Andalucía exige a Transportes cesar a los presidentes de Renfe y Adif por el accidente de Adamuz

El Gobierno andaluz reclama responsabilidades por la gestión del siniestro ferroviario que dejó 46 fallecidos y advierte a Óscar Puente de posibles consecuencias políticas

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Consejo informal europeo de ministros de Transportes Y de Asuntos Marítimos, en Chipre, a 29 de abril de 2026. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Consejo informal europeo de ministros de Transportes Y de Asuntos Marítimos, en Chipre, a 29 de abril de 2026. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

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El Gobierno de Andalucía ha anunciado que remitirá una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que solicita el cese inmediato de los máximos responsables de Renfe y de Adif tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que provocó la muerte de 46 personas.

El Ejecutivo autonómico considera insuficiente la respuesta del Gobierno central y exige asumir responsabilidades políticas por la gestión del siniestro.

Advertencia al ministro: “Si no actúa, deberá marcharse”

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha elevado el tono político al advertir de que, si el ministro no destituye a los responsables de Renfe y Adif, “será él quien tendrá que marcharse”.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la gestión del accidente ha sido deficiente y que la falta de explicaciones oficiales genera una situación de “preocupación institucional y social”.

Las tensiones se han intensificado tras la intervención del presidente de Renfe en la Comisión de Transportes del Congreso, donde defendió que la compañía era “una víctima más” del accidente y no la causa del mismo.

El Gobierno andaluz ha calificado estas declaraciones de “inaceptables”, especialmente por producirse, según sostiene, sin avances claros en la investigación oficial.

Falta de información y transparencia

El Ejecutivo autonómico denuncia que, más de cien días después del siniestro, no existen conclusiones públicas claras sobre las causas del accidente.

Según su versión, la única información disponible procede de la comisión parlamentaria y de la investigación de la Guardia Civil, que apunta a una posible rotura de la vía y deficiencias en el mantenimiento ferroviario.