El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes a una reforma de la normativa autonómica de caza que simplifica la renovación de los cotos –108 en toda la región– y, además, a una modificación del decreto de la Reserva Regional de Caza Saja para suprimir la prohibición que impedía a los agentes del medio natural que son cazadores practicar esta actividad en la misma comarca donde desarrollan su labor profesional.
La iniciativa para retocar la Ley de Caza, impulsada mediante una proposición de ley del Grupo Popular, y la actualización del Decreto de la Reserva Saja han prosperado con el apoyo de los cuatro grupos con representación en la Cámara (PP, PRC, PSOE y Vox) y la única abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
Con el cambio en la ley autonómica se introduce un “procedimiento simplificado” para prorrogar los cotos durante otros diez años cuando no se produzcan modificaciones relevantes, como variaciones en la titularidad o en la superficie acotada.
El objetivo es que el trámite resulte “mucho más ágil” y se reduzca la carga burocrática “innecesaria”, según ha destacado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, María Jesús Susinos (PP).
Ha explicado que hasta ahora el proceso y la documentación requerida para la renovación eran prácticamente los mismos que para la creación de un nuevo coto, algo que “carece de sentido” cuando no se registran cambios sustanciales.
En su opinión, se trata de una modificación “de sentido común”. “Estamos aplicando el principio de proporcionalidad, porque no es lo mismo crear un coto que renovarlo cuando nada cambia”, ha defendido la consejera, que ha precisado que “esta reforma no elimina garantías ni reduce controles”.
El texto presentado inicialmente por el PP se ha ajustado con la incorporación de varias enmiendas consensuadas por los cuatro grupos parlamentarios.
A partir de estas enmiendas se fija, entre otros aspectos, que el expediente de constitución de un coto se someterá a un periodo de información pública y de audiencia a los propietarios afectados durante un plazo mínimo de 30 días naturales.
Asimismo, el anuncio de apertura del trámite de información pública deberá ser difundido por las entidades locales implicadas a todos los propietarios y publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), detallando la relación de terrenos y parcelas que se pretende incluir en el acotado.
Otra de las modificaciones reconoce el derecho de cualquier titular de una parcela integrada en el coto a pedir su exclusión en cualquier momento mientras dure la vigencia del mismo.
En cuanto a la reforma del Decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja, permite, según Susinos, eliminar una restricción “anacrónica y discriminatoria” que afectaba a los agentes del medio natural que también son cazadores.
Además, gracias a una enmienda acordada por todos los grupos, se introducen cambios en el artículo de la ley relativo a las condiciones específicas de las batidas de caza mayor, que deberán llevarse a cabo por cuadrillas de entre 25 y 40 cazadores y en las que no podrán intervenir más de 35 perros.
Los portavoces de las distintas formaciones han manifestado su respaldo a la reforma y han coincidido en la conveniencia de actualizar la regulación para hacerla más eficaz y suprimir trámites administrativos considerados superfluos.
Desde el PRC, el exconsejero del área, Guillermo Blanco, ha destacado que la enmienda suscrita por los cuatro grupos “subsana un error de planteamiento” del texto inicial del PP para modificar el decreto de la Reserva.
Y es que, “por error o por omisión”, la propuesta de los populares se “había comido cuatro puntos” del artículo y, entre otras consecuencias, “desaparecía de un plumazo” la posibilidad de hacer extracciones de lobo mediante la modalidad de rececho y en las batidas de jabalí”, un extremo que finalmente ha quedado corregido.
“Los cazadores somos legales, cumplimos la ley, no somos delincuentes”, ha remarcado Blanco, que ha pedido normas que “protejan a los cazadores de quienes nos atacan”. “Es una pequeña parte de la población pero nos atacan violentamente. Creo que modificando algunas normas podemos conseguirlo y lo podemos conseguir entre todos”, ha afirmado.
Debate sobre las listas de espera sanitarias
El resto de iniciativas abordadas en la sesión matutina no ha prosperado.
El Pleno ha rechazado una moción del PSOE que instaba al Gobierno regional a estudiar y negociar en la mesa sectorial la implantación de un sistema de turnos para el personal sanitario con el fin de atajar el problema de las listas de espera.
El diputado socialista Raúl Pesquera ha denunciado que “somos la comunidad con peores listas de espera de España” y ha reclamado “buscar soluciones”, “gestionar” la sanidad pública y no derivar a los pacientes a “hacerse pruebas a la privada”.
En la misma línea, la diputada del PRC Paula Fernández ha señalado que las demoras asistenciales en Cantabria constituyen “un problema grave” del sistema sanitario público y ha abogado por explorar nuevos modelos organizativos.
Por su parte, el parlamentario del PP Miguel Ángel Vargas ha defendido el plan actual de listas de espera y ha recalcado que “antes no hubo ninguna medida” por parte de los anteriores ejecutivos.
Sobre la huelga de médicos que se desarrolla una semana al mes para reclamar un Estatuto Marco propio, ha apuntado que se debe a la “culpa de los socialistas desde Madrid” que “no se sientan a negociar con los médicos”.
Mientras, Vox considera que la propuesta de establecer un sistema obligatorio de turnos de tarde “no es más que una trampa retorcida” y ha cuestionado “de dónde se va a sacar el personal para duplicar los turnos adicionales”.
Tramitación de voluntades previas
La Cámara cántabra también ha tumbado otra iniciativa del PSOE que pretendía instar al Ejecutivo autonómico a poner en marcha, de forma progresiva y planificada, un modelo que permitiera tramitar el documento de voluntades previas en los centros de salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS), garantizando la formación adecuada de los profesionales implicados.
Según los socialistas, en 2025 se formalizaron en Cantabria 1.811 documentos de voluntades previas. La mayoría optó por gestionarlos ante un empleado público, presencialmente y sin coste en la Consejería de Salud, un trámite que obliga a desplazarse a Santander y que, a su juicio, “genera una barrera” para las personas que viven lejos o tienen dificultades de movilidad.
Sin embargo, el PP ha defendido que la comunidad ya dispone de testamento vital y que “no es necesario desplazarse a Santander” porque en todos los municipios existe un registro a través de la “ventanilla única”.
Vox, por su parte, ha criticado que la propuesta busca “normalizar e implantar la denominada cultura de la muerte en nuestra comunidad autónoma”. Frente “a la eutanasia y a la cultura del descarte que promueven los impulsores de esta ley”, la formación ha reclamado una ley nacional de cuidados paliativos.
Propuesta sobre el gas radón
También ha sido rechazada, con los votos en contra de PP y PSOE y la abstención del PRC, una moción de Vox que planteaba crear un servicio de asesoría y medición gratuita del gas radón en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y reservar una partida en los presupuestos de 2027 para cofinanciar las obras necesarias en aquellos centros de trabajo que superen los 300 becquerelios por metro cúbico.
Vox ha defendido que su propuesta suponía una “oportunidad” para que el ICASST se convirtiera “en una unidad técnica de combate contra el cáncer laboral”. El resto de grupos, sin embargo, han pedido evitar el “alarmismo” y han recalcado que el instituto cántabro no dispone de “facultad técnica ni legal” para llevar a cabo las mediciones de este gas.