El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha tumbado, con la mayoría absoluta del PSOE, una Proposición no de Ley del Partido Popular que reclamaba más plazas educativas, de día y residenciales para alumnado y jóvenes con discapacidad grave, poniendo el foco en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Vox ha respaldado la iniciativa de los 'populares'.
La propuesta, debatida en el Parlamento autonómico, instaba al Ejecutivo regional a activar con urgencia una ampliación o flexibilización de la permanencia educativa del alumnado con necesidades educativas especiales del CPEE 'Pedro Solís' de Guadalajara que, al cumplir los 21 años, no disponga aún de un recurso alternativo adecuado. Se pedía articular la fórmula jurídica, educativa y presupuestaria más idónea para evitar vacíos de atención y asegurar la continuidad de los apoyos en el entorno conocido por alumnos y familias.
El PP planteaba además que el Gobierno castellanomanchego apruebe antes del próximo curso un plan específico de transición a la vida adulta en Guadalajara, que incluya un aumento inmediato de plazas de atención diurna y ocupacional para jóvenes con discapacidad grave. Entre las opciones, se contemplaba ampliar la capacidad del Cadig 'La Chopera' o habilitar un recurso equivalente que permita absorber la lista de espera actual y atender a los alumnos que terminan su etapa escolar este año.
Otra de las demandas 'populares' era elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un mapa regional de necesidades de plazas educativas, de día y residenciales para alumnado y jóvenes con discapacidad grave, con especial atención a Guadalajara y Cuenca. El objetivo sería corregir desequilibrios territoriales, anticipar la demanda futura y planificar los recursos necesarios en Albacete, Ciudad Real y en el conjunto de la comunidad autónoma.
Asimismo, se solicitaba al Gobierno de Emiliano García-Page impulsar la construcción de un nuevo centro o recurso especializado en la provincia de Guadalajara, o la ampliación estructural de los ya existentes, dotado del personal y servicios precisos. Con ello se pretende garantizar una respuesta estable a medio y largo plazo, aliviar la carga que soportan las familias y asegurar una atención continuada, especializada y centrada en la persona.
PP habla de “precipicio administrativo”
“Hoy venimos a hablar de jóvenes con una discapacidad grave, que llevan toda una vida sostenidos por profesionales, por rutinas, por tratamientos, por apoyos estables y que, al cumplir los 21 años se asoman a un precipicio administrativo”, ha denunciado el diputado regional del Partido Popular Ignacio Redondo.
Ha recordado que estos jóvenes pueden seguir en el centro hasta los 21 años, “pero la realidad es que cuando esta etapa termina”, muchos de ellos carecen de un recurso alternativo suficiente, inmediato y adecuado. Es en ese momento, ha advertido, cuando “aparece el gran cuello de botella”.
“El sistema acompaña hasta el último día de escolarización pero, desgraciadamente, no garantiza el día siguiente. Cuando más necesaria es la continuidad, aparece el vacío”, ha censurado el diputado del PP, que reprocha que “la Administración está dejando solas a las familias que llevan años sosteniendo cuidados permanentes, complejos y, además, agotadores”.
Según ha expuesto, cuando una persona con grandes necesidades de apoyo sale “de forma brusca del entorno” en el que ha sido atendida durante años, “no pierde solo una plaza”, sino que “pierde estabilidad, pierde rutinas, pierde terapias, pierde a un entorno que conoce su forma de comunicarse, sus tiempos, sus apoyos, sus necesidades sanitarias, su conducta adaptativa, lo que afecta a su bienestar, a su salud, a su desarrollo y a su inclusión, pero también afecta y de manera brutal a sus familias”.
“Sabemos que la necesidad no desaparece a los 21 años. Lo que desaparece es la cobertura, y esa es la gran injusticia que hoy venimos aquí a denunciar, y que queremos poner una solución, una solución consensuada y una solución entre todos”.
Vox denuncia “enormes carencias”
En nombre de Vox ha intervenido el diputado Iván Sánchez, quien ha afirmado que “hoy hablamos de algo mucho más importante y de algo mucho más, no solamente de una cifra, no hablamos de un presupuesto, no hablamos de una propuesta simple, hablamos de familias”, que “cada día viven con angustia, porque no saben si sus hijos van a tener o no una plaza adecuada”.
“Hablamos de personas dependientes, de personas que necesitan una atención especializada, de familias que están agotadas física, psicológica y económicamente, porque muchas veces sienten que la Administración regional les deja completamente de lado”.
Ha asegurado que en Castilla-La Mancha “seguimos teniendo enormes carencias en plazas educativas, en centros ocupacionales, en atención residencial y en recursos para grandes dependientes” y que “la realidad también es que Guadalajara continúa siendo de las provincias más abandonadas por parte de la Junta”.
Según ha relatado, “hay padres que recorren decenas de kilómetros cada día porque no encuentran una plaza cerca de su casa. Hay familias que viven pendientes para saber si su hijo podrá o no acceder a un centro adecuado. Hay madres que han tenido que dejar de trabajar para cuidar de sus hijos porque la administración no llega. Hay abuelos que están sosteniendo económicamente hogares porque las ayudas o son insuficientes o llegan tarde”.
“Hablan mucho de inclusión”, ha reprochado al Gobierno de Emiliano García-Page, “pero incluir no es ir a hacerse una foto”. “Incluir significa garantizar los recursos, garantizar profesionales, garantizar plazas, garantizar dignidad. Y hoy muchas familias sienten justamente lo contrario, sienten abandono”.
PSOE defiende un gobierno “con alma”
Por el PSOE ha intervenido Juan Antonio Contreras, que ha arremetido contra el PP, al que ha acusado de, “cuando se recortaba”, mirar “para otro lado”. “Yo no sé si levantó la voz en aquel instante”. “Esa humanidad y esa justicia” de la que habla ahora el PP --ha subrayado el socialista, “tienen que ser siempre”.
En este punto ha reivindicado la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha en este ámbito, un ejecutivo “con alma” que ha puesto en marcha distintas normas, entre ellas una ley de protección y apoyo garantizado.
Esta ley, ha explicado, asegura que cuando falte algún familiar y existan necesidades, la Administración asumirá su atención a través de fundaciones tutelares, de sus recursos y de otros servicios que se prestan en toda Castilla-La Mancha.
Ha reconocido que “hace falta hacer mucho más” y ampliar los recursos, algo que, ha defendido, el Gobierno regional viene impulsando en estos años de mandato.
“En estos momentos tenemos la mayor inversión en políticas de discapacidad en estos 11 años”, ha remarcado el diputado socialista, que ha detallado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con una red de más de 383 recursos. “No podemos decir que no se está haciendo nada”, ha reprochado al PP.
“Sabemos que tenemos que seguir trabajando en la línea que se está trabajando, porque este Gobierno con alma ha puesto las políticas de materia de discapacidad en la agenda”, ha insistido Contreras, quien ha añadido que la red de centros de atención a discapacidades intelectuales graves “se ha ido ampliando”.