QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Congreso debatirá la propuesta legislativa que, según Junts, fue acordada con el Gobierno para exigir a las empresas con más de 250 trabajadores y una facturación superior a 50 millones de euros, o aquellas que ofrezcan servicios de interés general, que proporcionen atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, sin importar su ubicación.
En la sesión del 23 de septiembre, se convocará a la ponencia responsable de revisar esta normativa, integrada por representantes de varios grupos parlamentarios. Esta reunión se llevará a cabo a puerta cerrada para organizar las enmiendas presentadas y comenzar a incorporarlas en el texto.
La reunión de la Comisión de Derechos Sociales tendrá lugar justo una semana después de que se cancelara un primer encuentro y tras el anuncio de Junts que ha causado descontento en el sector empresarial y críticas de partidos como el PP y Vox.
CONSUMO DICE QUE LA INTENCIÓN NO ES ESA
Tras la declaración de Junts, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, aclaró que aún se está negociando la medida y que el objetivo del Gobierno es asegurar que las reclamaciones se atiendan en catalán, gallego o euskera en las regiones donde estas lenguas son oficiales, aunque la empresa opere a nivel nacional. Además, remarcó que esta regulación solo aplicará a las grandes corporaciones y no a pequeños negocios como ‘una ferretería’.
Por lo tanto, la ponencia se reunirá para evaluar las 234 enmiendas registradas y no descarta la necesidad de una nueva sesión antes de pasar el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales.
Entre las propuestas de enmienda de Junts, se destaca una que busca modificar la exposición de motivos para aclarar que las empresas deberán responder a consultas, quejas, reclamaciones e incidencias ‘en la misma lengua en la que se realizaron estas’. El partido de Carles Puigdemont afirma que esta medida impactará a sectores como el eléctrico, de gas, agua, telecomunicaciones, aeronáutico, ferroviario, autobuses, servicios postales, financieros, aseguradoras, entre otros.
Las enmiendas también incluyen la obligación de formar en catalán a los empleados de atención al cliente, y las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente deberán adaptarse a la lengua solicitada por este último.
Además, la nueva ley buscará garantizar atención personal en lugar de automática, limitar el tiempo de espera para reclamaciones a 3 minutos, prohibir el ‘spam’ telefónico, y asegurar transparencia en la renovación de servicios y suscripciones online, así como en la gestión de reseñas y precios en la venta online.
