QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP-A en la que se demanda que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, disuelva de manera «inmediata» las Cortes Generales y convoque elecciones generales «por pérdida de legitimidad institucional, degradación del marco democrático y ruptura de la confianza ciudadana en el poder ejecutivo y en los representantes que lo sustentan».
La iniciativa ha sido rechazada en su totalidad por los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mientras que Vox ha apoyado gran parte de los puntos, como el de la convocatoria de elecciones, y en otros puntos se ha abstenido.
La Cámara también ha pedido al Ejecutivo nacional que, de manera urgente, adopte las «medidas necesarias para garantizar la colaboración activa con todas las instancias judiciales, parlamentarias y administrativas que investigan posibles irregularidades vinculadas a su gestión» y le insta a que respete «la independencia del poder judicial y a que se abstenga de realizar declaraciones o maniobras políticas que interfieran en causas abiertas».
Asimismo, se ha demandado que el Ejecutivo central asegure «la neutralidad de los organismos estatales, como la Fiscalía General del Estado o la Agencia Tributaria, en el tratamiento de los casos en los que se investigan conductas del propio gobierno y su entorno, adoptando las medidas necesarias para que estos ejerzan su labor en defensa de la legalidad vigente y el estado de derecho, desde la debida independencia, reforzando así la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas como contrapeso al abuso de poder».
Otra demanda es que se garantice expresamente «la autonomía operativa de las unidades de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, rechazando cualquier intento legislativo o reglamentario que subordine sus actuaciones a directrices políticas en detrimento del mandato judicial».
La Cámara ha rechazado «las prácticas» del Gobierno de España y, en especial, de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «viene realizando una gestión discrecional en el reparto arbitrario y el uso partidista de los recursos públicos, con el único fin de hacer que el gobierno se perpetúe en el poder».
Asimismo, el Pleno del Parlamento ha rechazado «la degradación institucional del actual Gobierno de España y a los intentos de utilización del aparato del estado con fines partidistas o como herramienta de persecución política, en especial a las prácticas de espionaje, seguimiento o recopilación de información no autorizada» sobre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y miembros de su Ejecutivo, llevadas a cabo «por personas vinculadas al PSOE que han tenido cargos de responsabilidad pública».
Se ha pedido al Gobierno central que se «depuren responsabilidades políticas y administrativas» por esos hechos.
El Pleno del Parlamento también ha rechazado «la conducta irresponsable y tendenciosa» de miembros del Gobierno central y, en especial, de Montero, por hacer «eco de manifestaciones que expresan graves acusaciones frente a personas e instituciones inocentes, propagando así infundios y mentiras, sin retractarse después y pedir disculpas por las mismas aun a sabiendas y siendo de público dominio que son bulos y falsedades».
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Erik Domínguez se ha mostrado convencido de que más de un diputado socialista estaría dispuesto a «apoyar» puntos de la proposición no de ley. tras aludir a las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre asuntos que afectan al Gobierno y al PSOE, ha indicado que ha llegado el momento de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes generales y convoque elecciones generales para «someterse al juicio social de este país, que es a lo único que le tiene miedo».
«¿Por qué no da la cara en la calle o ante los medios de comunicación, que lleva más de 40 días sin responder preguntas?», ha planteado Erik Domínguez, quien ha considerado que el presidente debería dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo en el país, por ejemplo con los jueces, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que admita la denuncia que presentó el PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa y los negocios de su esposa, Begoña Gómez.
El diputado del PSOE-A Rafael Recio ha calificado la iniciativa del PP-A de «esperpento», como una especie de «moción de censura» a Pedro Sánchez. La iniciativa es un «bulo en sí misma», según ha añadido, apuntando que el PP-A denota mucha «soberbia» y que sigue sin aceptar el resultado de las últimas elecciones generales. «Esto no es un texto normativo, es un líbelo en tres actos de cinismo», ha señalado Recio, quien ha aludido a la «corrupción» que hay en el Gobierno de Juanma Moreno en relación con los contratos de emergencia del SAS que están siendo investigados en la justicia.
Ha denunciado que el PP-A ha traído esta iniciativa no por «dignidad institucional», sino para continuar su propósito de intentar «destruir políticamente a un adversario ideológico, aunque eso implique dinamitar la decencia democrática». Ha denunciado que Juanma Moreno «maniobra para enterrar millones de euros de contratos; utiliza el Consejo de Gobierno como instrumento de propaganda y manipular constantemente la opinión de la ciudadanía, y vertebra una red de empresas amigas que desmontan los servicios públicos en Andalucía», ha indicado.
El parlamentario de Vox Ricardo López Olea ha manifestado que España está «sufriendo un golpe de estado por fascículos» y ha criticado el «cinismo» del Gobierno andaluz, por cuanto el presidente, Juanma Moreno, acude un día a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez y luego a una manifestación bajo el lema «democracia o mafia». «Presenten ya la moción de censura y déjensen de manifestaciones y de tomar el pelo a los españoles», ha indicado López Olea, que también ha aludido a la «corrupción» del PP y a la «manipulación de la justicia» que ha hecho ese partido.
La parlamentaria de Grupo Mixto Esperanza Gómez ha querido dejar claro que le preocupan la «corrupción» en el Gobierno de la nación, pero ha criticado la «desfachatez» del PP-A con su iniciativa cuando hay «imputados» gerentes del SAS por los contratos sanitarios o cuando, en los últimos 20 años, el Partido Popular «ha tenido a más de 600 de sus miembros, entre militantes y cargos públicos, involucrados en 260 procedimientos judiciales por corrupción». Ha aludido al hecho de «enorme gravedad» relativo al «espionaje» por parte de la «cúpula política y policial del Ministerio del Interior, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, a Podemos y a sus dirigentes durante al menos dos años, en 2015-2016.
La diputada de Grupo Mixto-Adelante Andalucía Begoña Iza ha manifestado que la iniciativa del PP-A viene «dictada» por Génova y ha indicado que ese partido ya a perdido la «confianza» de los andaluces tras sus «promesas incumplidas» en la comunidad. Ha aludido además a los casos de corrupción que han afectado al PP a nivel nacional y se ha referido también al asunto de los contratos de emergencia del SAS que están siendo investigados por la justicia.
