QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha comenzado a abordar las divergencias generadas por los primeros dos apartados de la disposición final novena de la Ley 4/2025 de Castilla-La Mancha, aprobada el 11 de julio, que trata sobre Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Estas discrepancias se centran en la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Con este objetivo, la Viceconsejería de Relaciones Institucionales ha establecido un Grupo de Trabajo, según consta en una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y citada por Europa Press. Este grupo propondrá a la Comisión Bilateral las soluciones pertinentes.
La controversia se origina en torno a la «vivienda dotacional pública», definida como aquella destinada al alquiler o cesión bajo condiciones de renta limitada para quienes enfrentan dificultades para acceder al mercado libre, construida en terrenos públicos clasificados para equipamientos. Estos terrenos pueden ser objeto de derechos como el de superficie o concesiones administrativas.
La ley excluye de su aplicación a los terrenos dotacionales privados y a los públicos destinados a zonas verdes o espacios libres. Además, las viviendas mencionadas no están sujetas a las exigencias dotacionales que sí aplican a otros tipos de uso según el artículo 31 de esta ley.
En cuanto al segundo apartado cuestionado por el Estado, se refiere a que cualquier modificación en los Planes debe seguir el mismo procedimiento que la aprobación original, excepto ciertas modificaciones permitidas en Planes Parciales y Especiales. Además, cambios de uso en parcelas dotacionales no se considerarán innovación en el planeamiento si cuentan con informes favorables, según la normativa vigente.
