El Gobierno de Andalucía ha decidido expresar su «criterio contrario» respecto a la iniciativa legal del PSOE-A que busca modificar la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía para «introducir la reducción legal y obligatoria de las ratios máximas del alumnado en todas las etapas educativas». Esta medida también incluiría un aumento de personal y recursos para su implementación, además de la obligación de crear un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación.
Según el acuerdo del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press y firmado el 15 de octubre, la Junta de Andalucía cree que la proposición no posee el rigor necesario y se desvía de la situación económica actual. Argumentan que ya están trabajando en mejorar las ratios y simplificar la administración educativa mediante el diálogo social.
La normativa estatal ya establece límites de alumnos por aula, con un máximo de 25 para primaria y 30 para secundaria obligatoria, y 35 para bachillerato, según leyes y decretos nacionales vigentes. No obstante, la Junta ya ha comenzado a aplicar una «reducción progresiva de ratios» en Andalucía, con planes que se extenderán gradualmente hasta 2028/2029, comenzando con la educación infantil.
El Ejecutivo de Juanma Moreno señala que la proposición del PSOE-A, aunque alineada con sus políticas, carece de una base económica sólida para su implementación, estimando necesario más de 28.000 nuevas unidades escolares y la incorporación de más de 45.000 docentes, con un coste anual que superaría los 3.750 millones de euros.
Además, critican la inclusión de un requisito para un nuevo plan de simplificación administrativa que, según ellos, aumentaría la burocracia en lugar de reducirla. En conclusión, el Gobierno andaluz ha manifestado su oposición a esta proposición de ley por considerarla impracticable y económicamente inviable en los términos propuestos.













