QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, ha defendido en el Pleno de las Cortes una iniciativa, que finalmente ha sido aprobada con el apoyo de Vox, UPL-Soria ¡Ya!, Por Ávila y Francisco Igea, con el fin de reclamar al Gobierno que retire la reforma de la Ley de Eficiencia Judicial, denominada ‘Ley Bolaños’, que, a su juicio, avanza «hacia una justicia al servicio del poder», al tiempo que ha reclamado «independencia».
Gavilanes ha presentado en el Parlamento esta Proposición No de Ley (PNL) a través de la que ha denunciado el «uso» por parte del Gobierno central de su respaldo parlamentario, «no para fortalecer las instituciones del Estado», sino para «intentar someterlas a su control político», y ha advertido de que la reforma de la Ley de Justicia «pretende debilitar la independencia judicial y avanzar hacia una justicia al servicio del poder».
Durante su intervención, Gavilanes ha subrayado que la iniciativa del Gobierno «no responde a una demanda social ni a un diagnóstico técnico del Consejo General del Poder Judicial», sino a «intereses partidistas» del presidente Pedro Sánchez y sus socios.
En este sentido, el portavoz ‘popular’ ha recordado que la independencia judicial es un principio básico del Estado de Derecho recogido en la Constitución, y ha criticado que el Gobierno prefiera «imponer reformas de dudosa constitucionalidad, redactadas con prisas y con fines partidistas» en lugar de buscar consensos amplios.
Con esta PNL, Gavilanes ha exigido la retirada de la propuesta y ha reclamado «diálogo y lealtad» institucional, al tiempo que ha recordado que asociaciones de jueces y fiscales han manifestado públicamente su preocupación por lo que consideran un «ataque a la independencia» del Poder Judicial.
El portavoz del PP ha concluido que «la independencia de los jueces no es negociable» y que el Parlamento autonómico «no puede mirar hacia otro lado cuando el Estado de Derecho se tambalea», defendiendo la separación de poderes y el respeto al marco constitucional como garantías para la democracia en España.
Por su parte, el procurador de Vox Carlos Menéndez ha expresado el apoyo de su grupo a jueces y fiscales ante lo que ha calificado como un intento de «control político» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Menéndez ha denunciado en el Pleno que «España necesita más que nunca jueces libres e independientes» y ha advertido de que las reformas anunciadas por el Ejecutivo central suponen un «gravísimo peligro» para la separación de poderes, al facilitar el «control gubernamental» sobre la justicia mediante nombramientos «discrecionales».
Durante su intervención, Menéndez ha acusado tanto al PSOE como al PP de repartirse la justicia y «mercadear» con las instituciones durante las últimas décadas, un punto en el que ha considerado que el «bipartidismo» ha favorecido la politización del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
Durante su intervención Menéndez ha anunciado la presentación de dos enmiendas a la propuesta del PP, una para solicitar la paralización de la reforma judicial y para exigir que los jueces sean elegidos entre ellos y no por políticos, y ha reclamado que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta y al Gobierno central a «cesar el asalto a la justicia» y a garantizar la independencia judicial.
No obstante, la procuradora del PSOE, Patricia Gómez Urbán, ha manifestado su rechazo a la PNL del PP, y ha explicado que la denominada ‘Ley Bolaños’ pretende adaptar el sistema de acceso a la judicatura al siglo XXI, al pasar de un modelo «memorístico» a uno basado en pruebas escritas y prácticas, con exámenes anónimos para «garantizar la objetividad».
La socialista ha destacado la introducción de un sistema de becas para universalizar el acceso a la carrera judicial, con lo que se permite que jóvenes de cualquier origen social puedan opositar, y ha defendido que esta reforma supone un avance en «igualdad de oportunidades».
La portavoz socialista ha rechazado la idea de que la reforma suponga una «amenaza» para la independencia judicial y ha aprovechado para recordar que no todas las asociaciones están en contra de la norma, un punto en el que ha citado a Jueces para la Democracia, quienes considera que «el Estado de Derecho no está en peligro».
De este modo, Gómez Urbán ha defendido que la reforma busca profesionalizar el acceso y evitar situaciones de falta de control en la designación de jueces y ha acusado al PP de centrarse en la «corrupción» y de no estar legitimados para dar lecciones en esta materia.
Para la portavoz socialista la reforma persigue limitar el acceso por el llamado «cuarto turno» y garantizar que los jueces y fiscales sean profesionales formados, al tiempo que ha defendido defendiendo la necesidad de una justicia «más accesible, moderna y adaptada a las necesidades sociales», y ha reiterado el compromiso socialista con la «igualdad y la transparencia» en el acceso a la función pública judicial.
Del mismo modo se ha mostrado en contra de la iniciativa ‘popular’ el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ha tildado al PP de «hipócrita» por hablar de «separación de poderes». «Si Montesquieu levantara la cabeza, les corría a ustedes a gorrazos e inmediatamente volvería a fallecer», ha señalado, al tiempo que ha criticado al PP por «parasitar» las instituciones y por «instrumentalizar» el poder judicial.
De este modo, ha asegurado que la verdadera oposición al Gobierno central no es el presidente del PP, Alberto Núñez Fiejóo, a quien ha llamado «inepto, incapaz e inútil», sino que la «lideran» los jueces. «La oposición la lideran fachas con toga y la lideran auténticos ultras fascistas, que son muy afines al PP», ha zanjado.
