Las agrupaciones y entidades que componen la Plataforma LGTBIQA+ en Castilla y León han reclamado “avances reales” para la “aprobación urgente” de una ley autonómica que ampare los derechos del colectivo. Tras dialogar con la Gerencia de Servicios Sociales y la Portavocía del PP, han denunciado la continuación de “las excusas” que impiden la aprobación de dicha legislación.
“Necesitamos una ley que no solo reconozca nuestras existencias, sino que proteja nuestras vidas. Castilla y León merece avanzar, no retroceder. Es el momento de actuar, no de seguir aplazando nuestros derechos”, han declarado enfáticamente.
Desde la Plataforma han recordado que llevan esperando más de doce años y tres legislaturas para aprobar una ley autonómica que asegure la igualdad y protección efectiva del colectivo LGTBIQA+. Destacan que 15 comunidades autónomas ya disponen de leyes específicas sobre diversidad sexual y de género, “algunas desde hace más de una década”.
Asimismo, han expresado su preocupación por el “preocupante vacío legal” en Castilla y León, que deja a más de 160.000 personas LGTBIQA+ de la comunidad “sin mecanismos efectivos de protección frente a la discriminación y la violencia”.
“La situación actual es insostenible, mientras aumentan las agresiones, los discursos de odio y el negacionismo de nuestras realidades, Castilla y León sigue sin un marco legal que nos ampare”, han criticado, calificando la ley no como una opción política, sino como “una obligación democrática y una cuestión de derechos humanos”.
En el último año, la Plataforma documentó más de 90 incidentes de LGTBIfobia, incluyendo agresiones físicas, acoso escolar, discursos de odio en redes y discriminación en el ámbito sanitario y laboral. “Tan solo en la provincia de Valladolid se registraron 27 casos, seguida de León con 18, Salamanca con 14 y Burgos con 11”, han reportado. Además, resaltan que el 70 por ciento de las víctimas no denuncia por miedo, desconfianza institucional o falta de recursos especializados y que solo un 15 por ciento de los centros educativos en la Comunidad ha implementado protocolos específicos de diversidad sexual y de género, “pese a las recomendaciones del Ministerio de Educación”.















