QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento andaluz ha respaldado una proposición no de ley presentada por el PP-A, que insta al Gobierno de Andalucía a requerir al Parlament de Cataluña que emita una declaración institucional en la que se reconozca la ‘contribución’ de Andalucía a la ‘prosperidad’ catalana.
La propuesta ha contado con la abstención de Vox y el grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Por Andalucía la rechazó y el PSOE-A apoyó solo una parte de la misma, la que refiere a los clichés y estereotipos sobre Andalucía.
Este movimiento del legislativo andaluz surge tras las declaraciones de Jordi Turull, secretario general de Junts, quien criticó recientemente las reducciones fiscales en Andalucía afirmando que ‘el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno’.
En concreto, se ha solicitado desde Andalucía una ‘declaración institucional del Parlamento catalán que reconozca de forma expresa la contribución social, económica y cultural de los andaluces, sus descendientes, las empresas andaluzas y de Andalucía en su conjunto al desarrollo y prosperidad de Cataluña, destacando el papel que generaciones de trabajadores, emprendedores y familias andaluzas han desempeñado en la industrialización, el crecimiento urbano y la convivencia democrática de la sociedad catalana, poniendo de relieve los lazos de cooperación, solidaridad y cohesión que históricamente han unido a ambas comunidades autónomas en beneficio del progreso y la concordia entre territorios’.
Asimismo, el Parlamento andaluz ha rechazado y condenado ‘cualquier ataque o manifestación que, en el presente o en el pasado, haya recurrido a tópicos o estereotipos carentes de fundamento para menoscabar la dignidad de Andalucía y de los andaluces, cuestionando injustamente su historia, su contribución al progreso compartido de España o los valores que guían su trabajo, esfuerzo, sacrificio y riqueza cultural’.
‘Tales expresiones, vengan de donde vengan, son incompatibles con el respeto institucional, la convivencia democrática y la cohesión social y territorial que deben presidir las relaciones entre las comunidades autónomas y el conjunto del estado’, se enfatiza en la proposición no de ley aprobada por el PP-A.
