Izquierda Unida llevará a cabo este miércoles en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón la presentación de una Proposición no de Ley, cuyo propósito es asegurar la disponibilidad efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dentro del ámbito sanitario público aragonés.
La propuesta, respaldada por el portavoz Álvaro Sanz, surge tras observar que, a pesar de los progresos en la legislación, aún persisten numerosos impedimentos para ejercer el derecho al aborto en la Comunidad. “La interrupción voluntaria del embarazo solo se lleva a cabo, para todo Aragón, en una única clínica concertada ubicada en Zaragoza, lo que refuerza el estigma y aleja este derecho de la atención sanitaria ordinaria”, ha indicado el diputado.
En esta propuesta, la agrupación política y social solicita al Gobierno de Aragón la creación inmediata del registro de personas objetoras de conciencia, conforme lo estipula la Ley Orgánica 1/2023 y el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024.
Aragón, junto con Asturias, Baleares y Madrid, forma parte de las comunidades que todavía no han activado dicho registro, lo que ha llevado a una solicitud formal por parte del Gobierno central. Asimismo, Izquierda Unida critica que las mujeres migrantes continúan encontrando obstáculos administrativos para acceder a la IVE, como la necesidad de tres meses de empadronamiento continuo, lo que “vulnera el principio de igualdad en el acceso a la sanidad pública”, ha destacado Sanz.
La propuesta incluye cuatro medidas específicas: Establecer el registro de objetores de conciencia antes de que acabe 2025; asegurar la realización del aborto en el hospital del sector sanitario correspondiente; eliminar las barreras burocráticas que impiden el acceso a la IVE; y urgir al Gobierno de España a que incluya el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución como un derecho libre, informado, pleno y universal.
“Es momento de consolidar derechos y establecer los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos. El aborto debe dejar de ser una excepción y pasar a formar parte de la atención sanitaria normalizada”, ha concluido Álvaro Sanz.