QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno de las Cortes de Aragón ha propuesto este jueves al Gobierno regional que ponga en marcha una línea de ayudas directas para todos los vecinos de la calle San Francisco de Teruel afectados, hace dos años, por el derrumbe del edificio de viviendas situado en el número 21.
La cámara ha aprobado por unanimidad este primer punto de una proposición no de ley del grupo socialista y, con el voto favorable de todos, excepto el voto en contra del PP, otros dos puntos para pedir la elaboración de un plan de rehabilitación integral de la zona y para incorporar al mismo a todas las instituciones de Teruel, a la Asociación de Vecinos del barrio del Carmen y a las familias afectadas.
El diputado del PSOE Ángel Peralta ha dicho que «estos vecinos no se merecen la ausencia prolongada de respuesta institucional» por parte del Gobierno de Aragón y ha defendido la política «para mejorar la vida de la gente». Son los propios vecinos los que están pagando los peritajes y solo reciben «trabas» de la Administración, recalcando que los afectados solo exigen «apoyo, acompañamiento y soluciones».
El parlamentario del PP Jesús Fuertes ha defendido la actuación del Ayuntamiento de Teruel, que sigue pagando 19 alquileres de pisos y que «sí hay contacto con los vecinos», enfatizando que «esto no es fácil de resolver». La misma noche del suceso «todos los vecinos estaban reubicados» y el Ayuntamiento dio 1.000 euros a cada familia para comprar productos de primera necesidad, mientras que el Gobierno autonómico no dio «ni una ayuda, ni económica ni social».
Hasta ahora el Ayuntamiento ha gastado más 1.700.000 euros para apoyar «a todos los afectados» y se están elaborando las bases reguladoras para ayudar, en toda la Comunidad Autónoma, a personas afectadas por situaciones similares.
Ha intervenido el diputado de Vox David Arranz, quien ha manifestado su apoyo a los afectados, indicando que las aseguradoras privadas ya han elaborado sus informes pero sigue pendiente el peritaje del Ayuntamiento de Teruel. Ha rechazado «el oportunismo político del PSOE».
Para la diputada de CHA Isabel Lasobras esta es «una cuestión de justicia y reparación», subrayando que los perjudicados no tienen respuesta institucional. «Las filtraciones no eran desconocidas y el problema continúa», ha agregado, avisando de que «la indignación crece», más cuando «no se han ofrecido soluciones habitacionales».
La parlamentaria de Teruel Existe Pilar Buj ha urgido a actuar ante «esta situación de indefensión», asegurando que el Gobierno regional y el Ayuntamiento no han escuchado a la justicia ni a los afectados, recordando que han pasado dos años del derrumbe. Ha exido «un realojo digno».
En el turno de IU, Álvaro Sanz ha anunciado el voto a favor y ha observado que un año después los perjudicados siguen teniendo problemas, rechazando «los fuegos de artificio», proponiendo «arreglar las tuberías».
El parlamentario del PAR Alberto Izquierdo ha señalado que «el tiempo pasa y alguien tiene que ayudar a esas familias», apostando por ayudar a los afectados y que el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón lleguen a un acuerdo a este respecto.
