QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Amenaza de huelga en la judicatura
La asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente ha anunciado este viernes que adoptará medidas de conflicto colectivo, entre ellas la huelga, si continúa la tramitación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal.
El acuerdo se ha tomado durante el XXI Congreso del Foro Judicial Independiente, celebrado esta semana en Albacete, y responde al malestar del colectivo con el Ministerio de Justicia.
Petición de dimisión del ministro de Justicia
El Foro ha pedido la dimisión del ministro Félix Bolaños al achacarle la responsabilidad de la ley que introduce los tribunales de instancia sin contar con la opinión de los jueces ni dotación presupuestaria, lo que, según denuncian, provocará un colapso judicial y por impulsar proyectos legislativos que, en su opinión, debilitan la independencia judicial y facilitan el control del Ministerio Fiscal por parte del Gobierno, “limitar en exceso” la acción popular y la libertad de expresión de los jueces.
El colectivo considera a Bolaños “responsable último” de la huelga de jueces y fiscales de los días 1, 2 y 3 de julio, la primera de varios días en la historia de ambas carreras.
Críticas a la reforma del Ministerio Fiscal
La asociación ha mostrado también su oposición al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que a su juicio refuerza la dependencia del Fiscal General del Estado sobre los futuros fiscales instructores.
En relación con los jueces sustitutos, rechaza que puedan acceder a la carrera judicial fuera de los cauces actuales de oposición libre o del cuarto turno.
Petición de un nuevo modelo para el CGPJ
El Foro Judicial Independiente ha reclamado una reforma inmediata de la LOPJ que garantice que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los jueces, conforme al modelo recomendado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
Asimismo, ha rechazado las declaraciones de responsables políticos que, en su opinión, “atacan la labor de los jueces por casos de corrupción” y contribuyen a “deslegitimar el poder judicial”.
“El poder judicial debe gozar de la confianza de la ciudadanía para ejercer su labor de contrapeso y garantizar los derechos y libertades individuales, esenciales para el funcionamiento de una democracia”, concluye la asociación.
