuestro aislamiento energético.
Al mismo tiempo, la dependencia que sufrimos nos impide ser tecnológicamente neutros: hay que incentivar, y no desmantelar, el almacenamiento de energía hidroeléctrica para garantizar la seguridad mientras se va avanzando en la mayor integración posible de renovables. Y explorar siempre nuevas tecnologías: la sequía que padecemos es suficiente justificación para ello.
Estamos ante una reforma fundamental para el plan verde industrial europeo que intentará mejorar la competitividad de la industria y respaldar la transición a la neutralidad climática. Un mercado en el que consumidores e industria tengan precios más bajos y que, además de acelerar la implantación de renovables, disminuya progresivamente el gas será un mercado mejor que el actual. Después de las negociaciones entre los 27 que superen las diferencias de enfoque norte-sur dentro de la UE, el objetivo es que la ley se apruebe antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas para junio de 2024.
Los próximos meses, incluida la presidencia española, serán básicos en el debate, en el que es positivo que, por lo que se refiere a la propuesta, no se haya cedido a las voces que pedían un movimiento radical; el Gobierno español, por ejemplo, quería una reforma intervencionista con medidas de carácter retroactivo sobre contratos ya firmados, que habría asustado a inversores y a promotores de renovables, y con precios fijos, un problema para la eficiencia y la demanda. No puede ser que cambie la planificación energética cuando cambia un gobierno.
Hay que encontrar el equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad del mercado, buscar soluciones que tengan en cuenta la transición del Pacto Verde y que incentiven el consumo de energía segura de fuentes limpias. Soluciones para el plazo largo que protejan a consumidores y empresas de la inestabilidad en los precios y garanticen el acceso a una energía segura y limpia. La reforma del mercado eléctrico es muy importante. No tanto –aunque también— para resolver los problemas de los últimos 15 meses, sino para abordar los problemas del futuro: las crisis que aún no conocemos.
SOBRE LA FIRMA: Susana Solís (Avilés, 1971) es ingeniera y eurodiputada en el Parlamento Europeo por Ciudadanos y Eva María Poptcheva (Bulgaria, 1979) es doctora en Derecho Constitucional y eurodiputada en el Parlamento Europeo por Ciudadanos.
