La XI Legislatura se cierra con un balance de 22 leyes aprobadas en las Cortes autonómicas: ocho proceden de iniciativas de los grupos parlamentarios, fundamentalmente PP y Vox, y catorce han sido promovidas por el Gobierno de Castilla y León, que ha logrado la aprobación de ocho proyectos de ley y la convalidación de seis decretos leyes.
La última norma impulsada por la Junta que salió adelante en el Parlamento fue la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobada el 14 de junio de 2024, cuando Vox seguía integrado en el Ejecutivo de coalición. Esta ley sólo contó con el respaldo de PP y Vox, mientras que todos los grupos de la oposición votaron en contra.
Entre los ocho proyectos de ley de la Junta destacan los dos presupuestos autonómicos de la legislatura. El de 2024 fue aprobado el 30 de abril de ese año, junto con la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas. El presupuesto de 2023 se convalidó el 23 de diciembre de 2022, aunque sin su correspondiente ley de medidas, debido a un error en la aceptación de enmiendas parciales del PSOE.
La ley de Medidas Tributarias que daba soporte a las cuentas de 2023 acabó aprobándose finalmente en febrero de 2023, pero no como proyecto del Ejecutivo, sino mediante una proposición de ley (PPL) registrada por los grupos Popular y Vox.
En este periodo también han visto la luz la Ley reguladora del modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración; la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad; la reforma de la Ley reguladora del Juego y de las Apuestas y la norma de rebajas tributarias en la Comunidad, primera gran ley fiscal del Gobierno de PP y Vox, votada el 30 de noviembre de 2022.
Además, la Junta ha logrado la convalidación de seis decretos leyes. Tres de ellos, aprobados en 2023, regulan el sistema interno de información de la Administración autonómica, fijan la jornada laboral de los empleados públicos y establecen “Medidas Urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales”.
Los otros tres decretos leyes se validaron al comienzo del mandato, aún con Vox como socio de gobierno, y se centraron en medidas urgentes para agilizar la gestión de los fondos europeos y favorecer la actividad económica; en cambios en la regulación de la prestación económica ante situaciones de deuda hipotecaria, y en nuevas medidas para acelerar de nuevo la tramitación de los fondos europeos.
Brote final de la legislatura con una ley unánime
Las restantes leyes aprobadas en esta XI Legislatura han tenido su origen en los grupos parlamentarios. La última fue la de “Medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León”, una PPL presentada por PP y Vox en mayo de 2024, cuando todavía compartían Ejecutivo, y que se aprobó en el último pleno con el apoyo unánime de la Cámara.
PP y Vox también lograron sacar adelante en septiembre de 2024 una proposición de ley conjunta para “blindar” los servicios básicos en Castilla y León y, dos meses antes, la PPL de Sanidad Animal. A ello se suma la reforma de la ley que regula el procedimiento de designación de los senadores de representación autonómica, primera iniciativa registrada por ambos socios de gobierno y votada el 26 de octubre de 2022.
Los dos partidos que sostenían el Ejecutivo de coalición promovieron conjuntamente la PPL de Medidas Tributarias de 2023 para corregir el error cometido en la votación del proyecto de ley remitido por la Junta, así como la PPL de bonificaciones fiscales de tasas veterinarias, cuyas reducciones se han prorrogado para los ejercicios 2026 y 2027 mediante otra PPL presentada ya en solitario por el Grupo Popular.
Entre las normas aprobadas en este periodo figura también la reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, impulsada por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández. Esta modificación salió adelante con el voto en contra del PP y con el reconocimiento por parte de sus promotores de “fallos” que se deben “remediar”.
Leyes que no llegaron a ver la luz
Según los datos del Parlamento autonómico, han quedado sin culminar dos proyectos de ley del Ejecutivo: el de coordinación de policías locales en Castilla y León y el de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales.
A ello se suma la retirada de última hora del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, que la Junta decidió apartar de la tramitación semanas después de la caída del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, tumbado tras prosperar la enmienda a la totalidad, así como de los dos decretos de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y de medidas urgentes en materia de incendios relativas al personal.
En el apartado de iniciativas de los grupos, han quedado pendientes la PPL de modificación de la Ley Agraria y la de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en la Comunidad Autónoma, ambas del Grupo Socialista; la PPL de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales, registrada por Vox; y las PPL de Medidas contra la Despoblación y del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma, impulsadas por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!.
También han decaído dos proposiciones de ley registradas conjuntamente por Popular y Vox antes de la salida de estos últimos del Gobierno autonómico: la reforma de la Ley del Ruido y la modificación de la ley de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Tres rechazos a la ley de derechos al final de la vida
Entre los episodios más singulares de la legislatura figura el rechazo, en tres ocasiones distintas, de otras tantas proposiciones de ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida. La primera fue presentada por Francisco Igea, la segunda por el Grupo Socialista y la tercera por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández.
Además, el Grupo Popular votó en contra, en el debate de toma en consideración, de la PPL de Concordia que había registrado junto a Vox cuando ambos partidos aún compartían gobierno. La votación tuvo lugar dos meses después de la salida de los de Santiago Abascal del Ejecutivo, lo que dejó al PP en minoría en la Cámara.
En cuanto a las declaraciones institucionales, en estos cuatro años se han aprobado cinco textos, la mayoría vinculados a tragedias y desastres naturales. La más reciente se leyó el 8 de abril de 2025 para trasladar el pésame por los cinco mineros leoneses fallecidos el 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Asturias.
Las Cortes también han mostrado una posición conjunta en defensa de los derechos de la infancia a través de dos declaraciones institucionales, leídas el 19 de noviembre de 2024 y el 21 de noviembre de 2023, con motivo del Día Mundial de la Infancia. Asimismo, se aprobaron textos por la DANA que afectó a España, por el terremoto de Marruecos de septiembre de 2023 y por el ciclón Daniel, que devastó la costa de Libia.
De acuerdo con los datos del Parlamento autonómico, durante la XI Legislatura se han solicitado y rechazado cuatro comisiones de investigación, se han celebrado tres debates de política general y se ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el sindicato CSIF para que haya un enfermero en cada colegio.
En el plano de control al Ejecutivo, se han formulado 915 preguntas orales en pleno, 302 en comisión y 3.903 preguntas por escrito, además de 110 interpelaciones. La Cámara ha aprobado 587 proposiciones no de ley (PNL) y 33 mociones. Han quedado pendientes 111 solicitudes de comparecencia y se han celebrado 134.