El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde por unanimidad en el Pleno de este lunes a una proposición no de ley que reclama diversas actuaciones para garantizar la conservación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) 'Rías Occidentales y Duna de Oyambre'. Entre ellas, se incluye la redacción y tramitación urgente de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y de un Plan de Desarrollo Sostenible.
La propuesta, presentada por Vox, ha sido respaldada tras incorporar una enmienda de modificación del PP. El texto definitivo insta al Gobierno de Cantabria, en coordinación con el Ejecutivo central, a asegurar el cumplimiento de la normativa en cuestiones como la ocupación no autorizada —por acampada libre o pernocta—, así como a analizar la capacidad de carga turística del Parque Natural de Oyambre con el fin de implantar medidas para ordenar el número de plazas de aparcamiento y las áreas destinadas a autocaravanas.
Asimismo, se solicita poner en marcha campañas de educación y sensibilización ambiental dirigidas a residentes, turistas y empresas del sector, contando con la implicación de los ayuntamientos del entorno (San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Comillas, Udías y Val de San Vicente). También se plantea desarrollar un programa de seguimiento científico, en colaboración con universidades, centros de investigación y organizaciones ambientales, que permita evaluar cada año el estado de conservación de este Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
En paralelo, la iniciativa reclama garantizar el cumplimiento efectivo de las directivas de conservación de hábitats y especies, habilitar vías de financiación específicas —incluidos fondos europeos— para la restauración ecológica del LIC y reforzar con más personal y recursos económicos a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas, con el objetivo de asegurar la vigilancia y recuperación ecológica de humedales, sistemas dunares y estuarios.
El diputado de Vox Armando Blanco ha defendido esta PNL con la intención de "evitar que el Parque Natural de Oyambre muera de éxito", pero al mismo tiempo alejándose de "plantamientos integristas que asfixien la actividad socioeconómica tan necesaria para los vecinos".
Su propósito, ha explicado, es "evitar las conductas incívicas perjudiciales por parte de visitantes sin escrúpulos" —como vertidos ilegales— y atajar el problema del aparcamiento y el "caos" del turismo de autocaravanas, dado que, aunque son "pocos" los usuarios que incumplen las normas de convivencia, "el daño que hacen al resto del turismo y la degradación en la imagen que se proyecta es preocupante".
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo autonómico (PP) "dar un paso al frente" y elaborar sin demora un PRUG que fije con claridad las reglas del espacio protegido, despeje incertidumbres y facilite la planificación de proyectos futuros.
El PP ha incorporado su enmienda para respaldar la PNL, subrayando que la directiva ya "se cumple y supervisa" por parte del Gobierno regional.
Además, la diputada 'popular' Belén Ceballos ha recordado que el "problema de conservación" se arrastra desde hace "unos 40 años" según la plataforma Salvar Oyambre, y ha defendido que el actual Ejecutivo es quien está trabajando para "poner en marcha todos los espacios protegidos que otros habían dejado morir". "Este Gobierno no va a permitir que nuestros espacios caigan en el olvido ni en la degradación", ha asegurado.
PP y Vox han coincidido en la necesidad de "conjugar" las medidas de recuperación medioambiental con el desarrollo socioeconómico, con el fin de alcanzar un "equilibrio" entre la protección del enclave natural y la realidad económica de la zona.
PRC y PSOE, por su parte, han reprochado a ambos partidos que ahora se adhieran a esta iniciativa después de haber debatido hace menos de dos meses otra similar presentada por los regionalistas.
"Arrepentidos quiere el señor y eso es lo que se ve hoy en las filas de Vox", ha manifestado el diputado del PRC Pedro Hernando, que también ha hecho referencia al reciente decreto de autocaravanas aprobado por el Gobierno para censurar que estos vehículos "puedan estar en cualquier lado" o que las áreas habilitadas "ya no tienen limitación y se pueden extender durante kilómetros con todas las plazas que quieran".
Hernando ha aportado además la contestación a una pregunta parlamentaria en la que, según ha indicado, el Gobierno situaba el PRUG de Oyambre con una 'prioridad 3' y preveía tenerlo listo entre 2030 y 2032, lo que implica que no se aprobaría ni en esta legislatura ni en la siguiente. "¿Cómo puede decir que ustedes están súper preocupados?", ha replicado el regionalista a Ceballos.
En la misma línea crítica, el PSOE ha calificado de "perplejidad política absoluta" escuchar ahora al PP y a Vox "hablar de capacidad de carga turística, de regulación de accesos, de protección dunar o gestión sostenible", materias sobre las que, ha recordado, "votaban en contra" anteriormente.
"Bienvenidos, aunque lleguen tarde", ha señalado el diputado Pablo Zuloaga, recordando que cuando los socialistas alertaban de los efectos de la masificación turística en otros enclaves de Cantabria "que se llenan de botellones cada verano, como Somo y el estuario del Miera", se les exigía precisamente lo que este lunes se ha aprobado, y se interpretaba "como un ataque a la libertad o al desarrollo económico".
Caso de la cantera Laherrán en Arce
En otro punto del orden del día, también vinculado al ámbito ambiental, el PRC ha interrogado en el Pleno al consejero del ramo, Roberto Media, sobre el motivo por el que se mantiene la actividad de la empresa Laherrán en la localidad de Arce (Piélagos) sin disponer de la preceptiva declaración de impacto ambiental y pese a que los tribunales han ordenado su cierre "en todas las instancias".
Media ha señalado que esas resoluciones judiciales "no vienen de ahora" y que, por tanto, anteriores titulares de la Consejería "tampoco tomaron esa decisión". Además, ha precisado que la competencia en este asunto recae en la Dirección General de Industria y no en la de Medio Ambiente.
En relación con su departamento, ha detallado que el pasado mes de marzo se dio por concluida la evaluación de impacto ambiental del proyecto extractivo de esta empresa al no haber presentado la documentación requerida.
"Ahora será o bien el juzgado, o bien la Dirección General de Industria la que tendrá que actuar, porque no es una competencia de la Dirección General de Medio Ambiente que está bajo mi cargo", ha respondido el consejero a Pedro Hernando, quien ha denunciado que esta explotación "ha operado 76 años sin licencias ni autorizaciones".
"Ha habido precintos y se han denegado las autorizaciones ambientales, pero al final la cantera sigue abierta", ha criticado el regionalista, que ha expresado su preocupación por la sensación de que "hay una impunidad para quien incumple la ley" y "una connivencia con aquella empresa" que, ha remarcado, "no podemos permitir".