En 2024, las solicitudes dirigidas al Comisionado de Transparencia en Canarias experimentaron un aumento del 20%, alcanzando un total de 773, lo que representa el doble en comparación con 2020. Este incremento se destaca en áreas como el empleo público (479), la ordenación del territorio (231), los servicios (225) y los contratos en diversas modalidades (120), logrando un índice de resolución del 90%.
El informe anual, presentado por la comisionada Noelia García Leal en una sesión de comisión parlamentaria, subraya la continua mejora en la transparencia, señalando que las instituciones y entidades públicas tienen una calificación promedio de ocho puntos, un avance respecto a los 7,68 de 2023. Sin embargo, este progreso no se refleja en el sector privado, donde la puntuación disminuye a 6,15 puntos.
De las 404 entidades del sector público canario convocadas para evaluación, 382, es decir, un 94,55%, participaron efectivamente. En el sector privado, de 1.089 entidades, 756, correspondientes al 69%, completaron los formularios necesarios y se sometieron a evaluación.
En el año en cuestión, las resoluciones admitidas a trámite por el Comisionado representaron un 88% del total, específicamente 666 reclamaciones. A nivel autonómico, las entidades dependientes de la administración pública generaron 183 reclamaciones, con el 70% concentrado en tres entidades principales.
En el ámbito insular, los cabildos y sus entidades relacionadas registraron 109 reclamaciones, con incrementos notables en Gran Canaria y Lanzarote, mientras que Tenerife mostró una disminución. El municipio de Fuencaliente encabezó las reclamaciones a nivel municipal, con 77 peticiones.
García valoró positivamente la transparencia de los cabildos y señaló que las entidades incumplidoras enfrentan obstáculos principalmente por la falta de personal. Además, anunció la presentación del borrador del plan estratégico 2025-2029 en otoño y la expectativa de avanzar en la ley del comisionado de transparencia antes de fin de año. García también destacó el buen momento de reconciliación y confianza hacia las instituciones, atribuyendo a los informes un efecto motivador para mejorar o igualar los estándares de transparencia.