QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Por primera vez, la Junta de Castilla y León se ve obligada a aceptar la devolución de su proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad, decisión que se ha tomado este martes después del análisis realizado por la Letrada Mayor, a solicitud de los grupos de la oposición.
La Letrada Mayor, Laura Seseña, ha señalado que no es posible iniciar el procedimiento legislativo ni procesar el proyecto de Ley de presupuestos por dos motivos principales: la falta de aprobación previa del techo de gasto no financiero para 2026, que se votará mañana miércoles, y la no aprobación por parte de la Mesa de las Cortes de la Sección 20.
Además, el informe comienza explicando que el proyecto de presupuestos de la Comunidad se ha registrado fuera del plazo establecido, el 15 de octubre, contraviniendo lo estipulado en el Estatuto de Autonomía, que marca como fecha límite el día anterior.
Este informe ha sido crucial para detener la tramitación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad, que ahora será devuelto al Ejecutivo tras haber recibido el apoyo de PSOE y Vox a los argumentos legales presentados, favoreciendo la decisión de no admitirlo.
En su informe, Laura Seseña articula jurídicamente tres premisas que finalmente han obstaculizado la tramitación de las cuentas registradas el pasado 15 de octubre en las Cortes. El registro tardío del proyecto de ley ha sido el primer argumento utilizado por la letrada, quien recalca que las cuentas llegaron al Parlamento “un día después” del límite establecido en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
El segundo argumento de Seseña es la imposibilidad de tramitar unas cuentas registradas antes de haber debatido y votado en la Cámara el techo de gasto para 2026. Así, recuerda que este límite de gasto no financiero fue presentado por el Ejecutivo en el registro de la cámara el 10 de octubre y se debatirá y votará en el Pleno que comienza este martes, con una prevista abstención del PSOE.
Finalmente, el último punto destacado por la Letrada se centra en que las cuentas presentadas por la Junta no incluyen un presupuesto para las Cortes y las instituciones propias aprobado previamente por la propia Mesa de la Cámara en virtud de su autonomía financiera, la Sección 20. En su informe, Seseña insiste en que es la Mesa la que debe aprobar inicialmente el presupuesto de las Cortes y de las Instituciones Propias para ser incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para su tramitación, un requisito que se ha incumplido en esta ocasión.
A su vez, el informe detalla que este incumplimiento afecta a varios preceptos legales, incluyendo el Reglamento de las Cortes, la Ley del Consejo Económico y Social, la del Procurador del Común, la del Consejo Consultivo, la del de Cuentas y el Estatuto de Autonomía y el artículo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, donde se reconoce el principio de autonomía presupuestaria de las Cortes de Castilla y León.
